El CIDE es apenas un reflejo de la disputa encarnizada que despliegan grupos de derecha por múltiples frentes, para regresar al gobierno. En esa institución educativa ya se enquista la organización Lab-Co, que entre 2021 y 2024 recibió 69 millones 138 mil 647 pesos por donativos extranjeros y nacionales; en 2024 –año que más dinero obtuvo– coincidió con proyectos asociados a la estadunidense USAID –ya extinta– y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en 2026, dicha ONG encabezará el diplomado Seguridad y Justicia en el CIDE, institución que ya ha tenido a personajes vinculados a la USAID, como el empresario Claudio X González y su asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Lab-Co, además, cuenta entre sus filas a quien asesoró en seguridad al gobierno de Nayib Bukele, expresión de la violación a derechos humanos

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) ha tenido en su historia un vínculo profundo con grupos políticos de derecha, incluso personas cercanas al expresidente Carlos Salinas de Gortari –articulador del neoliberalismo en México– han pasado por ese centro educativo de carácter público. Esto refleja, en gran medida, las distintas disputas políticas e ideológicas que hay actualmente en el país.

Su tendencia hacia vínculos con la derecha en los últimos 40 años también se vio reflejada al albergar defensores de represores –como ocurrió con el caso de la matanza de Acteal, donde “investigadores” de esa institución defendieron a los perpetradores.

Aunado a esa historia, la reciente destitución de su ahora exdirector Jorge Romero Tellaeche ha caído bien entre círculos opositores a la 4T y de derecha. Desde 2021 y hasta 2026, el CIDE comenzó un proceso de mayor heterogeneidad en cuanto a los perfiles académicos, e intentó responder a los problemas nacionales desde una perspectiva teórico-crítica. Basta leer las distintas columnas que brindó el exfuncionario en La Jornada.

El 5 de junio de 2025 escribió una crítica a la Secretaría de Economía por el establecimiento de una carta de intención con el Institute for Innovation and Public Purpuse (IIPP) de la University Collage of London. Este documento es para alianzas en el diseño de políticas públicas bajo el enfoque de la académica Mariana Mazzucato, quien se ha reunido con los y las titulares de varias secretarías. “¿Qué puede aportar ese instituto británico que no puedan ofrecer instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, El Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México o los 26 Centros Públicos de Investigación?”, cuestionó Romero Tellaeche.

No fue la única crítica, también lo hizo al Plan México. En mayo de 2025 cuestionó que los sectores estratégicos –como semiconductores, electromovilidad, farmacéutica, agroindustria y petroquímica– estuvieron concebidos en el Plan México como zonas francas, y que contemplara además la participación de instituciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y el Wilson Center. 

Este último es un think tank estadunidense que allanó el camino hacia la pérdida de la soberanía energética de México, con supuestas voces expertas que recomendaron políticas públicas contrarias al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), por poner tan sólo un ejemplo.

Lab-Co y la USAID

Thomas Julien Favonnec y Santiago Hernán Rosas Lorenzo figuran como presidente y secretario respectivamente del Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (Lab-Co). Dicha ONG recibió entre 2021 y 2024 la cantidad de 69 millones 138 mil 647 pesos por donativos del extranjero y nacionales. En 2024 obtuvo más financiamiento.

En 2021, Lab-Co recibió 2 millones 482 mil 733.5 pesos como ingreso no relacionado por concepto de Evaluación de la Academia Policial, sin informar detalladamente a qué academia fue. Sin embargo, en la Ciudad de México, Lab-Co organizó la evaluación de la policía turística.

Y es que con la USAID tuvo varios programas. Por ejemplo, en 2022 se efectuó el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Análisis y Uso de Información de Fiscalías y Tribunales, el cual fue parte del Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal (ConJusticia). Se instrumentó en Zacatecas y Coahuila con el propósito de que las fiscalías y tribunales contaran con “mejor información para atender a víctimas y personas imputadas, mejorar su gestión interna, rendir cuentas y ser más transparentes”.

