La derecha internacional y brasileña ensayaron con éxito el proceso de golpe de Estado en Brasil durante y después del Mundial de Futbol de la FIFA 2014, contra la izquierdista Dilma Roussef. De acuerdo con la expresidenta y el Partido de los Trabajadores de ese país, el Impeachment que derrocó a la mandataria en agosto de 2016 representó un quiebre democrático por la vía parlamentaria. Varias de las estrategias que se aplicaron en ese país latinoamericano se repiten ahora en México, también, en el contexto de la justa deportiva, alertan investigadores

La forma en cómo se tejió el golpe de Estado de 2016 en Brasil por parte de la derecha enquistada en los poderes Legislativo y Judicial contra su entonces presidenta, la política de izquierda Dilma Rousseff, y grupos de derecha y ultraderecha internacional se ensaya ahora en México, en el marco del Mundial de Futbol FIFA 2026. El inicio de aquella estrategia que derrocó a la mandataria brasileña inició precisamente en el contexto de la justa deportiva de 2014 y se extendió dos años más, hasta conseguir su objetivo.

A casi 10 años del quiebre democrático por la vía parlamentaria, y con sus diferencias, esa experiencia latinoamericana debe servir a México de advertencia, debido al contexto por el que atraviesa actualmente el país y a las fuerzas antidemocráticas que buscan debilitar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con asistencia de grupos de derecha y ultraderecha internacional e instituciones estadunidenses, como la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia Antidrogas (DEA), así como la activa participación de la Embajada de Estados Unidos, a cargo del exboina verde y exagente de la CIA, Ronald Johnson.

Al respecto, investigadores universitarios y colaboradores de Contralínea alertan que varias de las estrategias golpistas que se aplicaron en Brasil entre 2014 y 2016 se ensayan actualmente en México. Por ejemplo, las operaciones mediáticas, políticas y de injerencia extranjera; “pero, sobre todo, también de ciertas instituciones y de ciertos sujetos, tanto de la burguesía mexicana como de otro tipo de capitales extranjeros” que buscan incidir en la mente de la población mexicana, a fin de eliminar la base social que apoya a la primera mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), académico en esa casa de estudios y periodista de Contralínea.

Las similitudes, apuntó, incluyen contextos de distracción para los pueblos. En Brasil se aprovechó la realización de dos acontecimientos de escala global: el Mundial de Futbol de la FIFA en 2014, y los Juegos Olímpicos en 2016, efectuados en Río de Janeiro; a la par que estallaron protestas sociales, conocidas como una de las fases del golpe de Estado blando: el calentamiento de calle.

En ese contexto, las derechas ultraconservadoras también salieron a las calles. Por ejemplo, el movimiento “Brasil Libre”, apoyado principalmente por la red global de think tanks Atlas Network. Ahí es donde entran distintos personajes y entidades que trabajaron para destituir a la mandataria brasileña, detalló García Fernández durante el programa en vivo de Contralínea, América Insumisa.

Ese mismo ente de ultraderecha y ultracapitalista opera actualmente en México, contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum, en conjunto con grupos de derecha y ultraderecha, asociaciones civiles, sindicatos, empresarios, dueños de medios de comunicación, banqueros y hasta opinadores. Y a éstos los acompañan las agencias estadunidenses, que aprovechan la coyuntura para ejercer mayor injerencismo e intervencionismo en el país.

Todo intento de golpe tiene apoyo extranjero

Para Marcela Román –doctora en estudios latinoamericanos, académica de la Universidad Rosario Castellanos y colaboradora de Contralínea–, la caída del gobierno de Dilma Roussef “representa el resultado de las peores estrategias de intervención imperialista extranjera en la región”. Ello, debido a que la estructura golpista también tuvo su impulso desde el extranjero.

La investigadora señaló que las crisis ocurridas en América Latina, de 2016 a 2019, dependen directamente de un intervencionismo imperialista, con sus respectivos correlatos nacionales en elecciones o en procesos de eventos internacionales. Alrededor de Brasil, este hecho dio paso a las estrategias de intervención en Argentina o Bolivia.

Si bien hubo contradicciones internas que influyeron en la caída de los diferentes gobiernos de izquierda en la región, la doctora Román subrayó la injerencia de Estados Unidos como la causa principal. “La llegada de los gobiernos de derecha implica una lucha cultural muy violenta años antes de que la derecha llegue [al poder]. Ninguna crisis en lo que va del siglo la podemos entender en la dimensión nacional”.

En 2016, durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos, se practicó la estrategia de “judicializar la política, algo que conocemos también como lawfare”, abonó García Fernández. Ello fue ejercido contra Lula da Silva, acusado por el caso Lava Jato por el juez Sergio Moro, cercano al Departamento de Justicia estadunidense y con cursos previos de entrenamiento judicial en Estados Unidos, a quien casualmente le llegan todas las causas de estos supuestos actos de corrupción.

De hecho, en el Ministerio Público de Curitiba, donde ejercía Sergio Moro, trabajaban 18 agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. Esto es una prueba más de la injerencia estadunidense en este tipo de hechos. De hecho, Michel Temer, vicepresidente de la presidenta Dilma para su segundo mandato, ha sido informante de la embajada de Estados Unidos en Brasil, agregó.

Incluso fue una práctica previamente realizada en Paraguay contra el gobierno de Fernando Lugo, en 2012, a quien también destituyeron bajo un proceso judicial surgido de instituciones nacionales ligadas a agencias y embajadores de Estados Unidos.

Un patrón similar se vio con Sergio Moro en Brasil, quien participó en foros internacionales –con temáticas de libertad– ligados a organizaciones como Atlas Network y alianzas trasnacionales. Uno de esos foros se llevó a cabo en la Ciudad de México, en junio de 2022. Su nombre fue Accelerate Latin America.

