El gobierno de Estados Unidos –a través de su embajada– y uno de los brazos de la CIA –la NED– dieron casi 100 millones de pesos a la asociación civil fundada por el empresario y líder moral de los partidos de oposición Claudio X González Guajardo y la exfuncionaria foxista María Amparo Casar. Identificada por el presidente López Obrador como una organización golpista, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió un total de 111 millones 373 mil 640 pesos de intereses estadunidenses. De ese total, 96.7 millones provinieron directamente del gobierno de EU; 13 millones de fundaciones ligadas con la derecha mundial, y 1.6 millones de pesos de la NED. De acuerdo con la UIF, otros de los financiadores de sus campañas de guerra sucia mediática y guerra judicial son: el magnate Germán Larrea, a través de su Grupo México; Laboratorios PISA; Tiendas Chedraui y Soriana; Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark y padre del empresario Claudio X González Guajardo–; Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis; Valentín Díez-Morodo, mediante su Fundación Maelva; Antonio del Valle Perochena, por medio de su Fundación Kaluz

De 2016 a enero de 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha tenido ingresos por 502 millones 588 mil 208 pesos. De ese monto total, el gobierno de Estados Unidos –a través de su embajada en México– le destinó 96 millones 740 mil 613.6 pesos, entre agosto de 2018 y enero de este año, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Datos de la UIF revelan que detrás de la asociación civil –fundada por el empresario y líder moral de los partidos de oposición Claudio X González Guajardo y la exfuncionaria foxista María Amparo Casar– también está uno de los brazos de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA): la NED, le transfirió 1 millón 615 mil 75 pesos, entre 2018 y 2020.

A lo largo de estos años, y gracias a ese financiamiento proveniente de un gobierno extranjero, MCCI desarrolló estrategias desestabilizadoras: guerras sucias mediáticas y guerra legaloide contra las principales obras de infraestructura de esta administración federal.

Como lo ha informado Contralínea, al estar dada de alta como una asociación civil donataria autorizada, MCCI tiene permitido recibir donaciones de personas físicas y morales de México y el extranjero, deducibles de impuestos. Y fue creada en 2015 por Claudio Xavier González Guajardo, en sociedad con su hermano Esteban Patricio González Guajardo, así como con María Amparo Casar Pérez (exfuncionaria de Vicente Fox), Max Kaiser Aranda (exfuncionario de Felipe Calderón), Antonio Carbia Gutiérrez (jefe de oficina de Salomón Chertorivski Woldenberg), Ana Macarena Velázquez López (exsubprocuradora de la Profedet en el gobierno de Enrique Peña), María Teresa Aguilar Álvarez Castro (abogada de Mexicanos Primero, otra AC de Claudio X) y Antonio Mario Prida Peón del Valle (abogado asociado a la Unión Internacional de Abogados y a la organización UNETE, también ligada al “líder moral” de la oposición).

Como parte de sus estrategias legaloides, en este sexenio sus llamados “litigios estratégicos”, que constan principalmente de juicios de amparo, se enfocaron en frenar las principales obras de la administración de López Obrador: el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Además, los “donativos” del gobierno estadunidense –junto con las donaciones de los empresarios anti 4T– financian las campañas de noticias falsas en medios de comunicación, bajo la fachada de trabajos periodísticos. A diferencia del periodismo que debe tener como valores fundamentales la independencia frente al poder institucional o fáctico, la búsqueda de la verdad, la honestidad y la responsabilidad social, los supuestos trabajos de MCCI han incurrido en la propagación de falsedades y verdades a medias con fines propagandísticos.

Aunado a ello y como parte de sus litigios estratégicos, Claudio X González Guajardo promovió la creación del colectivo #NoMásDerroches, bajo el patrocinio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pero también abrazado por otras asociaciones y corporaciones, como Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia.

En 2019, ese colectivo promovió más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y otras tantas demandas para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la cara visible del colectivo fue el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de Litigio Estratégico de MCCI –cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta octubre de 2021. Después, Claudio X González Guajardo, Gustavo de Hoyos (entonces líder de la Coparmex) y diversos abogados de derecha –entre los que destaca Fernando Gómez-Mont Urueta, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón–fundaron el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, asociación que continuó interponiendo centenas de juicios de amparo, incluso para que Xóchitl Gálvez –antes de ser candidata a la Presidencia– entrara a la conferencia matutina del presidente.

