Con poco más de cuatro meses de haber sido designado nuevo secretario de Gobernación (Segob) para cubrir la segunda mitad del sexenio –tiempos políticos en los que se elegirá al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador–, Adán Augusto López Hernández debe decidir si le da continuidad a las investigaciones iniciadas en esa dependencia sobre quien fuera también titular de la Segob en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, o le da carpetazo por tratarse de un político que ahora coordina a la bancada del PRI en el Senado de la República.

En esos expedientes destaca una contratación directa del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social –por más de 539 millones de pesos– que favoreció a Comtelsat, SA de CV, propiedad de Manuel Arroyo –dueño del periódico El Financiero–, que según las indagatorias se asignó indebidamente y con sobrecostos.

Las investigaciones fueron abiertas por la exministra Olga Sánchez Cordero cuando fue titular de Gobernación (2018-2021), con la coordinación de quien fuera secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en donde se exponen cómo se utilizó la figura jurídica de “seguridad nacional” para asignar de manera directa (sin licitación) miles de contratos de obras y servicios a empresas que no cumplían con los requisitos, otras eran fantasmas, unas más pertenecían a compadres y amigos, y muchas fueron utilizadas sólo para desviar recursos públicos en un presunto daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos.

Se trata de un grueso expediente, en poder de Contralínea, que se empezó a integrar en 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en cuyas indagatorias participaron la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República, consistente en revisar todos los contratos asignados por “seguridad nacional” en los primeros cinco años del gobierno de Peña Nieto, cuando Osorio Chong estuvo al frente de esa dependencia y es prácticamente imposible que desconociera como se asignaban de manera irregular los contratos, igual como ocurrió con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien ahora está presa por el desvío de recursos públicos de esa dependencia, conocida como la “estafa maestra”.

En el expediente, elaborado por la propia Secretaría de Gobernación, explica cómo en los cinco años, de 2012 a 2017, se recurrió a un esquema de presunta defraudación al erario público por más de 3 mil millones de pesos, pues bajo el concepto de “seguridad nacional”, en donde nada se licita y se designa arbitrariamente a empresas privadas para la contratación de bienes y servicios, se inflaron precios, se utilizaron empresas fantasmas, se adjudicaron obras y servicios a compadres y amigos y, en muchos casos, no hay documentos que confirmen o comprueben que el gasto con dinero público que se empleó que las obras y se realizaron o adquirieron.

Contralínea posee copias de documentos oficiales que integran ese amplio expediente que incluye número de contratos, nombre de empresas y montos pagados, información que en su oportunidad fue confirmada a esta publicación por quienes ocupaban las secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero actual presidenta del Senado de la República, y de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Se trata de miles de contratos clasificados y reservados como compras de “seguridad nacional”, que según el expediente se entregaron de manera irregular, bajo la presunción de las autoridades de que fue mediante comisiones y sobornos, en beneficio de empresas privadas y funcionarios corruptos, lo que causó un cuantioso daño multimillonario al erario público.

Esta investigación estuvo a cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, con la participación de la Dirección General Adjunta Penal y Civil y el Órgano Interno de Control, éste dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

Sabemos que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde integraron el expediente y se habría remitido a un juzgado federal en busca de que se libraran las órdenes de aprehensión respectivas.

En los propios documentos oficiales de Gobernación se reconoce que fueron “contratos con riesgo alto e intermedio”, pues se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), al otorgarlos sin licitar y bajo la falsa premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública.

La información del expediente sigue “reservada”, pero logramos conocer que en la denuncia se afirma que el gobierno de Peña Nieto tendría “responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación, además de haber provocado cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas”.

En una revisión sobre los primeros 19 contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil, el gasto público ascendió, sólo en esos, a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como son mucho más contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial rebasa los 3 mil millones de pesos.

Entre las adquisiciones hechas por Gobernación bajo el supuesto de “seguridad nacional” están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

En la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, relativo a seguridad nacional, se precisan así los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”.

Por lo anterior, ningún contrato de los mencionados debió otorgarse bajo el concepto de “seguridad nacional” y, mucho menos, pactarlos como plurianuales, por lo que varios de esos contratos millonarios vencen hasta a finales de 2022.

En el expediente se explica que los contratos contienen términos como “servicios prestados, no formalizados, litigiosos y compromisos trascendentales”, a pesar de lo cual la Secretaría de Gobernación los pagó en su totalidad.

Sólo como ejemplo, hay un contrato plurianual (2017-2020) por 539 millones 997 mil 478.41 pesos, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, número OADPRS/DGA/CC/029/2017, para proporcionar servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales de PyRS (Prevención y Readaptación Social).

De acuerdo con las autoridades investigadoras, éste debió asignarse mediante licitación pública nacional; sin embargo, la Secretaría de Gobernación violentó la ley al adjudicarlo de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional, establecido en el artículo 41, fracción IV, de la LAASSP.

La empresa privada beneficiada con dicho contrato fue Comtelsat, SA de CV, propiedad de Manuel Arroyo, dueño del periódico El Financiero, y los montos anuales asignados son: 2017, 134 millones 999 mil 369.60 pesos; 2018, por 179 millones 999 mil 159.47 millones; 2019, 179 millones 999 mil 159.47, y 2020, 44 millones 999 mil 789.87 pesos.

De acuerdo con los dictámenes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob y el Órgano Interno de Control, dicho contrato debió licitarse porque en el mercado hay otras empresas mexicanas que prestan el mismo servicio de tecnología, y se pudo obtener un mejor precio y un ahorro de dinero público, además de que Comtelsat fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2014 y dicha resolución quedó firme en 2016, aunque “por sólo un periodo de 3 meses”.