El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete firmaron un acuerdo para elevar a rango de seguridad nacional las obras y proyectos públicos federales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que serán “considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
En sus considerandos, el acuerdo indica que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país”.
También detalló que “los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente; [y] que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos”.
En su artículo primero declara de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
En su artículo segundo, instruye a dependencias y entidades de la APF “a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.
Al respecto, establece que “la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”.
Mientras que en su artículo tercero “la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.
Además del presidente López Obrador, en acuerdo fue firmado por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Eduardo Ramírez de la O; de Bienestar, Javier May Rodríguez; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; de Energía, Norma Rocío Nahle García; de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón; de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; y de Turismo, Miguel Tomás Torruco Marqués.