A la luz de los hechos, la organización creada por quien después se convirtió en “líder moral” de Va por México –que aglutinó a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática– y de la “marea rosa” –que involucra a exconsejeros presidentes del INE y el IFE, como Lorenzo Córdova, Valdez Zurita, José Woldenberg–, no puede ser considerada como altruista o benéfica para la sociedad. En 2020, aún siendo cabeza de MCCI, Claudio X González Guajardo convocó a empresarios y políticos opositores al gobierno de López Obrador a unirse en un mismo frente para buscar derrotar electoralmente a Morena en las elecciones de 2021, o ganar la consulta de revocación de mandato para que el presidente de la República dejara su cargo. Así fundó Sí por México, y, en julio de aquel año, anunció su renuncia a la presidencia de Mexicanos Contra la Corrupción.

No obstante, aún con la salida del magnate, la organización continuó exactamente con la misma agenda política opositora a López Obrador que González Guajardo enarbola bajo el amparo de tres partidos políticos a los que constantemente se suma Movimiento Ciudadano.

Identificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador –el pasado 15 de agosto– como una organización golpista, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió un total de 111 millones 373 mil 640 pesos de intereses estadunidenses. Pues además del dinero que directamente le transfirieron el gobierno de Estados Unidos y el brazo de la CIA, obtuvo otros 13 millones 17 mil 951.5 pesos de fundaciones ligadas con la derecha mundial: The Ford Foundation, John and Catherine Macarthur Foundation, International Community Foundation, Rockefeller Bros Fund, Intelligent Mexican Marketing, Inc.

Oligarcas anti 4T, sus mecenas

Entre sus mecenas, destacan el gobierno de Estados Unidos, fundaciones extranjeras ligadas a la derecha global, así como la élite de la oligarquía mexicana. Por ejemplo, el magnate Germán Larrea, a través de su Grupo México; Laboratorios PISA; Tiendas Chedraui y Soriana; Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark y padre del empresario Claudio X González Guajardo–; Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis; Valentín Díez-Morodo, mediante su Fundación Maelva; Antonio del Valle Perochena, por medio de su Fundación Kaluz. Todos ellos, opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los más de 500 millones de pesos, 277 millones 231 mil 516 pesos los obtuvo entre 2019 y enero de 2024 –periodo que coincide con el sexenio actual–. De este último monto, 96.7 millones los obtuvo directamente del gobierno estadunidense, lo que podría implicar un claro injerencismo del vecino del norte. El resto –225 millones 356 mil 692 pesos–, los obtuvo en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que el financiamiento directo del gobierno estadunidense comenzó después del triunfo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Al participar esta mañana en la conferencia presidencial, indicó: “a partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024 –como les decía, también ha habido una aportación en el año actual– Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América”.

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Es decir, la oligarquía que más se ha opuesto a esta administración junto al gobierno de Estados Unidos han financiado las dos principales estrategias golpistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: el supuesto “litigio estratégico”, como disfrazan las acciones de lawfare, y la propaganda negra que suplanta el ejercicio periodístico–. Y es que el grupo de presión creado en 2015 por el empresario y accionista de Kimberly Clark, Claudio X González Guajardo, se dedica a impulsar juicios de amparo contra las principales obras de infraestructura de esta administración, y por otra parte, a criticar la supuesta ineficacia del gobierno en esas mismas obras que entorpeció con sus estrategias legaloides.

El titular de la UIF expuso que el organismo emisor de las transferencias financieras entre agosto de 2018 y enero de 2024 es el Financial Services Center, y que fueron facturados por Mexicanos Contra la Corrupción, a nombre de la US Agency for International Development (USAID), Embajada de Estados Unidos en México.

“Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96 millones 740 mil 613 pesos 60 centavos […] a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso”, detalló Gómez.

Asimismo, indicó que el financiamiento del exterior, particularmente de Estados Unidos, provino de: tres operaciones desde de Ford Foundation, por 5 millones 601 mil 500 pesos; dos operaciones de John and Catherine MacArthur Foundation; una de International Community Foundation; otra, FPOS, marca la cuenta bancaria, desde Estados Unidos, en 2020, por 978 mil 72 pesos; una operación desde Rockefeller Brother Foundation Incorporated, por 471 mil 250; una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated, en 2017, por 50 mil 957.50, que hace un total del periodo de 17 a 23 de nueve donativos por un total de 13 millones 17 mil 951, procedentes de los Estados Unidos de América.

