Ante la inacción del Consejo de la Judicatura Federal frente a actos de presunta corrupción de juzgadores, el gobierno de México presentó una denuncia de juicio político contra el juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, interpuso dicha denuncia ante la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, para que ésta “analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la República para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”.
En un comunicado, la Segob expuso que en el Gabinete de Seguridad se analizó este caso sobre “probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”.
Lo anterior, porque existen elementos “que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.
La denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados incluye detalles de casos de alto impacto en los que el juzgador ha fallado a favor de presuntos criminales. La Segob destacó, por ejemplo, “la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”.
En la exposición de motivos, Gobernación indicó que el juez federal actuó presuntamente con “desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces. Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”.
Alcalde Luján indicó que el gobierno de México está comprometido con la legalidad, el estado de derecho, y “la lucha permanente y sin concesiones en contra de la corrupción y la impunidad”.
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