Consolidación del Modelo Homologado de Justicia Cívica en municipios de México fue otro proyecto que figuró en 2022, dentro del marco del programa Prevención y Reducción de la Violencia en México (Previ), de la USAID. Bajo este esquema, Lab-Co brindó asistencia técnica para la implementación y consolidación del Modelo Homologado de Justicia Cívica (MHJC) en 11 municipios de cinco estados: La Paz, Benito Juárez, Solidaridad, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Puerto Vallarta, Querétaro y San Luis Potosí.

Otras labores son el Módulo de Capacitación sobre el Enfoque Policial de Puntos Calientes para Policías Municipales, también en el marco del programa Previ; y el Curso de Formación de Formadores para la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Respecto a este último, LAB-CO menciona en su informe de actividades 2022 que diseñó e impartió el curso a la Policía Municipal de Chihuahua.

En 2023 tuvo fondos con concepto de “ingresos relacionados” por 5 millones 674 mil 952.17 pesos. En ese año destinó capital a nueve proyectos por 23 millones 292 mil 288.15 pesos. Ha sido uno de los instrumentadores del nuevo sistema judicial mexicano que, como se detalló en otras investigaciones, contó con amplios recursos de Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida.

Entre los programas que la USAID financió a Lab-Co en 2023 se encuentran: Asistencia Técnica para el Modelo Homologado de Justicia Cívica en 12 municipios, Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo y Rendición de Cuentas del Sistema de Justicia Penal, y Formación y Acompañamiento de Analistas para la mejora de la Seguridad Ciudadana en México. Este último contó con más de 11 millones de pesos. 

Por otra parte, una de las iniciativas que tiene Lab-Co es el Programa de Formación y Certificación en Análisis Criminal (ATENA), el cual tiene como objetivo incrementar la efectividad “de las investigaciones de delitos de alto impacto mediante el fortalecimiento institucional y de las capacidades de las y los analistas criminales de las Fiscalías y Policías de México. En colaboración con la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL)”. Esto indica que también ha trabajado con oficinas pertenecientes al Departamento de Estado, que ahora es dirigido por Marco Rubio.

En 2023, con Atención diferenciada de la violencia contra las mujeres en la Fiscalía de Chiapas (2023-2024), tuvo como contraparte al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Continuaron con los proyectos de la USAID que venían desde 2023 y agregaron otro más financiado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), destinado a la formación policial en República Dominicana, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago.

En 2024, Lab-Co continuó con los proyectos del Modelo Homologado de Justicia Cívica bajo financiamiento de la USAID en 12 municipios y 3 estados de México, como Querétaro, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Quintana Roo. 

El mismo año se sumó un programa que durará hasta 2027, en el que se pretenden construir “alianzas para encontrar e identificar a personas desaparecidas y no localizadas”, en colaboración con la Unión Europea y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el cual a su vez tuvo financiamiento de la USAID. También recibe financiamiento de la cooperación alemana, de la Unión Europea, entre otros. Esta misma ONG financió a medios de comunicación en México.

Vínculo con instituciones del gobierno

En 2024 destacan dos proyectos de Lab-Co con instituciones públicas. El primero es Facilitación del proceso de Planeación Estrategia 2024-2030 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2024). El objetivo es brindar “asistencia técnica al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el diseño, implementación y sistematización de su proceso de Planeación Estratégica 2024–2030, que culminó en la elaboración del documento rector que orientará la política institucional del Secretariado durante el sexenio”. 

El laboratorio además menciona que entregó un oficio que “constituye la base para la gestión, seguimiento y evaluación del desempeño del SESNSP en los próximos años”.

El otro programa es Sistematización de RECONECTA: Estrategia de Intervención Temprana para la Prevención de la Violencia y el Delito (2024). En este colaboró con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y tuvo como objetivo ofrecer un modelo que pueda servir como referencia para su réplica y adaptación en otras entidades federativas, contribuyendo a la expansión de estrategias de prevención del delito y la violencia en contextos diversos.

Para 2024, la empresa ya trabaja, según su mismo informe de labores, con fiscalías de los estados de México, Sonora, Zacatecas, California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, además de la propia Fiscalía General de la República (FGR). Se suman los gobiernos de Guadalajara y Zapopan, así como las Secretarías de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Sonora. O sea, cubren al menos una tercera parte de las fiscalías y secretarías de seguridad del país.

