Las investigaciones que se siguen en contra de la panista Rosa María de la Garza Ramírez –conocida como Rosi Orozco– en las fiscalías generales de justicia de la Ciudad de México y el Estado de México, así como en el grupo de trabajo del gobierno federal que se instaló para atender los tres casos de violaciones sexuales contra menores de edad ocurridos en los refugios de la organización Comisión Unidos vs la Trata, AC, siguen abiertas, aseguró este día la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Consultada por Contralínea respecto de las responsabilidades de Orozco y su asociación civil en dichas violaciones sexuales –sobre todo porque sus albergues no están autorizados por la Secretaría de Gobernación y operan sin personal capacitado y en espacios no aptos, como ha confirmado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 72/2022–, la funcionaria afirmó: “tenga la certeza de que las carpetas de investigación que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización y que aún la fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra, nosotros estamos esperando esa parte digamos del propio proceso judicial”.
En la conferencia presidencial de este día, Rosa Icela Rodríguez agregó que también el grupo de trabajo que encabezan servidores públicos de varias dependencias federales, entre ellos Gobernación, el DIF nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también mantiene una investigación abierta por este caso.
Dicho grupo, explicó, está atendiendo la problemática que existe, y es real, obre algunos albergues particulares y, en especial, los que tienen los temas de trata, no solamente de trata de niños, sino también de mujeres. “Ahí hay una investigación abierta de este grupo de trabajo […], en donde estamos tomando decisiones respecto de ese caso”. Y reiteró que el proceso judicial no ha terminado, y que el DIF nacional ya realiza actuaciones.
Contralínea también preguntó qué va a pasar con los dos funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que, de acuerdo con la Recomendación 72/2022, violaron los derechos humanos de los cinco infantes que vivían en los refugios de Orozco, y en específico con el servidor público federal que recomendó que los infantes violados sexualmente permanecieran en los refugios de Rosi Orozco a pesar de que seguían conviviendo con sus agresores. Al respecto, la secretaria afirmó que “hay una revisión de responsabilidades precisas, no solamente de los relacionados con la propia Comisión de Trata [Comisión Unidos vs la Trata], sino también con los servidores públicos y no hay impunidad en este caso. De cualquier forma, de cada una de las decisiones hay, digamos, documentos en donde se está revisando cuál fue la actuación de cada servidor público”.
—¿Y qué va a pasar con los refugios de Rosi Orozco? Porque siguen recibiendo niños, les siguen mandando los DIF estatales niños con estas condiciones.
—Es la comisión encargada del tema de trata y el DIF quienes tienen tomar la decisión para saber qué va a pasar, si hay una problemática en otros refugios.
—Es sistemático. Lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que ninguno de los refugios tiene las condiciones necesarias, ni el personal, porque ni siquiera estaba capacitado.
—Por eso, está en una revisión exactamente para saber la actuación también y los permisos correspondientes, y a dónde se trasladarían, si es el caso, de algunos de estos refugios.
Y sobre este mismo tema, el secretario Adán Augusto López Hernández aseguró que “hay una unidad en la Secretaría de Gobernación que se llama Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. Se está interviniendo en coordinación ya con los sistemas DIF estatales y con la Secretaría de Seguridad Pública, y podría yo ahí sí informarle con toda precisión que en lo que va de este año no ha sido enviado ningún niño a los albergues que señala [es decir, los de Rosi Orozco], que se está atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que se está trabajando coordinadamente con las fiscalías estatales, tanto del Estado de México, como la de la Ciudad de México”.
Respecto del estado procesal que guardan las investigaciones contra Orozco y su asociación Comisión Unidos vs la Trata, el secretario de Gobernación dijo que no se puede dar a conocer “porque estamos obligados a guardar la secrecía, pero la secretaria de Seguridad Pública puntualmente acaba de informar que están trabajando las dos fiscalías en la investigación”.
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