El 17 de agosto pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador denunció penalmente al Grupo México –propiedad del magnate Germán Larrea– por haber incumplido con la remediación ambiental del río Sonora (incluido el afluente conocido como Bacanuchi), reveló la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. Ello, en referencia a las secuelas de contaminación tóxica que la filial Buenavista del Cobre provocó en la región, tras el derrame –el 6 de agosto de 2014– de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el arroyo.
Tras acusar que se trata del “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”, la funcionaria federal señaló que el derrame “no fue un accidente, fue una negligencia de construcción”, por un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1. Y reiteró: “el derrame no fue un accidente, no lo aceptamos como un accidente. El gobierno de México se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora, y continuaremos impulsando la justicia social y ambiental en la región”.
En conferencia desde Palacio Nacional, la secretaria de Estado afirmó que, a la fecha, “a lo largo del río hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua. A lo largo del río se encontró mercurio, geológicamente inexistente en agua y en sedimentos”. Por ello, expuso: “el 17 de agosto pasado, hicimos una denuncia penal a Grupo México, porque no ha cumplido con la remediación ambiental”.
Al respecto, Albores González explicó que a través de un Dictamen Diagnóstico Ambiental –de 239 páginas, disponible en la página de la Semarnat para libre consulta– se documentan de forma contundente las afectaciones al aire, suelo y biota.
Entre los principales hallazgos, enunció: “los metales rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales; el incremento en las concentraciones de los diferentes metales se relacionó con la cercanía al punto donde ocurrió el derrame; las observaciones en las poblaciones de insectos o artrópodos muestran que la actividad minera está relacionada con la afectación a los ecosistemas de la región; en el aire, el incremento de mercurio excedió los valores recomendados, se encontraron altos niveles se acidez en el suelo que pueden permitir movilización de elementos como el aluminio; el factor de enriquecimiento encontrado muestra contaminación constante en la región para la mayoría de los poblados estudiados”.
Ese mismo dictamen apunta documenta el mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1; además, dijo, expone que “hay acaparamiento de agua subterránea, 59.7 por ciento, y una sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Los metales pesados en sedimentos indican contaminación por encima de valores asociados a la geología del sitio; y en los pozos de agua potable hay presencia de arsénico, hierro y fluoruros, que generan acumulación en seres vivos con implicaciones negativas también a la salud de las personas”.
Después de hacer ese dictamen diagnóstico ambiental y demostrar que hay un medio ambiente contaminado, la secretaria Albores González explicó que se solicitó a Grupo México un nuevo programa de remediación. “Ese programa de remediación sólo se evocaba a suelo, nosotros lo pedimos completo, porque la contaminación, lo que presentamos en el dictamen diagnóstico ambiental es completo, es ambiental y el ambiente incluye suelo, agua, flora, fauna y aire. Que esto sea avalado por las comunidades, las que sufren el daño, las que vean su programa de remediación”.
Agregó que dicho programa también debe ser autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, misma que también le dará seguimiento –incluidos los procedimientos legales, juicios de amparo, juicios de nulidad, acciones colectivas y denuncias–. Albores González indicó que a nombre de la Semarnat, se exhorta “al Poder Judicial a conducirse siempre a favor de la justicia y de los derechos de las personas, evocamos al [artículo] cuarto constitucional, tenemos derecho a un ambiente sano”.
Asimismo, recordó que por instrucción del presidente López Obrador, “en julio de 2021, volvimos a estar en territorio porque la gente le hizo llegar al presidente que tenía una necesidad, una necesidad porque su ambiente estaba contaminado, pero también tenemos a compañeras y compañeros enfermos de salud por un ambiente que no es sano”. Ello, dentro de este plan integral de atención a Cananea.
La funcionaria detalló que se hicieron muestreos directamente con las comunidades: 120 de agua superficial, 66 de aguas de pozo, 156 de reabastecimiento, 39 en sedimentos, 96 en aire, 131 en suelo, ocho de flora y fauna.“A partir de eso, de estar trabajando directamente con las comunidades, sale la necesidad de que la gente quería tener la seguridad de saber cómo estaba su suelo, cómo estaba su agua, cómo está su flora, cómo está su fauna y cómo está el aire que está respirando, y también la salud de las personas”.
Fideicomiso
Acerca del fideicomiso que la empresa de Germán Larrea creó para supuestamente atender el problema, la secretaria Albores González acusó que, en el sexenio pasado, la Semarnat le entregó a Grupo México 73 cajas con documentación referente a los recibos de gastos de ese fideicomiso y no se quedó “con ninguna copia, ni de documento ni digital”.
Advirtió que en el Libro Blanco se da cuenta de un ejercicio de 1 mil 232 millones de pesos, de los cuales 1 mil millones se gastaron en efectivo. Indicó que a salud apenas se le destinaron 78.9 millones de pesos (gasto que también se hizo en efectivo). Y que a los directamente afectados se les pagó en efectivo 7.8 millones en efectivo.
Albores González expuso que Grupo México gastó de ese fideicomiso 32.4 millones de pesos en su “estrategia de comunicación; cuatro veces más de lo mayor entregado directamente a los afectados en cuestiones de salud”. Y denunció que esas campañas afirmaban falsamente que ya había una remediación ambiental, y que los spots se transmitían en Cinemex. Al respecto, recordó que “Cinemex también es de Grupo México”.