No todo termina ahí, pues Lab-Co tiene vínculos con la oposición venezolana, la cual –al menos diez de sus integrantes– terminó asesorando a Nayib Bukele, un modelo de seguridad autoritario que le agrada, además, a Estados Unidos y conservadores mexicanos.

Conexión con el modelo de Bukele

Lab-Co tuvo presencia en El Salvador en 2020, ya con el presidente Nayib Bukele. Thomas Julien Favonnec y Santiago Hernán Rosas Lorenzo construyeron la filial de Lab-Co en San Salvador.

Santiago Rosas, español de nacimiento pero vinculado a la oposición venezolana, figuró como presidente de la asociación; Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Azpúrua como Secretaria y Thomas Julien Favennec como Tesorero. No se está descubriendo el hilo negro, ya varios medios han hablado de la conexión de Bukele con opositores venezolanos. Incluso medios como El Faro, golpeado por Bukele, detalló ampliamente dicho nexo.

Santiago Rosas, miembro de Lab-Co, fue ni más ni menos quien estuvo vinculado a la elaboración del Plan de Control Territorial, modelo de seguridad del gobierno salvadoreño que tuvo una inversión de 575.2 millones de dólares, como reconocen las mismas autoridades de dicho país.

Como muestra está la documentación del gobierno salvadoreño fechado en noviembre de 2023 por parte de su Ministerio de Hacienda. El Plan Control Territorial consta de seis fases: Control Territorial, Oportunidades, Modernización de las fuerzas de seguridad, Incursión, Extracción e Integración.

 

Lab-Co, la alianza con el CIDE

El 28 de enero de 2026, ante la salida de Romero Tellaeche, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina: “lo cierto es que el CIDE durante mucho tiempo se orientó a una política económica que correspondía al periodo anterior, que era la neoliberal. Y la idea era orientar también al CIDE a un planteamiento mucho más amplio. Eso fue un debate durante el gobierno del presidente López Obrador”. También rechazó la idea de que se regrese al CIDE neoliberal.

Lab-Co, en alianza con el CIDE, llevarán a cabo la segunda edición del Diplomado Diseño e Implementación de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia. Tiene un costo de 25 mil pesos, con facilidades de pago, y se entrega a la cuenta del CIDE en el banco HSBC.

Según la propia información del laboratorio, el diplomado tendrá entre la planta docente a 10 miembros del CIDE, entre ellos Carlos Pérez Ricart, quien, además, en 2026 se sumó al consejo consultivo de Lab-Co. Contará con seis integrantes de la ONG, entre ellos, su director.

Asimismo, tendrá a participantes de otras instituciones e investigadores como Ana Laura Magaloni, quien el 26 de septiembre de 2024 participó en un conversatorio de Letras Libres, y en donde estableció críticas a la reforma al Poder Judicial, una de las iniciativas de gran calado de los ya dos gobiernos de la cuarta transformación. A ello que Magaloni postuló en 2019 para ser magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no fue elegida. 

También participará en el Diplomado Marcela Figueroa, quien es titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como cuando Claudio X González, uno de los principales opositores y creadores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se posicionó en el CIDE para su curso de periodismo, ahora Lab-Co, con exasesores de Bukele y con financiamiento de la USAID y del Departamento de Estado de Marco Rubio —el mismo que asfixia a Cuba y secuestra a un presidente en funciones—, se vuelve a posicionar en el CIDE para cursos en torno a la seguridad y justicia.

Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron claras: “deben dejar de ser instituciones elitistas. Estar mucho más integrados a los problemas de la nación y al pueblo. Se dio una elitización muy grande en muchas instituciones académicas como si estuvieran por encima de los demás. Nadie está encima de los demás; por más que tengas 50 años de carrera y tengas mil o 2 mil publicaciones, por más inteligente que se sienta cualquier persona, nunca estás por encima de nadie. No estás por encima de un campesino, de un obrero, de una ama de casa, de una trabajadora del hogar, nunca. Y esta visión del elitismo de la academia no es buena”.