A 20 años del siniestro en la mina número 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, los avances se han traducido en la recuperación de 25 de los 65 mineros que murieron enterrados luego de producirse una explosión, ante lo cual, los familiares exigen agilizar el rescate y que no haya impunidad en el caso.
En un comunicado, la Organización Familia Pasta de Conchos señaló que, para las familias, estas acciones representan “un triunfo frente a la indolencia institucional y la impunidad empresarial, que confirma que siempre tuvimos razón al sostener que el rescate era posible y, por ende, el mismo debe continuar hasta que todos regresen a casa”.
Los esfuerzos del Plan Integral de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos -iniciado hace seis años- habían conseguido para esta fecha de 2025 la recuperación de los restos de 12 mineros. Un año después, se recuperaron 13 más. Los familiares expresaron que con esto “la esperanza de recuperar a nuestros seres queridos ya ha comenzado a florecer”.
Pero la exigencia que plasmaron en el documento es la misma: continuidad en el rescate, con la garantía de que los trabajadores tengan condiciones de seguridad para realizar las acciones pertinentes y conseguir todos los cuerpos. “quien entra al área siniestrada, quien baja todos los días, quien arriesga su vida, son nuestros mineros, siguen siendo nuestros mineros y de ellos nadie habla, no se nombran siquiera”, señalaba Elvira Martínez, integrante de la Organización, en un evento hace un año.
El oficio también precisó la necesidad de romper con el ciclo de impunidad sobre la empresa Industrial Minera México SA de CV, propiedad de Grupo México, conglomerado de Germán Larrea, segunda persona más rica del país; y atender la precariedad laboral que todavía experimenta la región carbonífera de Coahuila, así como medidas de no repetición.
No solo se trata de un procedimiento técnico para lograr la recuperación de los mineros, “sino de un acto de justicia que debe acompañarse del esclarecimiento de la verdad de lo que ocurrió en la mina, necesario para cerrar una herida que el Estado mexicano ha mantenido abierta”.
Y acusaron: “se necesitaron todos estos años para que la voluntad política reiniciara estas labores, mientras mantuvimos nuestra resistencia contra el poder empresarial, el abandono oficial y una espera injustificable que evidencia cómo el sistema protegió los intereses corporativos por encima de los derechos y la dignidad humana”.
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