El gobierno federal detectó cinco problemáticas de urgente atención en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre ellas la privatización silenciosa que se hizo en los gobiernos pasados, acusó Rosa Icela Rodríguez. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que las empresas beneficiarias están encabezadas por funcionarios, políticos y hasta prestanombres, por lo que ya se está renacionalizando esa institución.

Al referirse a la privatización de los servicios médicos, la funcionaria indicó que  “el servicio que se daba a los derechohabientes no era prestado por la institución en su totalidad, sino por empresas particulares, usando también al personal,  a médicos, enfermeras, al personal administrativo, así como las instalaciones, equipos y hospitales del ISSSTE. Esto se pagaba a precios más altos de lo real”.

En la conferencia presidencia, Rosa Icela Rodríguez expuso que en 2007 los propios directivos del ISSSTE comenzaron a privatizar los servicios de salud “para favorecer a empresas que, mediante actos de corrupción, se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud; de esa cantidad más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres”. Ese año fue el primero del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y al frente del Instituto estaba Miguel Ángel Yunes Linares.

La secretaria de Seguridad y coordinadora del equipo de trabajo que busca rescatar a la institución detalló que desde julio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a un equipo de trabajo la misión de limpiar al ISSSTE de la corrupción que arrastraba de los gobiernos neoliberales.

Argumentó que “el Instituto estaba devastado. Las anteriores administraciones lo dejaron como un cascarón, y con una enorme afectación a los servicios de salud. La privatización silenciosa que emprendieron por años fue dejando al Instituto sin capacidad, ni autonomía, para brindar una correcta atención a los derechohabientes y redujo su operatividad al mínimo”.

Respecto de las otras cuatro problemáticas detectadas en el proceso de nacionalización estaba en segundo lugar el desabasto de medicamentos: “como consecuencia de la corrupción generalizada que existía en el Instituto, además del negocio redondo que tenían las empresas privadas, había una mala administración del inventario de las farmacias y robo hormiga de medicamentos. Por eso la población no recibía su medicina completa”.

El punto tres, dijo, corresponde al abandono de las unidades médicas, que “sufrían un deterioro profundo porque hacía más de 20 años que no se les daba el mantenimiento mínimo, indispensable para funcionar y brindar un servicio de calidad a los derechohabientes; faltaban aires acondicionados, impermeabilización, y una red sanitaria adecuada,  lo que representaba un riesgo para la seguridad, para la salud de los pacientes”.

Añadió que la institución llevaba 12 años sin comprar equipo básico (rayos X portátiles, ecocardiógrafos) y equipo especializado (tomógrafos, electroencefalógrafos), lo que le impidió atender las necesidades de diagnóstico y tratamiento de los derechohabientes.

Y en el punto cuatro, Rosa Icela Rodríguez indicó que fue desmantelada la plantilla de médicos y enfermeras. La falta de ese personal, explicó, “fue otro acto de irresponsabilidad y corrupción que dañó al ISSSTE. Intencionalmente se dejó de contratar más personal especializado, esto llegó a representar una escasez de 36 mil trabajadores de la salud”. Asimismo, denunció que no existía justicia laboral para gran parte de los médicos y enfermeras: carecían de estabilidad laboral

Finalmente, citó como quinta problemática la falta de inversión para la construcción de hospitales. “Desde hace décadas no se invertía en la construcción de nuevos hospitales. Si bien en el sexenio anterior se hicieron cuatro hospitales, éstos fueron construidos con dinero de particulares a los que se les tiene que pagar mensualidades con sobreprecio diez veces mayor a su costo real por más de 20 años”.

En el esfuerzo para nacionalizar otra vez al ISSSTE, expuso, participan las secretarías de Salud; Hacienda; Función Pública; y Seguridad; así como a la Procuraduría Fiscal; el IMSS; el INDAABIN; BIRMEX, y el propio ISSSTE.

Al respecto, aseguró que se trabaja para que el ISSSTE vuelva a ser la gran institución que era en antaño, “de la mano con médicos, enfermeras, personal administrativo, con los sindicatos, con la Junta de Gobierno de la institución.

Y lo vamos a lograr”.

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