Buenos Aires, Argentina. Con una declaración de 100 puntos para “promover la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los pueblos” de la región concluyó, en esta capital, la séptima cumbre de los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

El documento, consensuado entre los 33 gobiernos, reiteró posiciones asumidas en numerosos foros internacionales, como que la región es una “zona de paz”, defiende sus recursos naturales y estratégicos, y promueve la integración a la vez que reconoce “la diversidad política, económica, social y cultural de los pueblos”.

La cumbre permitió el relanzamiento de la Celac, creada en 2010 en México, al reincorporarse Brasil con su nuevo mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, después de que en 2020 el expresidente derechista Jair Bolsonaro (2019-2022) separase de la entidad a la mayor economía de la región.

La cita también fue marcada por las ausencias de algunos mandatarios, y un diálogo entre los asistentes que consumió la jornada del martes 24 permitió tratar puntos álgidos de la coyuntura regional y mostrar algunas de sus divergencias.

La Declaración de Buenos Aires, de 28 páginas, reitera la defensa de los derechos humanos, de la democracia y apunta que la celebración de “elecciones libres, periódicas, transparentes” es una “expresión de la soberanía del pueblo”.

Se destacan los impactos de la cascada de crisis generada por la pandemia de Covid-19, en particular el incremento de la deuda externa de muchos países, y se demanda de las instituciones financieras internacionales el establecimiento de condiciones que permitan asumir esos compromisos y a la vez la recuperación económica.

El texto pone de relieve la condición estratégica de la región como productora de alimentos y a la vez la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes.

Considera la acción frente al cambio climático “una prioridad global” y recuerda “la urgencia de que los países desarrollados cumplan su compromiso de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares por año a partir de 2020 hasta 2025 para el financiamiento” de la acción climática.

La declaración dedica varios apartados a la situación de las mujeres, jóvenes y niñas durante la emergencia sanitaria por Covid y con posterioridad a la pandemia, reconociendo que “se evidenció un impacto diferenciado por motivos de género” y quedó al descubierto “el aumento de los niveles de violencia doméstica”.

“Reconocemos con preocupación la persistencia de brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral, los salarios, el empleo de calidad y el acceso a la protección y a la seguridad social”, reza el texto.

También hubo apartados para la estrategia sanitaria, ciencia tecnología e innovación, infraestructura para la integración, juventudes, migraciones (con rechazo a toda forma de discriminación, xenofobia y discurso de odio), discapacidad, educación, cultura; y cooperación en las materias diplomática, espacial y nuclear.

Se agregaron 11 breves declaraciones especiales, la primera de las cuales es de profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Haití, y recomienda estudiar la opción de que una fuerza multinacional especializada acuda en respaldo de las fuerzas de seguridad de ese país.

Otra condena el sistema de listas y exclusiones en la clasificación de países –una práctica sostenida por Washington– y en particular insiste ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se reclame el fin del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense sobre Cuba.

Con respecto de Venezuela, los mandatarios saludaron los acuerdos alcanzados el pasado noviembre entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria. Esos acuerdos versan sobre el financiamiento posible de programas sociales, sin avances públicos conocidos en materia electoral y política.

Otros acuerdos reiteraron el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico, los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y la aspiración de que la región quede libre de colonias y colonialismo.

Entre las ausencias a la reunión destacaron las de Andrés Manuel López Obrador de México, Daniel Ortega de Nicaragua, Guillermo Lasso de Ecuador, Dina Boluarte de Perú y Nicolás Maduro de Venezuela, quien canceló su viaje a último minuto.

En los diálogos, debates y mensajes de vídeo enviado por algunos de los mandatarios que no asistieron se trató el tema de Perú, con fuertes críticas del colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric al encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y a la represión de las manifestaciones.

Sobre Venezuela, el paraguayo Mario Abdo Benítez planteó que “no se puede olvidar a la diáspora venezolana y ante la migración de 7 millones de personas no podemos mirar para el lado”.

El uruguayo Luis Lacalle Pou hizo la intervención más disonante al exponer que la Celac defiende la democracia, las instituciones y los derechos humanos “pero hay países acá que no respetan la democracia, las instituciones ni los derechos humanos”.

Cuando instaló los trabajos, el anfitrión Alberto Fernández reconoció que la democracia “está definitivamente en riesgo”, pero fundamentalmente por los ataques de la extrema derecha como la que protagonizó en 2019 un golpe de Estado en Bolivia y tomó por asalto sedes del poder en Brasilia el pasado día 8.

La cumbre cerró con el traspaso de la presidencia pro témpore de la Celac de Fernández al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

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