Como una moneda de cambio, el Grupo México solicitó autorizaciones ambientales para explotación de cobre con minería a tajo abierto –en Sonora y Baja California–, previo a que las secretarías de Gobernación y Hacienda formalicen legalmente el acuerdo para la remediación del Río Sonora, confirman a Contralínea fuentes gubernamentales. Agregan que la empresa del magnate Germán Larrea –en la que también participan fondos de inversión, como The Vanguard Group y BlackRock– se encuentra en el plazo de aportar los 1 mil millones de pesos que aún adeuda, tal como se comprometió de forma verbal a través de sus representantes, en diciembre de 2025. Hasta ahora, el gobierno ha retirado la denuncia penal contra la trasnacional por este caso, mientras que la compañía ha cedido en la huelga de Cananea y ha entregado 500 millones de pesos para acciones a favor de los municipios sonorenses afectados por el derrame tóxico de una presa de jales 

Representantes de Grupo México gestionan ante el gobierno federal autorizaciones ambientales para explotación minera a tajo abierto –considerada una de las más contaminantes y dañinas–, a cambio de que la empresa aporte los otros 1 mil millones de pesos que faltan para la remediación integral de los municipios afectados por el derrame tóxico en el Río Sonora, que data de 2014. Hasta ahora, la trasnacional ha entregado la tercera parte del recurso –500 millones de pesos–, conforme al compromiso que asumió en diciembre de 2025, ante las secretarías de Gobernación y Hacienda.

Fuentes gubernamentales consultadas por Contralínea refieren que las condiciones en las que se encuentra la empresa son ventajosas, porque el acuerdo aún no ha sido legalmente formalizado; y agregan que esto se conseguirá una vez que Grupo México aporte los 1 mil millones de pesos, pero para hacerlo está pidiendo como moneda de cambio dichas autorizaciones. No obstante, aseguran que no se han incumplido los tiempos programados para que esa aportación económica se haga efectiva, por lo que se mantiene en pie.

Las autorizaciones que está pidiendo corresponden a dos proyectos de explotación de cobre de minería a tajo abierto, en Baja California y e Sonora, e implicarían inversiones por más de 10 mil millones de dólares. Por ello, también utilizan como argumento para su exigencia el supuesto de contribuir a la economía mexicana.

Como Contralínea lo ha revelado, la negociación final estuvo a cargo de las secretarías de Gobernación y Hacienda, y se operó al más alto nivel: directamente fueron los secretarios Rosa Icela Rodríguez y Édgar Amador Zamora quienes negociaron con altos directivos de la compañía minera. En dichas reuniones, Grupo México ya había insistido en que se le autorizara ampliar sus proyectos mineros en la región, y ahora aprovecha eso para presionar a autoridades de la Semarnat.

También como parte de esos acuerdos –aún no transparentados por la Segob, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo instruyó en más de tres ocasiones– el gobierno de México accedió a retirar la denuncia penal contra la empresa del magnate Germán Larrea Mota Velasco por el caso del derrame tóxico en el Río Sonora –considerado el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México” por la propia Semarnat, según se estableció en dicha denuncia en 2023–. Consultada al respecto por Contralínea, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el retiro de la querella penal, aunque aclaró que se establecieron condiciones específicas que, de incumplirse, reactivarían el proceso judicial.

No obstante esa advertencia, Grupo México estaría buscando sacar una ventaja mayor, pues las autorizaciones que pretende obtener se le habían estado negando desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la nueva política para ir frenando la actividad extractiva altamente dañina para el medio ambiente.

Los proyectos por los que GM presiona

De acuerdo con la propia información pública de Grupo México, los proyectos por los que estaría presionando a la Semarnat son dos. Al respecto, en su informe financiero del cuarto trimestre de 2025, la empresa –en la que también participan fondos de inversión, como The Vanguard Group y BlackRock– informó a la Bolsa Mexicana de Valores: “estamos en espera de permisos y licencias en trámite que fueron detenidos durante el gobierno anterior [de López Obrador] y nos encontramos en pláticas con el gobierno actual para poder continuar con nuestras inversiones de más de 10 mil 200 millones de dólares.

“El Arco (Baja California). Este es un depósito de cobre de clase mundial ubicado en la parte central de la península de Baja California con reservas de mineral de sulfuros superiores a 1 mil 230 millones de toneladas con una ley mineral promedio de 0.40 por ciento; 141 millones de toneladas de material de lixiviación con una ley mineral promedio de 0.27 por ciento. El proyecto comprende una mina de tajo abierto con una concentradora de 120 mil toneladas por día de capacidad de molienda, y una planta ESDE con una capacidad de producción de 28 mil toneladas de cátodos de cobre lixiviados por año. Continúa en proceso la ingeniería detallada de la concentradora, la planta ESDE, la planta desalinizadora, infraestructura de logística, así como la transmisión de energía.