“Estas aportaciones del gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena y que conforma ese movimiento denominado cuarta transformación, en la que no sólo participan tres partidos, claro, sino participa muchísima gente que no corresponde ni es miembro de ninguno de estos tres partidos, pero que forman parte de un movimiento nacional y popular mexicano. Entonces, no es –insisto en esto, que es muy importante– la subvención del gobierno norteamericano no es, no se da antes de las elecciones de 2018”.

Otros financiamientos desde cuentas en el extranjero, dijo Gómez, provienen de: la National Endowment For Democracy (NED) procedente del Reino Unido entre 2018 y 2020; seis operaciones por 1 millón 615 mil 75 pesos mexicanos. “National Endowment For Democracy es una institución creada por el Congreso de Estados Unidos para financiar justamente lo que ese gobierno considera que son movimientos en favor de la democracia”.

Acerca de los mecenas en México, indicó que están: Fundación Maelva, AC, encabezada por el empresario Valentín Díez-Morodo, “que es una persona muy vinculada a consorcios empresariales muy poderosos; están ahí también algunos otros prominentes empresarios y capitalistas de México. De ahí, desde 16 hasta 23 obtuvo Mexicanos Contra la Corrupción 44 millones de pesos”.

Pablo Gómez detalló que estos donativos, de acuerdo con la ley mexicana que está en vigor, son objeto de una concesión fiscal, se deducen para efectos fiscales en las declaraciones de las empresas y de los individuos. “Esto no es un subsidio del gobierno en turno, es un subsidio del Estado mexicano, el indirecto que beneficia a las asociaciones civiles que están dentro de este estatus de organismos sin fines de lucro que pueden recibir donaciones”.

Y criticó que “estas organizaciones no informan a la sociedad, tampoco informan al gobierno, a pesar de que reciben recursos o pueden recibirlo de la sociedad, y a pesar de que quienes donan el dinero pueden deducir el donativo en el pago de sus impuestos”.

Otros donantes que citó son:

Sistema de Observación por la Seguridad, 34 millones 240 mil, del fallecido Alejandro Martí.

Fundación Kaluz, 19 millones, de Antonio del Valle Perochena.

Fundación Unifin, 12 millones 200 mil pesos.

Una cuenta de Banamex, 9 millones 500 mil.

Fundación Alsea AC, 8 millones.

Fundación Gentera, 9 millones.

Kyara, SA de CV, entre 2017 y 2020, dio 6 millones 600 mil.

American Express Company, 6 millones 562 mil.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 6 millones.

Laboratorios Pisa, 6 millones.

Fundación Magdalena Ruíz de del Valle, 6 millones 900 mil.

La Tesorería de la Federación le devolvió, después de la declaración del año 2021, 5 millones 573, “porque ellos también tienen la capacidad de poder obtener la devolución de impuestos cuando estos han sido enterados a Hacienda por concepto de la facturación o del pago de sueldos y honorarios”.

Grupo México, de Germán Larrea, 5 millones.

Nuplen Comercializadora, SA de CV, 5 millones.

Tiendas Chedraui, 5 millones.

Corporativa de Fundaciones AC, 8 millones 796 mil.

Creel García Cuéllar Aiza, 4 millones 750 mil.

Fundación Soriana, 4 millones.

Ingenio Tala, 4 millones.

Operación y Manufactura Interceramic, 4 millones.

Grupo Porcícola Mexicano, 3 millones 333 mil 340.

Holzer y Compañía, SA, 3 millones 255 mil 961 pesos;

Fundación Empresarios por Puebla, 3 millones 200 mil pesos.

Grupo Conéctame, SA de CV, 3 millones 93 mil 419 pesos.

Emilio Icaza Chávez, 3 millones 670 mil.

Almacenadora Accel, SA, 3 millones.

Gigante Grupo Inmobiliario, 3 millones.

CompuSoluciones y Asociados, SA, 2 millones 640 mil.

Administración de Riesgos, 2 millones 200 mil.

Banamex, 2 millones.

Evercore Casa de Bolsa, 2 millones.

Frisa Forjados, 2 millones.

Fundación Antonio Chedraui, 2 millones.

Fundación Capital, 2 millones.

Minera México, 1 millón 750 mil.

Una cuenta en Banco Azteca, cuyo titular no conocemos todavía, 1 millón 704 mil 958.

Dine, 1 millón 666 mil 666.

Defrak Integrated Services, 2 millones.

Embotelladoras Novamex, 2 millones. Entre otros.

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