La dictadura porfirista estableció el sistema de haciendas en el que los amos y sus capataces abusaban terriblemente de los campesinos: los endeudaban y los hacían trabajar de sol a sol, a la hora de pagarles los obligaban a hacer grandes colas y el pago del salario estaba sujeto a su capricho. Cuando el peón, luego de una larga fila, llegaba a cobrar frente al capataz, era frecuente que con todo tipo de pretextos le pagara menos, le cobrara multas y le hiciera descuentos a capricho. Les pagaban con vales y en las tiendas de raya subían los precios a su antojo. ¿Qué podía hacer el peón? Aguantar o protestar, pero si alzaban la voz eran castigados y azotados. El peón no tenía derechos y el amo actuaba a su completo antojo.

Hoy estamos todos endeudados; 30 millones tienen tarjetas de crédito o débito; la deuda pública que todos pagamos rebasa los 14 billones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. La deuda pública es una carga odiosa para todos y en lo personal trabajamos de sol a sol para pagar nuestras tarjetas y muchos tienen dos o tres trabajos. En muchas empresas dan vales.

Los derechos laborales son inexistentes para millones y los jóvenes se ven obligados a trabajar para aplicaciones: no hay horario, no conocen al patrón, no tienen prestaciones ni derechos, los “descansan” o despiden sin más. ¿A quién reclamar sus derechos? ¿A su computadora o a su WhatsApp? Las corporaciones que trabajan bajo plataformas digitales han adoptado distintos modelos financieros y jurídicos que se caracterizan por permitirle a estas empresas disponer de la fuerza de trabajo de un país sin ceñirse a las legislaciones del mismo.

Además, la juventud difícilmente consigue vivienda. Las rentas están por los cielos, entre otras cosas, por la falta de regulación y por empresas como Airbnb, la compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos y otras situaciones que han traído a millones de estadunidenses y canadienses a venir a México a trabajar a distancia. Como ellos ganan mucho más, encarecen la vivienda y todos los servicios en las numerosas zonas que habitan. El proceso de gentrificación es muy grave y millones de mexicanos son desplazados por esta invasión de extranjeros en los mejores espacios.

Hasta para disfrutar de un concierto te obligan a comprar tus boletos con Ticketmaster, la organizadora de eventos y espectáculos que monopoliza la venta y distribución de boletos y que te obliga a comprar boletos por computadora, abusa de los clientes. El escándalo del concierto de Bad Bunny, donde por lo menos 2 mil personas, boleto en mano luego de haberlo pagado, no pudieron entrar al concierto, solo visibilizó los abusos de Ticketmaster. No todos los afectados recuperan su dinero porque tienen que someterse a largos procesos e invertir tiempo para probar que compraron boletos, entregar y meter documentos para la demanda colectiva. Eso, además, no compensa lo gastado para estar en el concierto, pues muchos tuvieron que desplazarse largas distancias. Tienen que demandar porque son comunes las negativas a la entrega del servicio y al cambio o devolución, además de que en muchos casos es un calvario obtener el boleto ya habiéndolo pagado. Son incontables las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En las grandes corporaciones se trabaja sin descanso, doble y triple turno, por salarios muy inferiores a los de Estados Unidos. Las violaciones laborales se multiplican mientras la Secretaría del Trabajo tiene a nivel federal tan sólo 450 inspectores para una población trabajadora de 36.4 millones, sólo 21 con empleo formal. Tenemos una proporción de 80 mil trabajadores por inspector. Un ejemplo de ello es Walmart de México, que viola los derechos laborales de miles de trabajadores quienes laboran jornadas que superan los horarios establecidos por la Norma Mexicana. Trabajan en condiciones de estrés por el maltrato de sus jefes, carecen de servicio médico y perciben salarios muy bajos, que contrastan con lo que ganan los mandos extranjeros.

Los mexicanos indocumentados que laboran en Estados Unidos y son más de 6 millones de trabajadores viven la moderna esclavitud, al ser declarados “ilegales” y despojados de sus derechos. Aún los trabajadores temporales que van a Canadá medio año, llegan en su mayoría a ser controlados por un patrón que muchas veces abusa y ante cualquier queja o deporta al trabajador o le impide regresar otra vez. Por lo que en ocasiones se ven sometidos a condiciones laborales lamentables, sin que tengan derecho a organizarse.

En México 74 millones de personas pudiesen trabajar, pero la población económicamente activa es de 59 millones que excluye a por lo menos 15 millones que ya desistieron de buscar trabajo por lo difícil que es para muchos, especialmente quienes rebasan los 40 años o tienen alguna discapacidad. Y tan sólo 26 millones tienen empleo formal.

