Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, acusó esta mañana el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Luego reveló que quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación.

“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez en la conferencia presidencial de esta mañana.

Las empresas fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las contrataciones implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar).

Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadunidense, en el estado de Florida.

Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.

El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.

“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez.

Pablo Gómez añadió que los integrantes de la red de corrupción de García Luna se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas. Además, explicó, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.

Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.

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