El juez Octavo de Distrito en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, es uno de los favoritos entre los grupos de interés económico y político cuando se trata de buscar amparos o suspensiones de plano. Al tiempo, goza de percepciones mensuales superiores a los 313 mil pesos, monto que rebasa en 137 mil pesos el sueldo del presidente de la República

Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuenta con percepciones anuales por 3 millones 764 mil 766.68 pesos, lo que significa un promedio de 313 mil 730.56 pesos al mes.

Es decir, percibe 137 mil 155 pesos más que el titular de Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, quien –con todo y prestaciones– tiene un sueldo integrado de 176 mil 575 pesos. Así, Santos Pérez cuenta con un sueldo 77 por ciento mayor que el del presidente de la República.

El funcionario del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, constantemente es buscado por grupos empresariales, miembros de le delincuencia organizada e integrantes del Frente Amplio por México (FAM: PAN, PRI y PRD) para que emita fallos en los que protege sus intereses.

En una de sus resoluciones más recientes, Santos Pérez ordenó al titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, abstenerse de referirse a la legisladora y precandidata del FAM, Xóchitl Gálvez. El juez incluso prohibió al presidente de la República toda mención a la senadora tanto en su conferencia de prensa como en sus cuentas de redes sociales.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el juez Martín Adolfo Santos Pérez cuenta con una remuneración bruta mensual de 192 mil 157.09 pesos, es decir, 2 millones 305 mil 885.08 pesos al año.

Otras percepciones mensuales son una prima quinquenal por 1 mil 530 pesos (18 mil 360 anuales), y un seguro de separación individualizado por 25 mil 469.99 (305 mil 639.88 anuales).

A los montos se suman otras remuneraciones de carácter anual. Se trata de un aguinaldo por 339 mil 304 pesos; una prima vacacional por 56 mil 34; un bono por el Día de la Madre por 1 mil 515; un seguro de gastos médicos por 71 mil 492.72; un seguro de vida institucional por 22 mil 189, y un pago por riesgo por 644 mil 347 pesos.

Santos Pérez es el juez que consideró “discurso de odio” que el presidente de la República diera a conocer que la empresa de Xóchitl Gálvez recibió contratos por 1 mil 400 millones de pesos en los últimos 9 años. La mayoría de estos instrumentos, el 70 por ciento, se celebraron con la alcaldía Miguel Hidalgo, de la que la hoy senadora fue titular.

El juez es el mismo que la noche del 7 de mayo de 2016 frenó la extradición inmediata de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, a Estados Unidos. Las autoridades mexicanas ya habían trasladado al exlíder del Cártel de Sinaloa a un penal federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 40 kilómetros de la frontera con ese país, y las autoridades mexicanas ya realizaban labores logísticas para el traslado del reo.

Entonces Martín Adolfo Santos Pérez le concedió a Guzmán Loera una suspensión de plano, “con el fin de evitar actos de autoridad que violen sus derechos humanos o que le causen perjuicios de imposible reparación”. La extradición finalmente se realizaría el 19 de enero de 2017. El juez ya no pudo hacer nada.

En el historial del funcionario del Poder Judicial de la Federación también figura el desbloqueo de cuentas del extitular de la demarcación Benito Juárez, Christian von Roehrich. El panista, prominente integrante del Cártel Inmobiliario, recibió el 7 de diciembre de 2022 del juez Santos Pérez un amparo para desbloquear su cuenta bancaria.

Detenido el 20 de abril pasado, Von Roehrich fue también líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México.

Como se recordará, el exjefe delegacional de la Benito Juárez ha sido vinculado a proceso en dos ocasiones por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Se le considera una de las cabezas de la red de corrupción en el sector bienes raíces en dicha demarcación, denominada “Cártel Inmobiliario”.

Al panista se le atribuye el posible otorgamiento de permisos ilegales de construcción y desalojos violentos, así como extorsiones a empresarios al solicitarles sobornos en efectivo y/o departamentos. Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también permitieron localizar otros contratos irregulares de obras.

El exalcalde emanado del PAN fue detenido el 21 de abril en McAllen, Texas, Estados Unidos, cuando intentó cruzar a ese país como indocumentado. Fue trasladado al Reclusorio Norte de la capital de la República Mexicana, donde se encuentra hasta la fecha.

Cliente de los círculos panistas, Martín Adolfo Santos Pérez también fue el juez que intentó entorpecer el plan nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2 en plena pandemia de Covid-19. A mediados de enero de 2021 concedió una serie de suspensiones de plano para que se modificara la política gubernamental según los criterios de un grupo de empresarios.

Fue necesario que dos tribunales echaran abajo la intentona de Santos Pérez para evitar que se suspendiera la aplicación de vacunas gratuitas de carácter universal, priorizando la edad de las personas y la vulnerabilidad, como lo diseñó el gobierno federal.

Asimismo, el 28 de diciembre de 2022, Santos Pérez benefició a las grandes tabacaleras trasnacionales con un amparo para que siguieran vendiendo entre la población mexicana cigarros electrónicos y vapeadores. De hecho, a lo largo del año otorgó varias suspensiones que ordenaron a las autoridades devolver estos productos a los comercios donde fueron asegurados.

Incluso, la sentencia de amparo de Santos Pérez ordenó que no aplicara la disposición del decreto que prohibía la circulación de estos productos por el país.

La organización de empresarios que lucran con el sector educativo, Educación con Rumbo, también obtuvo de Santos Pérez en octubre pasado la suspensión del programa piloto para aplicar el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria del ciclo 2022-2023. La impugnación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la resolución de otras instancias judiciales permitieron que siguiera adelante el proyecto.

Además, a finales de mayo de 2023, el mismo juez otorgó un amparo a trasnacionales de la comida chatarra para que vuelvan a utilizar personajes infantiles en sus productos que atentan contra la salud de la niñez y la población mexicana.

Y entre otras resoluciones a la carta, Santos Pérez intentó entorpecer la política de seguridad pública del gobierno federal. Y buscó sabotear la integración de la Guardia Nacional.

El pasado jueves, el presidente de la República leyó en su conferencia de prensa matutina la carta que le envió al funcionario del Poder Judicial de la Federación. En su misiva, López Obrador le espetó:

“Advierte ‘malicia efectiva’ de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Fue usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectaban el interés público y dañan al pueblo.”

López Obrador también informó en esa conferencia con la prensa que enviaría el escrito al Consejo de la Judicatura Federal. El objetivo, “que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad, propia de conservadores, y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando”.

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