López Obrador confirmó la salida de los agentes de Estados Unidos con presencia ilegal en México. Se trata de elementos de 14 agencias de cuatro Departamentos de Estado de ese país. Entre ellas, la DEA, CIA, OFAC, ICE, ATF y FBI. Desde 2006, Calderón les había permitido, por encima de la Constitución y las leyes mexicanas, operar incluso armados y por su cuenta. Hoy el presidente López Obrador cuestionó su desempeño y confirmó que su gobierno les ha echado.

México rechaza cualquier “intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo”, declaró este lunes 17 el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Especificó que habrá cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad pero nunca más una subordinación como la registrada en los sexenios de Felipe Calderón o Vicente Fox. Confirmó que su gobierno no autoriza la presencia de agentes estadunidenses en el territorio mexicano.

Aseguró que su gobierno continuará cooperando con el de Joseph Biden para frenar el trasiego de drogas, específicamente fentanilo, dada la crisis sanitaria que padece ese país. “Pero que no se malinterprete: ya no es el tiempo de Calderón, que se definían los programas en Estados Unidos, y México se sumaba y éramos como los policías del gobierno de Estados Unidos, y se aplicaban los programas que, por cierto, nunca funcionaron de la ‘guerra’ contra el narcotráfico: que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso… No, ya no”.

El titular del Poder Ejecutivo mexicano abundó en que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos decidirá sobre lo que deben hacer Secretarías como la de Marina (Semar) o de la Defensa Nacional (Sedena). “Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano”.

Tajante, aseveró: “No puede haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”.

Como en su momento documentó Contralínea, fueron 14 agencias de seguridad de Estados Unidos con presencia en México durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las actividades que sus efectivos realizaban en territorio nacional se mantuvieron ocultas incluso para las autoridades mexicanas. Tal condición incluso quedó manifiesta en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados en 2020. Tal normativa prohíbe expresamente la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

De las 14 agencias estadunidense que mantuvieron ilegalmente efectivos en México, siete están adscritas al Departamento de Justicia, cinco al Departamento de Seguridad Interna, una al Departamento del Tesoro y la otra a la Dirección de Inteligencia Nacional. Todas, entidades de la administración federal de Estados Unidos.

La actuación de agencias estadunidenses en México es de larga data, aunque siempre con algún tipo de coordinación con el gobierno mexicano. Quedaron fuera de control en el sexenio de Carlos Salinas y llegaron a la cumbre del cinismo durante el sexenio de Felipe Calderón. Este último sometió todo el Estado mexicano a las agencias de Estados Unidos. Fue la moneda de cambio que el gobierno de George W Bush le exigió por haber validado el proceso electoral fraudulento de 2006.

Contralínea obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, la lista de las agencias estadunidenses con efectivos en México.

Las adscritas al Departamento de Justicia de Estados Unidos con “misiones” en territorio mexicano hasta 2020 fueron: la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI); la agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales (Office of International Affairs, OIA); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training, OPDAT), y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).

Con respecto del Departamento de Seguridad Interior, las agencias que tuvieron presencia en México durante el calderonismo y el peñismo fueron: la Agregaduría Legal; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio Secreto (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).

La agencia dependiente del Departamento del Tesoro con efectivos en México fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Finalmente, la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), que depende de la Dirección de Inteligencia Nacional.

Una de las misiones que estos agentes extranjeros llevaron a cabo en México, reconoció la SRE al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue la de “planear y conducir operaciones estratégicas y/o tácticas para combatir al narcotráfico, la farmacodependencia y el crimen organizado en territorio mexicano”.

La exposición de motivos para regular las actividades de los agentes extranjeros en México de 2020 dio cuenta de otras actividades, la cuales ahora les están expresamente prohibidas: cohecho, privación ilegal de la libertad de las personas, allanamiento de la propiedad privada y sustracción de habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado.

El actual gobierno mexicano se propuso regularizar y delimitar las actividades de los estadunidenses en el territorio nacional. Sabida y probada es la larga estela de golpes de Estado, asesinatos políticos, desestabilización y chantaje de estas agencias contra los gobiernos que considera adversarios, hostiles o simplemente contrarios a sus intereses.

Baste señalar algunos papeles de la CIA en América Latina: el intento de invadir Cuba para acabar con su Revolución (Playa Girón, 1961); la invasión a Guatemala (1954) para derrocar a Jacobo Arbenz; el derrocamiento de Salvador Allende en Chile (1973) para instaurar la dictadura de Augusto Pinochet, o el apoyo a la “contra” en Nicaragua para derrocar al Sandinismo (1979-1983).

Hoy el gobierno de Joseph Biden se enfrenta a duras presiones por la crisis sanitaria ocasionada por el consumo de fentanilo en Estados Unidos. En tempranas campañas electorales, tanto demócratas como republicanos demandan profundizar su “guerra contra las drogas” y “contra el terrorismo”. Por ello, han vuelto sus baterías contra México.

En ese sentido la administración de López Obrador ha considerado asunto de seguridad nacional limitar de una vez por todas las actividades de estas poderosas agencias en el país que, obviamente, no defienden los intereses mexicanos.

Este lunes 17, de nueva cuenta López Obrador criticó el desempeño de estas agencias. Recordó que no sólo se coordinaban con Genaro García Luna mientras fue funcionario en los sexenios panistas. Como se recordará, el “superpolicía” fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el gobierno de Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública bajo el de Felipe Calderón.

“Cómo vamos nosotros a aceptar las mismas reglas, las mismas condiciones, después de lo de García Luna. ¿Qué no lo premiaron a García Luna allá? Estaban contentísimos con él y miren lo que resultó”, expuso López Obrador.

Advirtió que México se inconformará ante Estados Unidos en caso de que se confirme que agentes de ese país siguen actuando ilegalmente en México. Agregó que con campañas en medios para que se acepte su presencia en territorio mexicano “no van a lograr nada”.

Aclaró que “en su momento se va a hablar de cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo” entre México y Estados Unidos.

“Pero ya no es el mismo tiempo de antes. Ya lo he dicho aquí: en el gobierno de Felipe Calderón se metieron hasta la cocina en el país, se les permitió […] y pues llegó el momento en que no era cooperación, sino que era subordinación […]. Entonces eso no.”

Incluso, el presidente de México dijo que el propio gobierno de Estados Unidos no debería “confiar ciegamente” en elementos de la DEA, cuando está demostrado que muchos de ellos “mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada”. Ejemplificó con un jefe de la DEA en México, descubierto en relaciones con representantes de los cárteles de la droga, “y de repente lo quitaron y no se supo más”.

Se trata de Nicholas Palmeri, quien fue cesado de la DEA en marzo de 2022, acusado “de uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados”. No sólo se regaló viajes y lujos sino que mantuvo tratos con representantes de líderes del narcotráfico en México.