Existe un problema crónico de abusos contra los derechos humanos en el seno de las fuerzas de seguridad fronterizas del gobierno de Estados Unidos, en agravio de migrantes que cruzan la frontera norte de México, documenta el informe Abusos en la frontera entre EEUU y México: cómo mejorar las fallas y proteger los derechos, de WOLA y la KBI

A diario, decenas de migrantes en la frontera México-Estados Unidos padecen crueldad y victimización; violencia durante las detenciones; uso de lenguaje abusivo; negación de alimentos o atención médica; separaciones familiares, robo de documentos y objetos de valor; deportaciones peligrosas; elaboración de perfiles raciales; falsificación de documentación migratoria e incluso algunos pierden la vida a manos de funcionarios estadunidenses, denuncia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

La organización cuenta con una base de datos que documenta unos 400 casos de abusos –muchos de ellos severos– recopilados desde 2020, donde registra violencia contra los indocumentados y algunas muertes. Al respecto, la organización señala que el personal de la Oficina de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza recurre habitualmente a la violencia física, incluso contra mujeres e infantes, sin justificación de defensa propia. Intimidan de manera frecuente a las personas migrantes con un lenguaje abusivo, incluso racista o sexista. La lista de agravios es larga.

“Deportan y expulsan a personas al saber que se encuentran en condiciones peligrosas, separan a familias, confiscan documentos importantes y pertenencias valiosas, niegan el acceso a comida, agua y asistencia médica, falsifican documentos, realizan perfiles raciales, acosan sexualmente a las personas migrantes. Violan la privacidad y las libertades civiles, y defienden opiniones politizadas e insubordinadas”, advierte.

A estos trabajos se suma el acompañamiento a víctimas migrantes de la Iniciativa Kino para la Frontera (KBI, en inglés). Ésta atiende a los indocumentados que vienen de la custodia de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), en su albergue en Nogales, Sonora. La KBI es testigo de cómo las denuncias contra abusos quedan impunes.

La Iniciativa KBI también ha documentado miles de casos de abusos narrados por personas migrantes que se han refugiado en su albergue, a menudo graves, y ha generado cientos de denuncias formales desde 2015 en un esfuerzo por mejorar la rendición de cuentas.

Por ello, las organizaciones consideran que la CBP –considerada la mayor agencia civil de seguridad del gobierno de Estados Unidos– tiene un problema persistente de violaciones a los derechos humanos. Y aunque indican que algunos funcionarios y agentes de la Patrulla Fronteriza sí tratan de seguir las mejores prácticas, la frecuencia y la gravedad de las denuncias de abuso indican que un número considerable de oficiales y agentes no cumplen ese estándar.

Además, el historial sugiere que las investigaciones son incompletas y tienen fallas, mientras que los procedimientos disciplinarios existentes no son lo suficientemente contundentes como para cambiar su comportamiento. En su informe Abusos en la frontera entre EEUU y México: cómo mejorar las fallas y proteger los derechos, las organizaciones ofrecen ejemplos de violencia, comportamientos insubordinados de las fuerzas de seguridad estadunidenses desde el año 2020. Algunos de los casos graves conllevan el uso indebido de la fuerza o incluso pérdida de vidas.

Respecto de las investigaciones oficiales sobre los casos más graves, WOLA y  KBI indican que comienzan por iniciativa de los investigadores del gobierno estadunidense, especialmente si el lugar de los abusos es la escena de un crimen. Pero la mayoría se da por presiones de actores externos. Por ello, apuntan que sin la iniciativa de terceros, la mayoría de los casos nunca se investigarían. Para una víctima o un defensor que desee presentar una denuncia y obtener alguna reparación, el proceso de rendición de cuentas es desconcertante, opaco y lento, consideran.

Actualmente, los esfuerzos externos para exigir responsabilidades por los abusos contra migrantes deben pasar por un sistema que se ha ido improvisando en los últimos 20 años, desde la fundación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). Cuatro organismos tramitan las denuncias y se reparten los casos entre sí: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina del Inspector General del DHS (OIG), el Centro de Admisión Conjunta (JIC), la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigrantes (OIDO) del DHS.

De acuerdo con el informe de WOLA y KBI, carecen de personal y de otros recursos, y algunos no tienen el poder suficiente para que sus recomendaciones sean efectivas. Hay varios “puntos de falla” en donde frecuentemente se estancan los casos, dejan a las víctimas sin justicia y minan la credibilidad del proceso de rendición de cuentas del DHS.

Los casos se ingresan a una base de datos sin que se les haga seguimiento; se cierran a causa de litigios en curso, incluso sobre temas generales, o porque, “no hubo violación de política”. Los casos son remitidos a otros organismos y luego nada ocurre. En ocasiones, no hay ni siquiera una respuesta, denuncian las organizaciones.

