A finales del gobierno de Enrique Peña Nieto se cometieron desvíos y otros delitos por más de 7 mil millones de pesos en el uso de recursos federales destinados a estados y municipios dentro del Ramo 23, concretamente a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).

Los gobiernos identificados como los principales saqueadores de recursos del Ramo 23 en 2017 corresponden a cinco estados del país, los cuales dispusieron indebidamente de 5 mil 300 millones de pesos: Michoacán, con 2 mil 500 millones; Estado de México, 900 millones; Puebla, 900 millones; Coahuila, 800 millones, y Tabasco, 200 millones.

En los dos últimos años del gobierno de Peña, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -a cargo de José Antonio Meade Kuribreña hasta noviembre de 2017 y de José Antonio González Anaya en 2018- resolvió aumentar en 1 mil 700 por ciento el presupuesto del Fortafin, pues mientras la Cámara de Diputados había etiquetado para dicho Fondo sólo 3 mil millones de pesos en un año, Meade elevó la cifra a 55 mil millones.

Fuentes financieras explicaron que en una revisión realizada al ejercicio de dicho Fondo en sólo 16 estados del país, se descubrió irregularidades por 2 mil 500 millones, pero fue mayor la sorpresa cuando al concluir la revisión a los 32 estados de la República las anomalías en el gasto dentro del Ramo 23 se elevaron hasta los 7 mil millones de pesos.

El Ramo 23 es una partida presupuestal administrada por la SHCP y cuenta con diversos fondos, uno de ellos es el Fortafin, al cual Meade Kuribreña y González Anaya decidieron destinarle más recursos que a cualquier otro en 2017 y 2018, contraviniendo las disposiciones de la Cámara de Diputados.

Los resultados de las primeras investigaciones consideran ya al Fortafin como el principal Fondo utilizado política y económicamente por el gobierno de Peña Nieto para comprar gobernadores y presidentes municipales, sin importar que éstos desviaran indiscriminadamente los recursos públicos.

En 2017, los recursos del Ramo 23 canalizados a estados y municipios (Fortafin) del país ascendieron a poco más de 125 mil millones de pesos, mientras que la revisión que se hace de 2018, al cierre del gobierno de Peña Nieto y José Antonio González Anaya al frente de Hacienda, asegura fuentes hacendarias que los resultados de la revisión es escandalosa por el mal uso de miles de millones de recursos públicos destinados a gobiernos estatales y municipales de todo el país.

A partir de 2019, con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, los polémicos recursos del Ramo 23, también conocido como el “fondo de los moches” porque algunos legisladores han utilizado la asignación de esos recursos como un chantaje y soborno para estados y municipios, fueron minimizados en el Presupuesto de Egresos Federal.

Sin embargo, dado el mal uso que ejerció el gobierno del expresidente Peña Nieto para operar políticamente en estados y municipios, ya se esperan los resultados de las auditorías al respecto.