Mientras tanto, los bancos rompieron récord de ganancias el último año, obtuvieron 236 mil millones de pesos. Acumulan tales ganancias porque no contratan el personal suficiente, obligan a sus “clientes” a hacer largas colas: para hablar con un ejecutivo son largas las esperas. Con la mano en la cintura te niegan el servicio porque “se cayó el sistema”. Es frecuente que los cajeros están “temporalmente fuera de servicio” y luego de un trayecto para ir al banco por tu dinero, no lo puedas retirar. Te prestan con tasas de interés altísimas y por guardarte tu dinero te dan intereses irrisorios. Cometen todo tipo de abusos. Si tú giras un cheque sin fondo te multan, pero si ellos no te dan un buen servicio, ¡te callas! Además, se multiplican las quejas de cuentahabientes a los que simplemente les roban su dinero. Y si no protestan… lo pierden. Para recuperarlo tienen que hacer largos trámites, no siempre exitosos. Las quejas ante Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alcanzan las decenas de miles.

Sucede que compras productos caros, por ejemplo un celular, y se descompone a los 2 meses. El tiempo y trabajo para que te lo repongan dura días. Quedarse días sin celular es todo un tema, te obligan a dar vueltas, gastas en los traslados, alteran tu jornada laboral y pierdes tu tiempo. Al final te reponen el aparato, pero no te pagan todos los inconvenientes que tuviste. Lo mismo sucede con automóviles, computadoras y todo tipo de electrodoméstico que se avería muy pronto. La tienda que te lo vendió no se responsabiliza más que una semana y luego te mandan a la fábrica si hay un reclamo. Eso sin tocar el tema de la obsolescencia programada, que lleva a producir bienes que se van a descomponer pronto.

A la mayoría de los habitantes de México en una u otra forma nos falta el agua. En nuestros lugares de vivienda, llegan las inmobiliarias con sus miles de viviendas dotadas de grandes cisternas y agotan el líquido que recibían los vecinos regularmente. No tenemos agua, pero inmobiliarias, refresqueras, lecheras, mineras, la acaparan.

Las corporaciones nos ofrecen créditos, nos endeudan, nos llenan de tarjetas e inducen al consumo desenfrenado (que aumenta con la obsolescencia programada) para esclavizarnos a trabajar sin descanso para saldar nuestras deudas. Ya no solo se trabaja de sol a sol, sino también en la noche y hasta los fines de semana. Con un trabajo no alcanza para mantenerse y siempre hace falta hacer otras chambitas.

Las mineras, según la Ley Minera de 1992 de Salinas de Gortari, tienen prioridad para apoderarse de las tierras que cuentan con minerales preciosos. De esta forma despojan a las comunidades, acaparan el agua, la contaminan, y también al suelo, el subsuelo y el aire. Quienes se oponen a las mineras y defienden a las comunidades frecuentemente son desaparecidos y asesinados. Hay corporaciones aliadas a grupos criminales para imponer su ley, así como en la dictadura porfirista tenían los “guardias blancas” para tener a raya a los campesinos.

Son muchos los casos, recordemos lo denunciado por Martín Hernández sobre lo acontecido en Ixtacamaxtitlán, Puebla donde la Minera Gorrión de Almaden Minerals ha sido denunciada por generar violaciones a los derechos humanos. La minera Equinox Gold, que criminalizó a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto cuando los ejidatarios protestaron por el incumplimiento al convenio con el Ejido de Carrizalillo en Guerrero. También la empresa Pan American Silver llevó al desplazamiento forzado de la comunidad de La Colorada en Zacatecas, para poder expandir sus operaciones. Otro caso es la minera Great Panther que contaminó el agua de las presas La Soledad y La Esperanza en Guanajuato. Así como la grave contaminación en cuerpos de agua de Cocula, Guerrero, debido a derrames de arsénico de la empresa Media Luna, subsidiaria de Torex Gold negándose a respetar los derechos laborales más elementales. Está la Mina de Oro Dolores de la empresa Minefinders en el ejido Huizopa, en Chihuahua, en donde se realizaron diversas protestas por extender su operación a terrenos sin respetar acuerdos con los ejidatarios.

“Es reprobable asimismo, la omisión por parte del gobierno canadiense para evitar el asesinato del defensor Mariano Abarca en Chicomuselo, Chiapas, lo cual fue reconocido por el juez federal de Canadá, Keith Boswell, que señaló: ‘Quizás no habría sido asesinado’, si la embajada canadiense en México ‘hubiese actuado de otra manera’.” (La Jornada Oriente, 19 de enero de 2023).

Las corporaciones se esconden tras el mundo digital, ya no puedes hablar con una persona, hacer preguntas, recibir orientaciones con seres humanos, ya todo es “en línea”, lo que para las personas mayores es un calvario pues no tienen la habilidad de los jóvenes expertos en la computadora.

