Nueva York, EU. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y cómplice de Felipe Calderón Hinojosa, fue declarado culpable de los cinco cargos que le imputó el gobierno de Estados Unidos, y por lo cual fue sometido a juicio –desde el pasado 23 de enero– en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn que encabeza el juez Brian Cogan.
Así, por unanimidad, este 21 de febrero los 12 ciudadanos y ciudadanas integrantes del jurado determinaron que el exdirector de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox es responsable de cometer de forma intencional los siguientes crímenes:
1. Pertenecer a una empresa criminal de forma continuada.
2. Formar parte de una conspiración internacional para distribuir cocaína.
3. Conspirar para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla.
4. Conspirar para importar cocaína.
5. Falsificar declaraciones.
Como se recordará, el proceso de deliberación de los jurados inició desde el pasado jueves 16 de febrero a puerta cerrada, luego de que el juez Cogan les diera la instrucción, en la que les pidió no tomar en cuenta opiniones, juicios de valor ni sentimientos, sino sólo pruebas y hechos. Además de que les recordó que no se estaba juzgando a los otros criminales confesos que participaron como testigos colaboradores de la Fiscalía, sino la intencionalidad de García Luna en la conspiración.
Cuentas pendientes
Además de sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, el exfuncionario federal tiene otras cuentas pendientes tanto en Estados Unidos como en México. Ejemplo de ello es el caso de peculado, en el que el gobierno mexicano señala a García Luna –quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública de diciembre de 2006 a noviembre de 2012– por una riqueza inexplicable superior a los 1 mil millones de dólares. De ese monto, 745 millones 879 mil dólares (14.1 mil millones de pesos) los habría obtenido mediante contratos irregulares con dependencias federales y la procuraduría capitalina.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, la Policía Federal, el OADPRS (Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social), el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y la Procuraduría General de Justicia capitalina otorgaron contratos fraudulentos –en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto– a las empresas de García Luna: Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC.
Además de la indagatoria sobre presunto peculado –cuya denuncia se presentó en una corte estadunidense de Florida, pues ahí se encuentran las residencias y vehículos de lujo de García Luna–, el gobierno de México también mantiene abiertas investigaciones contra el exfuncionario calderonista por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y el pago de sobornos del crimen organizado, que habría aceptado desde el gobierno de Vicente Fox cuando se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigaciones.
La lista de averiguaciones contra García Luna es mucho más amplia e incluye una línea por su participación en el operativo Rápido y Furioso, con el que los gobiernos mexicano y estadunidense entregaron –en 2009– más de 2 mil 500 armas de alto poder a la organización criminal entonces encabezada por Joaquín el Chapo Guzmán, mismas que han cobrado la vida de decenas de personas, incluidos inocentes.
Además, las autoridades mexicanas siguen la pista a las relaciones de complicidad y negocios que García Luna tejió con medios de comunicación y periodistas, no sólo para mostrar una imagen favorable de él, sino para realizar montajes mediáticos de supuestos golpes al crimen organizado. Tema que ya no se abordó a profundidad en la Corte de Brooklyn.
Relación con medios y periodistas
Como Contralínea lo reveló, la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Managment no sólo funcionó para obtener contratos con el gobierno federal en el sexenio de Peña Nieto, sino también para hacer negocios con medios de comunicación y periodistas. Información a la que tuvo acceso este semanario revela que en GLAC también participaba Facundo Rosas y que ésta mantuvo negocios con diversas empresas factureras de operaciones simuladas, usadas para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Además, GLAC recibió dinero de medios de comunicación: 11 millones de pesos de El Financiero y 13.5 millones de pesos de El Heraldo. En esta empresa el nexo con periodistas es Olivia Lizeth Parra Salazar, nombrada por García Luna en junio de 2012 como subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y quien desde entonces mantuvo vínculos con Raymundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola. Ella se presentaba como colaboradora de los espacios noticiosos de estos comunicadores.