“El Pilar, Sonora. Este nuevo proyecto de cobre de baja intensidad de capital se encuentra estratégicamente ubicado en Sonora, México, aproximadamente a 45 kilómetros de nuestra mina Buenavista. Su mineralización de óxido de cobre contiene reservas estimadas probadas y probables de 317 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0.249 por ciento. El Pilar funcionará como una mina de tajo abierto con una capacidad de producción anual de 36 mil toneladas de cátodo de cobre utilizando la tecnología ESDE altamente eficiente en costos y respetuosa con el medio ambiente”.

El informe financiero agrega que “Grupo México tiene varios proyectos en México que pueden impulsar nuestro crecimiento orgánico en caso de que se determine que generen valor para nuestros grupos de interés y las comunidades donde operamos. Estos proyectos son: Angangueo, Chalchihuites y la Fundición de Empalme, que reforzaría nuestra posición como productos de cobre completamente integrado”.

Acuerdos lesivos para el interés público

Los acuerdos a los que llegaron los secretarios de Hacienda y Gobernación con los directivos de Grupo México serían muy lesivos para el interés público, porque además de dejar impune el derrame de tóxicos en el Río Sonora, que data de 2014, también podría implicar la reactivación de proyectos de minería a tajo abierto.

Como Contralínea lo ha documentado, la denuncia penal que se retiró en enero pasado fue presentada por la Semarnat el sexenio pasado –el 17 de agosto de 2023–, y acusaba a las filiales Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV, así como a las personas físicas que resultaran responsables por su presunta responsabilidad en actos negligentes que causaron el derrame tóxico de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014.

La empresa nunca se hizo cargo de esa contaminación gracias a las gestiones que sostuvo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, e incluso negó ante sus accionistas la magnitud del desastre ecológico. Por primera vez, en diciembre de 2025, altos ejecutivos de Grupo México accedieron a asumir parte de la responsabilidad, al acordar la entrega de 1 mil 500 millones de pesos para la remediación integral, pero condicionaron este pago al retiro de la denuncia penal [lo que ya ocurrió]. Y ahora se sabe que también pidieron a los secretarios de Gobernación y Hacienda que se les facilite el camino en la Semarnat para obtener autorizaciones ambientales para proyectos mineros.

Fue en los primeros días de enero de 2026, cuando la Segob ordenó a la Semarnat desistirse de la denuncia penal contra el Grupo México, relacionada con la contaminación del Río Sonora.

Para el 9 de enero, la Semarnat concretó la orden: ese día presentó ante el Poder Judicial de la Federación el primer escrito y los términos por los cuáles se retira dicha querella, presentada el 17 de agosto de 2023, durante el gobierno del presidente López Obrador.

La decisión de desistirse de la denuncia penal se tomó el 22 de diciembre de 2025, como parte de los acuerdos de alto nivel alcanzados con la empresa, en las mesas de diálogo en las que también llegaron a participar la secretaria Alicia Bárcena –de Medio Ambiente–, directivos del IMSS y del IMSS-Bienestar, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua.

Tal como lo explicó la presidenta Sheinbaum, el escrito presentado por la Semarnat el 9 de enero pasado condicionó el desistimiento de la denuncia penal a que Grupo México cumpla con todos los compromisos que asumió, no sólo en el tema del saneamiento del Río Sonora y la atención a la salud de los habitantes de la región, sino también en lo referente a los mineros de Cananea que, por años, se mantuvieron en huelga.

El pasado 13 de febrero en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el juicio contra Grupo México “tiene que cerrarse de acuerdo con la ley, no es nada más que se levante el juicio. La reparación integral del daño tiene que ver con una salida alternativa a este juicio. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero el gobierno insistió en que tenían que cumplir con lo que la comunidad desde hace años venia pidiendo”.

Fuentes consultadas por Contralínea explicaron que la autoridad ambiental puede reactivar en cualquier momento la acción penal contra el Grupo México, si éste incumple alguno de los acuerdos. También indicaron que la empresa de Larrea presionó para que se retirara este condicionamiento previo a pagar una primera parte de lo acordado, lo cual no se aceptó.

El 13 de febrero, la presidenta Sheinbaum afirmó que la compañía minera ya pagó una tercera parte de los 1 mil 500 millones de pesos que se comprometió. Al respecto, dijo que el dinero fue depositado a la Tesorería de la Federación, y que pronto se darán más detalles del acuerdo alcanzado, así como de las acciones que se están llevando en la zona afectada, en especial lo de la construcción del hospital.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el mismo 9 de enero pasado, el Grupo México retiró las demandas penales que interpuso contra el gobierno y contra exfuncionarios de la Semarnat. Sin embargo, no compareció para ratificar el desistimiento, con lo que esperaría que su cabildeo con Segob y Hacienda lleve al cierre total del tema penal, antes de cumplir con todas las medidas acordadas.

