Muchos de los intereses de grupos fácticos, involucrados en los 8 mil casos que deberán comenzar a atender los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), seguramente se verán afectados al no contar con la complicidad y apoyo de los integrantes del Cártel de la Toga y el Birrete que, para bien de la nación, ya se van.

Buena parte de los representantes y voceros del viejo neoliberalismo no acaban de digerir el golpe asestado en las urnas para elegir al nuevo Poder Judicial.  Siguen porfiando en tratar de desprestigiar a los nuevos miembros del alto Tribunal, que sin duda serán la Corte más vigilada y observada en la historia del país.

Una de las persistentes críticas busca descalificar capacidades a los nuevos ministros y ministras. No deberá  extrañar a los mexicanos que pongan el grito al cielo –a través de sus medios masivos tradicionales–, cuando comiencen a emitir sus sentencias. Las mismas no serán del agrado de aquellos grupos acostumbrados a tener una mesa de trámite que, por generalidad, les dispensaba sentencias favorables.

La oligarquía tiene serias razones para estar preocupada. En muchos de esos 8 mil juicios, ya no tendrán la acostumbrada ruta de escape. Por ello, la sociedad deberá estar atenta; la defensa de la ley y del nuevo Poder Judicial será una tarea permanente.

Para el mundo jurídico, como para diversos sectores, la historia será inédita. Comenzará a escribirse el 1 de septiembre, e implica un verdadero cambio de paradigma por parte de los integrantes de la Suprema Corte.

Sólo de esta forma, la justicia no se quedará en  las mafias de los bufetes de abogados corruptos y chicaneros. Ellos han sido quienes han monopolizado la interlocución con los altos magistrados. Las puertas del Máximo Tribunal se deben abrir por primera vez al pueblo.

Qué sean los trabajadores, los indígenas y los campesinos  las personas escuchadas por los nuevos integrantes de la Corte. Sólo así, el respeto a sus derechos humanos, laborales y a la defensa de su agua, su tierra y territorios serán una realidad.

Se anulará el viejo esquema, donde los abogados sólo podían ser pagados en la máxima instancia por poderosos grupos económicos y políticos. Ellos accedían a la justicia como un privilegio .

En este espacio, he denunciado la evidente parcialidad con que esos hombres y mujeres dictaban sus sentencias. Se mantuvieron en una burbuja de privilegios, alejados y ajenos a la terrible injusticia que padecía el pueblo. Sus fallos carecieron del menor sentido de la justicia social.

Su tramposa interpretación de las leyes cayó muchas veces en la peor contradicción del sentido común. Y fue lamentable saber que la Suprema Corte realizaría  sentencias en contra, cuando juicios relacionados con despojos de tierras a comunidades campesinas o indígenas, o que implicaban un menoscabo a los derechos laborales de millones de trabajadores, llegaban. Las resoluciones eran para favorecer a los proyectos depredadores de los grandes empresarios e inversionistas.

Pruebas en tal sentido abundan. Por ejemplo, la negativa que dieron a la petición –acompañada de más de un millón de firmas– para frenar la lesiva Reforma Laboral de Calderón. Ésta legalizó regresiones a los derechos laborales como la seguridad social, a través del outsourcing.

También, los miembros del Cártel de la Toga y el Birrete protegieron los intereses de consorcios, como Grupo México de Germán Larrea. Y negaron el derecho de huelga a los mineros de Cananea, Taxco y Sombrerete.

De igual manera, impidieron el regreso a sus puestos de trabajo a los electricistas del SME, quienes fueron despojados de manera anticonstitucional. Esto, a pesar de un falló emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, en septiembre del 2012. Éste obligaba al gobierno del espurio Felipe Calderón a asumirse como patrón sustituto, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Meses después, en una sentencia, la cual muy fue cuestionada por reconocidos juristas, los ministros echaron abajo ese fallo, en enero del 2013 Esto, bajo el argumento que no existía la obligación del gobierno de asumirse como patrón sustituto, ya que las empresas públicas eran autónomas del Poder Ejecutivo, cuando es el presidente quien nombra a los directores de la CFE y de Pemex.

La absurda determinación dejó en claro la sumisión de los miembros de la Corte a los dictados de la Presidencia de la República. Estas aberraciones jurídicas no deben volver a repetirse. Tampoco, los nuevos integrantes del alto Tribunal deben permitir que se viole de manera flagrante la ley por presiones de los poderes fácticos.

La oligarquía y sus aliados han tratado de echar mano de organismos internacionales que han caído en desprestigio por sus tendenciosas posturas y opiniones, como es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), que intentó desvirtuar mediante la opinión de sus observadores, el pasado proceso de elección del nuevo Poder Judicial.

La OEA se ha ganado a pulso su merecido desprestigio como defensora de los países del continente. Se ha convertido en un apéndice de los dictados de Washington. Asimismo, ha descalificado a aquellas naciones que han instaurado gobiernos de izquierda.

El caso de Venezuela es uno de los más representativos de que su función se ha desvirtuado, haciéndola perder autoridad y peso moral. Ya no velan por la paz y la democracia de los países latinoamericanos.

Curiosamente, sus líderes no han asumido una firme posición para defender la represión contra los migrantes mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo. ha buscado descarrilar la elección mediante la cual los mexicanos dimos un giro total a un Poder Judicial corrompido.

Los mexicanos deberemos estar atentos al actuar de los nueves jueces, magistrados y ministros. Pero también, hay que estar dispuestos a defenderlos de las acechanzas por venir.

No debemos olvidar que habrá una nueva elección para renovar los cargos pendientes en 2027; de esta manera, lograr una integración completa que destierre a aquellos impartidores de justicia que dejaron de aplicar la ley a favor de las mayorías.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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