Lo que está pasando en Ecuador es una muestra muy clara del nivel de descomposición social que se puede generar en un país en unos pocos años. Cuando terminó el gobierno progresista de Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, Ecuador tenía una tasa de homicidios dolosos de 5.1 personas por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas en toda América Latina. Sin embargo, después de dos gobiernos neoliberales, el de Lenin Moreno (2017-2021) y el de Guillermo Lasso (2021-2023), los niveles de homicidios y criminalidad se dispararon. En 2023 la tasa de homicidios dolosos fue de 40 por cada 100 mil habitantes ¿Cómo pasó Ecuador de ser uno de los países más seguros de la región a ser uno de los países más peligrosos del mundo en tan sólo 7 años?

Los hechos de violencia que se desataron en días pasados muestran dos cosas: el nivel de poder que han alcanzado los grupos de la delincuencia organizada que son capaces de paralizar a todo un país y el nivel de violencia desatado, el cual puede pasar a ser caracterizado como narcoterrorismo. Y sí, ya podemos hablar de narcoterrorismo porque la toma del canal de televisión tuvo como finalidad desatar el terror entre la población. Lo mismo la violencia que se desató en las universidades, en las plazas comerciales, en las calles y las plazas públicas. La población tuvo que resguardarse en sus casas para proteger sus vidas.

En México se comparó está violencia con el llamado Culiacanazo, ocurrido en 2019 cuando el Cártel de Sinaloa sitió Culiacán para presionar y lograr la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. En ese momento el gobierno mexicano decidió dejar ir al hijo de Joaquín Guzmán Loera para evitar un baño de sangre. Años más tarde, el 5 de enero de 2023, el gobierno de AMLO detuvo y luego extraditó a Ovidio Guzmán, quién ahora está preso en Estados Unidos.

Sin embargo, lo que ha estado pasando en Ecuador es muy diferente al Culiacanazo. En primer lugar, la motivación de la violencia fue diferente, pues los criminales en Ecuador no buscaron liberar a alguno de sus capos. En segundo lugar, el nivel de violencia fue a escala nacional, mientras que el Culiacanazo fue un hecho a nivel local. La violencia en Ecuador se concentró principalmente en Guayaquil, pero también en otras ciudades y pueblos. Finalmente, la violencia se desató cuando se escapó el Fito, lo cual es extraño. Usualmente los narcotraficantes no generan este tipo de violencia cuando se escapan. El Chapo Guzmán no lo hizo las dos veces que escapó de prisiones de alta seguridad. Y más bien manejan un perfil bajo. Entonces, ¿cuál es la motivación central de la violencia? No se sabe aún, pero se puede inferir que el mensaje que hay de fondo parece ser el de mostrar la debilidad del actual gobierno ecuatoriano y la ingobernabilidad en ese país.

La respuesta del gobierno de Gabriel Noboa fue muy dura. Reconoció que hay un conflicto armado interno y llamó al Ejército a combatir al crimen organizado calificándolo de terrorista. Se decretó el estado de emergencia de 60 días. Luego de esta declaración, se detuvieron a 300 personas miembros de bandas y se liberaron 57 rehenes. Todos los partidos políticos respaldaron está decisión.

Los medios de información conservadores y que están ligados a los intereses del capital trasnacional aprovecharon la coyuntura para golpear al expresidente Rafael Correa. Dicen que en su gobierno se expulsó al Ejército estadunidense de la base militar de Malta –territorio ecuatoriano– y que esa acción generó una menor capacidad militar del gobierno de Ecuador para enfrentar a los grupos de narcotraficantes. Añaden que esto los hizo crecer más en la región. Para ellos, la génesis del actual problema de la narcoviolencia está en el gobierno de Correa.

Sin embargo, este punto no se sostiene porque, en primer lugar, Rafael Correa cuando fue presidente simplemente no renovó un convenio que se tenía con el gobierno estadunidense que permitía la presencia militar de su Ejército en Malta por 10 años. Esta acción es lo que cualquier gobierno comprometido con la soberanía de su territorio nacional hubiera hecho. En segundo lugar, la salida del Ejército estadunidense de territorio ecuatoriano ocurrió en 2009, luego de 10 años de presencia, y lo que se dio en los siguientes años en realidad fue una caída de los índices de criminalidad y de homicidios hasta 2017. Finalmente, la presencia de bases militares estadunidenses en los países del mundo no garantiza la reducción del narcotráfico ni de los niveles de violencia.

Éste fue el caso de Colombia en la década de 1990, y de Afganistán después de la invasión estadunidense realizada en 2001. Por estos elementos, puede concluirse que la presencia militar estadunidense en otros países no causa necesariamente una reducción del narcotráfico ni de la violencia. Por tanto, la génesis del problema de la enorme violencia en Ecuador la tendríamos que buscar en otro lado.

Podemos identificar algunos elementos que generaron un contexto donde se dieron las condiciones de posibilidad para que haya un incremento de la narcoviolencia en Ecuador. Son los siguientes: 1) la dolarización de la economía que facilita el lavado de dinero de grupos delincuenciales; 2) el desmantelamiento del Estado de bienestar, realizado durante los gobiernos neoliberales que empobreció a la población; 3) el cambio en las políticas de seguridad; 4) la situación geopolítica de Ecuador que es un país de tránsito para la droga; 5) la injerencia de otros cárteles en Ecuador que también operan a nivel internacional, algunos de ellos son procedentes de México, Colombia y Europa.

El ambiente de persecución política que hubo después del progresismo y con el regreso del neoliberalismo a Ecuador vino acompañado de un neofascismo que buscó echar atrás las instituciones que se habían generado. Hubo una persecución de las expresiones políticas opositoras y todo ello debilitó a las instituciones generando condiciones para el incremento de la violencia.

Se puede generar un escenario sociopolítico neohobbesiano, donde se genera una narrativa que genera desconfianza y miedo entre el propio pueblo sobre sí mismo, de tal modo que se instale el mito de que el pueblo es esencialmente malo y que el pueblo es el lobo del pueblo. Así, el propio pueblo buscaría apoyar vías de acción autoritarias y militarizadas, tal y como pasó en el Salvador con el gobierno de Nayib Bukele. La “bukelización” de las políticas de seguridad y de combate al crimen organizado pueden ser la nueva forma de llamar a las políticas de “mano dura”, pero tienen la peculiaridad de contar con amplio respaldo popular.

En México tenemos que tomar nota de lo que significa el regreso de gobiernos neoliberales a países que tuvieron experiencias de gobierno progresistas. Justo para ser conscientes de los riesgos de las políticas de desmantelamiento de los estados de bienestar, la injerencia estadounidense que no ha hecho nada por reducir su consumo de droga y el tráfico de armas en su territorio, así como las vías autoritarias con amplio respaldo popular que pueden generarse cuando no se ha logrado resolver el derecho de la población de vivir con seguridad y con paz.

Josafat Hernández*

*Profesor-investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas

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