El informe documenta dolorosos ejemplos de abusos sufridos y la incapacidad para superar dichos “puntos de falla”, tomando en cuenta que hay muchas víctimas que han sido deportadas sin haber hablado con un investigador. Los investigadores de WOLA y KBI se basaron en su experiencia, numerosas conversaciones con defensores y funcionarios, y una amplia lectura de la literatura existente para elaborar más de 40 recomendaciones, entre las que destacan:

-En el proceso de denuncia, urge mejorar la capacidad del personal para reducir su carga y facilitar la admisión de casos, ofrecer información en tiempo real a los denunciantes sobre el estado de sus casos, informar sobre las recomendaciones resultantes y explicar por qué se han dado por concluidas las investigaciones.

-En las investigaciones es crucial liberar a los denunciantes de la carga de saber a cuál de los cuatro organismos deben presentar una denuncia, impedir que el Inspector General del DHS congele las investigaciones al retener los casos sin tomar medidas. Mejorar la capacidad de los organismos para tramitar denuncias con varias acusaciones, aumentar el personal, desplegar y utilizar más cámaras corporales, garantizar que se entreviste a las víctimas y realizar cambios de gestión de alto nivel en OIG.

-Evitar la anulación de las recomendaciones disciplinarias de los investigadores en casos de derechos humanos, sacar a los funcionarios de la cadena de mando de las decisiones disciplinarias, y reformar la Junta Nacional de Revisión del Uso de la Fuerza, un comité compuesto por varias agencias de gobierno, para que pueda emitir decisiones más rápidas y contundentes.

-Supervisión del Congreso: los legisladores y su personal deben llevar a cabo más audiencias, realizar más consultas por escrito y hacer más estrictos los requisitos de los informes sobre la rendición de cuentas, al tiempo de aprobar leyes para aclarar las competencias de los organismos de supervisión y aumentar su financiamiento.

-Algunas medidas claves incluyen eliminar la participación del Sindicato de la Patrulla Fronteriza de los casos de derechos humanos y otras conductas indebidas en las que estén implicados civiles. Así como adoptar medidas más estrictas en materia de acoso sexual e incrementar el reclutamiento de mujeres, proteger a quienes denuncian, abordar la zona gris que permite la elaboración de perfiles raciales, y sacar a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los procesos de tramitación de solicitudes de asilo.

Política fronteriza y de inmigración, paralizados

El informe sostiene que es posible promulgar reformas que pongan fin a la crueldad, y que garanticen la gobernanza fronteriza con valores democráticos, incluso en un momento en que los grandes debates nacionales sobre política fronteriza y de inmigración están polarizados y paralizados.

Subraya que, independientemente de su posición política, casi todos los que trabajan en el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y su agencia de Patrulla Fronteriza estarían de acuerdo que los abusos y comportamientos descritos son inaceptables. “Creemos que casi todos podrían compartir nuestra opinión de que los ‘puntos de falla’ descritos en este informe sobre la rendición de cuentas pueden y deben solucionarse”.

Las organizaciones indican que el informe ofrece una ruta de acción para los defensores, académicos, personal encargado de supervisar el poder ejecutivo, responsables políticos del poder ejecutivo y quienes estén de acuerdo con que el estado actual de abuso y rendición de cuentas en la frontera entre Estados Unidos y México exige una reforma profunda.

Su investigación se realizó para los agentes y funcionarios, en todos los niveles de CBP y la Patrulla Fronteriza, “que buscan hacer su trabajo de manera honorable y sin una agenda política, y que reconocen el daño que la impunidad persistente hace a sus instituciones”.

La realidad documentada no es una serie de episodios aislados: los casos de alto perfil de uso indebido de la fuerza letal, persecuciones peligrosas en vehículos o casos de muerte por negligencia, ocurren sobre un telón de fondo cotidiano de conducta cruel, deshumanizadora e incluso racista.

Mientras tanto, los ejemplos de personal de las fuerzas de seguridad fronteriza que rinden cuentas por estos abusos son cada vez menos frecuentes. La falta de rendición de cuentas es tan frecuente que contribuye a consolidar una cultura que permite violaciones a los derechos humanos. Los abusos siguen produciéndose porque la impunidad es muy probable.

Por eso es de suma importancia que existan mecanismos para exigir responsabilidades a quienes violan los derechos humanos. La legislación estadunidense que rige la ayuda exterior permite que fluya la ayuda hacia cuerpos policiales o unidades militares de otros países incluso los que tienen un historial problemático en materia de derechos humanos, con la condición de que el país receptor “tome medidas efectivas para llevar ante la justicia a los miembros responsables de la unidad de las fuerzas de seguridad”.

Del mismo modo, el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con un sistema que existe para tomar estas “medidas efectivas”. Este sistema, sin embargo, necesita una revisión. Resultados de 78 denuncias que KBI presentó entre 2020 y 2022, el 95 por ciento de las denuncias no acabaron en ningún tipo de medida de rendición de cuentas. Sólo el 5 por ciento dio lugar a recomendaciones políticas o disciplinarias para el agente en cuestión. (Gráfica).

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