Las agroindustrias y la comida chatarra nos dan de beber y comer chatarra, misma que promueven los grandes medios de comunicación, comida que nos enferma mientras las farmacéuticas y los corporativos hospitalarios hacen negocio con la atención de nuestra salud y en lugar de curarnos, una vez que una enfermedad es “crónica”, nos venden una batería de pastillas para consumir todos los días. Nuestra salud y enfermedad es un negocio para ellos. Y una vez que padecemos cáncer como consecuencia de las prácticas de las corporaciones, o dejamos pobre a la familia o nos morimos por la mala atención de la salud pública, en oncología tardan meses en atender a los pacientes. Y todos callados… pues ni modo…

Hoy vivimos otro tipo de dictadura, la de las corporaciones, todas las personas estamos sujetas a sus caprichos. Sufrimos el que las compañías de aviación, frecuentemente retrasan los vuelos a su antojo. Contratamos un servicio, a muy buen precio, pero la compañía con la mano en la cintura dispone de tu tiempo (que hoy en día es oro) y abusa de sus clientes, sin ninguna consecuencia. Te obligan a ingerir en negocios dentro del aeropuerto con precios estratosféricos. Y esto sucede todo el tiempo en todas las aerolíneas. Ah, pero si tú te demoras en llegar con anticipación, no vuelas, y tiene un costo para ti. Pero las compañías pueden incumplir lo contratado impunemente. ¿Qué presión tienen para actuar seriamente? En estos momentos somos como peones frente al amo. Pero si tú te demoras en pagar cualquier servicio, el teléfono, por ejemplo, te lo cortan de inmediato.

Las corporaciones también afectan la movilidad. Las vialidades se desquician por los tráileres “doble remolque” que ocasionan tantos accidentes y paralizan el tránsito, porque con ellos las empresas solo pagan un chofer y para ellas es más económico, sin importar el impacto público que generan.

Y ni hablar de las corporaciones bélicas cuyo negocio es producir armas y muerte, que alimentan al crimen organizado y provocan guerras en todo el mundo. Han creado un sistema de violencia que ya es insoportable, misma violencia que provoca desplazamientos de la población y les deja libre el terreno para sus minas y megaproyectos. Además, han implantado otra gran fuente de ganancia que es el de la “seguridad” en cada rincón del país.

Y esta dictadura, disfrazada de democracia, usa el sistema actual para imponer sus reglas, utilizando a los partidos para aparentar que hay democracia, cuando para ellas es fácil controlar la toma de decisiones. Es un sistema en el que independientemente que llegue por votación popular un presidente progresista lo atan de manos o hasta lo derrocan (como en Brasil, Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú) a través del congreso y los tribunales. Se pueden comprar políticos, congresistas y jueces. Las corporaciones invierten mucho dinero en campañas electorales y controlan los medios para hacer ganar a los suyos con su narrativa y obstaculizar al verdadero representante popular. Además, siempre amenazan con la cantaleta de que cualquier medida popular va a “asustar a los capitales”, que no le va a gustar al mercado, que va a alejar la inversión. Y así imponen sus reglas.

En el actual sistema político las grandes corporaciones controlan a las cúpulas de varios partidos, en un sistema pluripartidista,  partidos financiados obligadamente por el pueblo pero cuyas cúpulas tienen el monopolio de la selección de candidatos que se presentan en elecciones en las que se realizan campañas multimillonarias, son campañas de dinero, se financian con el recurso oficial que les da su partido, pero también con sumas millonarias para llenar los espacios de lonas, mantas, fotografías de los candidatos, que pagan a los medios, contratan personas para hacerles campañas, hacen regalos, promesas y reparten dinero entre sus allegados. Llegan a la elección llenos de compromisos. El candidato que gana no llega mandatado, ya en su cargo actúa a discreción y muchas veces hace lo contrario de lo comprometido en campaña. Como pueden actuar por propia voluntad son completamente vulnerables a ser o comprados o intimidados por las grandes corporaciones y a trabajar en su favor, no en el del pueblo. Ha sido patético cómo congresistas de diversos partidos, jueces, funcionarios de todos los niveles actúan a favor de las corporaciones.

Nos dicen que México “está en democracia”, que el Instituto Nacional Electoral (INE) “garantiza la democracia” cuando lo que tenemos, bien disfrazado eso sí, es la dictadura de las corporaciones, que actúa a sus anchas en el actual sistema político y electoral de México. Así, durante décadas, ha logrado imponer su agenda y toda la regresión que hemos sufrido no ha podido ser revertida aún con el triunfo popular que obtuvo la presidencia en 2018. El sector público quedó reducido a su mínima expresión y las empresas privadas se adueñaron de todo y siguen siendo los dueños de México, a través de los medios de comunicación que dominan imponen su narrativa y su visión de las cosas. Llegó el momento de transformar este sistema político y electoral para que, en realidad, en lo cotidiano, se acabe la “ley del amo” y el pueblo sea el soberano.