Atlas Network fue un actor importante en el golpe de Estado contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff: dos instituciones –el instituto Milenio y el Liberal de Brasil– clave en el proceso de Impeachment tenían vínculos con esta red de think tanks. Asimismo, el financiamiento a esta red viene, en parte, por los hermanos Koch, dueños de Koch Industries, una de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos y financiadores de redes de cabildeo político conservador y libertario.

En México, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por el empresario derechista Claudio X González–, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad reciben financiamiento de Atlas Network, señaló el doctor Aníbal García.

Papel de los medios de comunicación

En estos casos, los medios de comunicación han jugado un papel crucial porque tienen la capacidad de generar narrativas de odio y división contra los gobiernos progresistas, de acuerdo con la doctora Marcela Román.

El proyecto que representaba el líder sindicalista Inácio Lula da Silva –actual presidente de Brasil– tuvo su continuidad con Dilma Rousseff. No obstante, desde un inicio fue presentado por los medios de comunicación de forma negativa y brotó un fascismo que generó después un candidato como Jair Bolsonaro, cuyo hijo Flávio compite en estos momentos para las elecciones de finales de 2026.

Así como los medios O globo y Folio de Sao Paulo se encargaban, entre otros, de manufacturar consenso en contra de la imagen del gobierno progresista de Brasil; y en el caso de México, se realiza por las corporaciones mediáticas, que tratan de difundir la idea que los gobiernos y actores políticos ligados al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto con sus partidos aliados, tienen presuntos nexos con el crimen organizado, agregó el doctor Aníbal García.

Deposición en dos pasos

Tras años de haber sido sumido en una dictadura militar, comenzada el 31 de marzo de 1964 y encabezada por el mariscal de campo Humberto de Alencar Castelo Branco desde abril de ese año a partir de la Operación Cóndor, los movimientos integrados por trabajadores en Brasil se activaron y salieron a las calles, en lo que se conoció como “el corredor paulista”. Este fervor dio pie a la creación del Partido de los Trabajadores (PT) en febrero de 1980, que posteriormente llevaría al poder a Luiz Inácio Lula da Silva en 2002, narra el doctor Pablo Rojas.

Su proyecto político enseguida se caracterizó por la entrega de programas sociales, las becas, los apoyos a jóvenes, estudiantes, personas negras sin acceso a la universidad y para combatir la pobreza y desigualdad. En palabras del doctor Pablo, estos eventos allanaron el camino para que el PT ganara su tercer periodo, liderado entonces por Dilma Rousseff –proveniente de un sector más radical, guerrillera y presa en su juventud– en 2011, quien replica el mismo modelo que su antecesor.

No obstante, uno de los problemas que arrastra su administración tiene lugar en la crisis económica de 2008. En consecuencia, los precios de las materias primas bajan, y en ese momento Brasil dependía mucho de ello en cuanto a sus exportaciones.

Además, el académico explica: la disminución de la desigualdad no fue percibida por la gente como un logro de las decisiones y políticas públicas de sus gobernantes, sino que lo asumieron como logros individuales. Por tanto, la clase media comenzó a exigir más cosas y a simpatizar con ideas más conservadoras.

Por otro lado, los sectores que no son clase media también empezaron sus demandas a través del movimiento “pase libre”, centrado en la petición de apoyos para el transporte público a estudiantes.

Coincide y se agrava este hecho con que, para el Mundial de Fútbol, se distribuyeron unos 3 mil 600 millones de dólares para la construcción y restauración de 12 estadios en diferentes ciudades, situación que enardece a los sectores estudiantiles.

Fue entonces que crecieron las protestas en las calles, con demandas que se extendieron ahora a la inversión en salud pública, educación y vivienda. Con el diálogo entablado entre el gobierno de Dilma Rousseff y los manifestantes, y la posterior aceptación de las demandas, concluyó lo que Pablo Rojas describe como la primera fase de este hecho histórico.

La segunda entró cuando el movimiento, iniciado desde la izquierda, es canalizado por la derecha. El doctor analiza la aparición del espectro conservador no como una acción de la nada; sino que, aprovechados del descontento ascendente, los grandes medios de comunicación comenzaron a convocar a las manifestaciones desde programas de televisión.

A pesar de que Rousseff ganó las elecciones de su país en segunda vuelta, el enojo social fue utilizado por la oposición que, junto con los medios, comenzaron una embestida “muy macabra, pues acusan a la presidenta de corrupción de un caso que no logran comprobar”. Apoyado en el Poder Judicial, dirigido por Sergio Moro, sacaron del poder a la mandataria. Y ahí terminó el segundo paso.

En México, intentos golpistas no florecieron

En el panel de análisis, la y los académicos señalaron los intentos claros del extranjero y el ala conservadora nacional para intentar golpear y manchar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los medios han maquinado para impulsar el descontento social, y así, que sea cooptado por la derecha. No obstante, hasta el momento no les ha funcionado.

El doctor Aníbal García afirmó: “si no tenemos un proceso de lawfare en México es por esta reforma al Poder Judicial”. Los cambios a estas leyes fueron aprobados en el Congreso y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, por lo que hubo una elección popular en la que se escogieron la mitad de los cargos para personas juzgadoras federales, así como se reestructuraron algunas áreas de la institución.

Para el doctor Pablo Rojas: la izquierda en el gobierno se ha enfocado en realizar una conciliación de clases; por ejemplo, tanto moviliza la inversión extranjera como elabora programas y campañas de distribución de apoyos sociales. “El problema es que los intereses de dos clases [sociales] no siempre son conciliables. La lucha de clases sí existe, no es un mito”, por lo que cuestionó hasta dónde se puede estirar la liga de la conciliación “esperando que no haya una confrontación de clase a largo plazo”.