Con el fin de recabar opiniones, sugerencias y planteamientos sobre una nueva iniciativa legislativa, el gobierno federal anunció el inicio del proceso de consulta nacional para la construcción de la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, reglamentaria del Artículo segundo constitucional, el cual reconoce derechos de carácter colectivo de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas; es decir, la primera de este carácter en México y América Latina.

El proceso de consulta se llevará a cabo del 1 de julio al 6 de agosto entre los 69 pueblos indígenas y el afromexicano, distribuidos en 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Canapia), con el objetivo de recabar distintas opiniones sobre la iniciativa, la cual impactaría a más de 28.5 millones de personas, equivalentes al 20.5 por ciento de la población nacional.

“La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos debe ser consultada para cumplir con la Constitución. Y hay un trabajo que se ha hecho, prácticamente llevan año y medio trabajando en la ley y ya está lista, y a partir de ahora sale una consulta nacional con los pueblos originarios”, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

Desde el Salón de Tesorería, la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, ahondó en el proceso al explicar que la tercera etapa será la fase deliberativa, en la que las comunidades analizarán y también discutirán el contenido de la propuesta legislativa. Con ello, detalló que esta etapa se llevará a cabo del 7 de agosto al 13 de septiembre, periodo durante el cual cada comunidad hará deliberaciones conforme a su propio sistema de tipo normativo y en respeto a sus formas tradicionales de organización y de toma de decisiones, por lo que se harán 82 asambleas regionales de consulta distribuidas en distintas regiones del país.

“Y habrá siete mesas de trabajo particulares: Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro”, sostuvo Alcalde Luján.

Sobre la cuarta etapa, la funcionaria explicó que en esta fase se realizarán los estudios y adecuaciones necesarias al proyecto de iniciativa, con base en las propuestas, recomendaciones y conclusiones recabadas durante las asambleas de carácter regional y en las mesas de trabajo. Y, una vez concluida la deliberación en territorio, cada una de las observaciones serán analizadas para determinar su incorporación al proyecto legislativo. Así, la etapa de estudio y adecuación se desarrollará del 21 de septiembre al 11 de octubre.

La iniciativa, después de todo este proceso de consulta e incorporación de cada propuesta de las comunidades de los pueblos originarios y afromexicanos, se presentará al Congreso de la Unión el lunes 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural.

Reconocimiento a pueblos originarios como sujetos de derecho público

Tras décadas de lucha contra la exclusión social, el racismo, la discriminación, la desigualdad, despojo, violencia y abandono gubernamental, ahora el Estado mexicano reconoce en su marco constitucional a los pueblos indígenas y al afromexicano como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Bajo este marco es que emana la nueva Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Al respecto, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa está integrada por disposiciones preliminares, ocho libros y un régimen transitorio, con el objetivo de construir un marco normativo integral que garantice el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.

Detalló que el primer libro establece las bases para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, lo que los faculta para ejercer de manera colectiva su personalidad jurídica y fortalecer su relación de coordinación con el Estado mexicano. El segundo desarrolla el régimen de libre determinación y autonomía en ámbitos comunitarios, municipales y regionales, lo que incluye materias como tierras, propiedad intelectual colectiva, planes de justicia y caminos artesanales.

Asimismo, Regino sostuvo que el tercer libro está dedicado específicamente a los pueblos y comunidades afromexicanas, donde se desarrollan los principios para el ejercicio de su autonomía bajo un enfoque de inclusión y combate al racismo. En tanto, el cuarto libro aborda los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes indígenas y afromexicanas, mediante acciones afirmativas y medidas reparatorias orientadas a fortalecer su participación política, el acceso a la tierra y una vida libre de violencias.

Mientras que el quinto libro atiende a sectores históricamente invisibilizados, como personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, con especial atención a jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar y trabajadores de la construcción. El sexto, añadió, establece por primera vez un marco legal específico para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado frente a medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a estas comunidades.

Finalmente, Adelfo Regino expuso que los libros séptimo y octavo regulan, por un lado, la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para asegurar la asignación de recursos y la coordinación institucional y, por otro, los mecanismos de responsabilidad, sanción y tutela judicial, incluido el juicio de amparo indígena y afromexicano, para garantizar la protección efectiva de sus derechos. Con ello, sostuvo que la propuesta busca traducir el reconocimiento constitucional en mecanismos concretos de autonomía, justicia y reparación histórica.

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