Otro nexo relevante se dio desde el gobierno de la Ciudad de México, cuando Miguel Ángel Mancera era su titular, pues desde allí se le transfirieron 50 millones de pesos a la empresa de García Luna.
La indagatoria de la UIF
Una de las múltiples indagatorias que se llevan en México corresponde al actuar de la red de corrupción y lavado de dinero de García Luna, integrada por al menos ocho personas físicas y 44 morales. De acuerdo con la UIF, quien fuera mano derecha de Calderón sustrajo ilegalmente más de 745 millones de dólares del erario de la nación, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, el OADPRS, el Cisen y la Procuraduría capitalina.
El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con al menos un contrato–, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum revisa otros tres contratos.
El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad, en la conferencia presidencial del 9 de febrero de 2023.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez.
De los 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar), el 42.5 por ciento –unos 6 mil 400 millones de pesos– se adjudicó con Calderón Hinojosa desde instituciones encabezadas por el propio García Luna: la Policía Federal y el OADPRS. Mientras que en el gobierno de Peña se le asignó el 47.3 por ciento del total, desde el Cisen y el OADPRS, instituciones encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, desde la Secretaría de Gobernación.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Entre las personas físicas está el propio García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra –única testigo a su favor en el juicio que se le sigue en Estados Unidos–, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.
Mientras que en la lista negra de la UIF aparecen 44 empresas utilizadas en esta trama de corrupción:
1. Nunvav, Inc SA
2. Nunvav Technologies, Inc SA
3. Gull Holding Enterprises, Inc SA
4. Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC
5. 1104 South Street, Llc
6. 1410 Reynolds, Llc
7. 1912 Century, Llc
8. 274 Sigb, Llc
9. 2903 Pen I, Llc
10. Assets Financing Services, Llc
11. Asw Holdings, Llc
12. Awoffice, Inc
13. Awp Village Bay I, Llc
14. Bellini Wi 1501, Corp
15. Best Friends Midtown, Llc
16. Best Friends Since 1880, Llc
17. Brill 5002 11, Llc
18. Delta Integrator, Llc
19. Gl & Associates Consulting, Llc
20. Icon Brickell 3802, Llc
21. Jade Ocean 3203 II, Llc
22. Jade Ocean 3603, Llc
23. Jagra, Llc
24. Only Best Properties Corp
25. Peninsula Cas II, Llc
26. Peninsula Mas II, Llc
27. Peninsula Sms, Llc
28. Peninsula Snds, Llc
29. Peninsula Ssw II, Llc
30. Peninsula Stecar II, Llc
31. Peninsula Sw II, Llc
32. The Point 54, Llc
33. Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
34. Ruby Dynasty Trust
35. Sdsw Dynasty Trust
36. Sunshine Dynasty Trust
37. Vfst, Llc
38. W Gourmet Group Llc
39. Wancier 2017 Family Trust
40. Imperial Crab, Ltd
41. Inmobiliaria Damari, Llc
42. Molv, Llc
43. Right Way Investments Corp
44. Sylsa Aircorp, Inc (o Sysa Aircord, Inc)
García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas de la UIF, y también están denunciadas ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Al seguir la pista del dinero malhabido, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados. De ahí, el dinero fue triangulado a Miami, Florida, con el objetivo de ocultar su origen ilegal.
En esta trama de corrupción, el sistema financiero mexicano se usó para sacar los recursos de los contratos fraudulentos de las empresas de García Luna con el gobierno.
Mansiones y autos de lujo
Por el fraude multimillonario a la nación, el 21 de septiembre de 2021 el gobierno de México presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade. El propósito es recuperar los activos adquiridos con el dinero defraudado a la Hacienda Pública.
Este caso implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida. En total, esos bienes implican 17 millones 930 mil 402 dólares.
Además hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 de dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio promovido por el gobierno mexicano, pero que forman parte del juicio.
De acuerdo con la UIF, entre los automóviles que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México están: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70.
Además, se localizó una motocicleta Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta de lujo.
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