Por ese derrame tóxico, las autoridades federales calcularon en 2023 que más de 22 mil habitantes de ocho municipios (Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la parte rural de Hermosillo) ubicados en la cuenca del Río Sonora fueron afectados por ingesta o contacto con el agua contaminada con metales pesados.

Además, establecieron que el derrame tóxico se debió a un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1. Por lo que no se puede clasificar como accidente, sino como negligencia de construcción. “A lo largo del río hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua. A lo largo del río se encontró mercurio, geológicamente inexistente en agua y en sedimentos”, advirtió la Semarnat en sus argumentos de la denuncia penal.

La lista de metales pesados aún presentes en sedimentos del afluente incluye: arsénico, hierro y fluoruros, asociados a efectos negativos en la salud no sólo de las personas, sino del ambiente (suelo, agua, flora, fauna y aire).

Acuerdo con Grupo México

En la conferencia presidencial del 29 de diciembre de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que los dos acuerdos más relevantes con Grupo México fueron: las acciones en favor del medio ambiente, la salud y el agua de los habitantes de la región afectada por el derrame tóxico; y el fin de la huelga de más de 18 años de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana de la mina de Cananea, Sonora.

Agregó que, para cumplir ambos objetivos se pactó crear un fondo por 2 mil 222.6 millones de pesos. Ello, dijo Rodríguez, como parte de una inversión conjunta entre Grupo México, el gobierno federal, el gobierno de Sonora y el depósito de la empresa minera ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –de 2018 y 2019– para la instrumentación del Plan Integral de Justicia.

La secretaria de Gobernación detalló que, en materia de justicia ambiental. Grupo México aceptó que se establezcan mecanismos de restauración en el Río Sonora, con estudios técnicos y científicos que determinen la extensión de los daños en suelos y sedimentos, así como el tipo de acciones que se requieren para el saneamiento del suelo contaminado.

En materia de agua, afirmó que el acuerdo es fortalecer el monitoreo de la calidad del agua del Río Sonora con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real, nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste. Además, se pactó la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras que ya están en operación.

En materia de salud, detalló que el IMSS Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento del actual Hospital Comunitario en Ures. Por ello, éste “será transformado en Hospital Regional, con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados, un centro para la salud renal con servicios de nefrología, seis sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados”.

Las fuentes consultadas por Contralínea refieren que este punto de la atención a la salud de la población afectada también fue muy álgido en las negociaciones, pues una de las exigencias de la compañía de Germán Larrea fue que se le cambie el nombre a la Unidad Toxicológica. Ello, con el objetivo de “cuidar su imagen” de “empresa socialmente responsable” y “amiga del planeta”. Dicha Unidad médica será clave en la detección temprana de metales pesados en sangre, para atender posibles cuadros clínicos de enfermedades terminales, como cánceres y enfermedades crónico renales.

El 29 de diciembre, Rosa Icela Rodríguez afirmó que “el gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo, y ya estamos viendo que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico, como gobierno de la transformación escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de las que se tenga registro en la historia de México”.

Y confesó que “no fue sencillo” llegar a un acuerdo con Grupo México. “Ha sido un gran esfuerzo de muchas partes, claro que hubo resistencias, pero, al mismo tiempo, se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo”. Estos acuerdos fueron alcanzados directamente por los secretarios Rosa Icela Rodríguez y Édgar Amador, y comunicados posteriormente a las autoridades ambientales.

La denuncia del gobierno de AMLO

Interpuesta en 2023, la denuncia penal contra Grupo México se enfocó en la presunta negligencia que habrían cometido las personas morales Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV, así como personas físicas que resulten responsables por los mismos hechos relacionados con el derrame tóxico.

Sobre las personas físicas, la denuncia no sólo se refería a ejecutivos y encargados de las filiales mineras, sino también a exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat, que estaban en funciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los delitos que se denunciaron fueron contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción al omitir atender medidas técnicas, correctivas y de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental.

Específicamente a las empresas del Grupo México se les acusó de autoría intelectual y material de conductas activas y omisas que derivaron en la extinción del fideicomiso para atender los daños ambientales y de salud derivados del derrame tóxico. Es decir, para cubrir la mitigación del desastre ambiental, así como indemnizar en materia social, sanitaria y económica a las personas afectadas.

A los exservidores públicos del gobierno de Peña Nieto se les acusó de incumplimiento de funciones, pues no verificaron de forma directa el cumplimiento de los términos de la concesión minera. Así, retirar la denuncia penal contra todos ellos implica desistirse de acciones que podrían incluir penas de cárcel.