Por la presunción de delitos como abuso de poder, desviación de recursos públicos y actos de corrupción, derivados del autoritario e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC)–consumado el 11 de octubre del 2009–, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ratificó la denuncia en contra de Felipe Calderón Hinojosa el pasado 30 de agosto. La imputación fue realizada ante el Poder Judicial de la Federación.
El 18 de agosto del 2020, se efectuó la primera acusación dirigida al expresidente panista –así como a diversos integrantes de su gabinete, funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– frente a la Fiscalía General de la República (FGR).
Mediante una notificación, el SME se enteró que el director general de Investigación y Litigación en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la FGR, Julio Antonio Cobos Castillo, había emitido un acuerdo en diciembre pasado. Éste consiste del no ejercicio de la acción penal en torno a la investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000536/2020. Ello, a pesar de que acudimos a comparecer el 1 de diciembre del 2020.
Tras dos años, logramos que un Tribunal Colegiado en Materia Penal nos concediera un amparo para exigir que los delitos cometidos por Calderón –sus abusos de poder y el quebranto al patrimonio de la extinta empresa pública LyFC– sean investigados conforme a derecho y no queden impunes.
De forma inexplicable, parece que la Fiscalía no se ha dignado analizar a detalle la información allegada en nuestra denuncia. En los hechos, aportamos testimonios contundentes de las innumerables tropelías cometidas por el expresidente. Éstas representaron el inicio de la embestida contra la industria eléctrica nacional, la cual fue consumada con la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
No fueron menores los excesos cometidos por Calderón. En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas violó el Código de Justicia Militar. Con el objeto de sacar a punta de metralleta a los electricistas del SME, envió a miles de elementos de las fuerzas castrenses –vestidos con uniformes de la policía federal– a tomar por la fuerza las instalaciones de LyFC.
Y más deleznable fue el hecho de poner a los militares bajo el mando de un pillo como Genaro García Luna. En la actualidad, es procesado en Estados Unidos por sus conexiones con el Cártel de Sinaloa, sin embargo, en aquel entonces, fungía como el secretario de Seguridad Pública (SSPC). Durante su encargo, se esmeró en reprimir a la clase trabajadora y brindar protección al mencionado grupo de narcotraficantes.
Nuevamente hemos reiterado nuestra exigencia de justicia en contra de esa mafia encabezada por Calderón. Es importante que la Fiscalía y la opinión pública recuerden una parte del amplio catálogo de atrocidades cometidas contra los derechos laborales de miles de electricistas, los recursos públicos y el patrimonio de la nación.
Muchas de esas barbaries son relatadas por el propio exmandatario en su libro Decisiones Difíciles. Y, de manera inexplicable, resultan ignoradas por la FGR, incluida aquella máxima jurídica de que a “confesión de parte, relevo de pruebas”.
Es imprescindible aplicar una condena a este personaje. Además de violar la ley, causó un millonario quebranto a las finanzas públicas. Asimismo, intentó blindarse de toda investigación posterior. Durante 12 años, reservó “documentos clasificados” con la información oficial, en la cual fundamentó la desaparición de una entidad pública de manera autoritaria y en absoluta secrecía. De paso, buscó acabar con el SME, un sindicato independiente que se oponía a su política de desmantelamiento del sector energético del país.
Otra situación –que al parecer el MP Federal no se empeñó en investigar–, es la pregunta lógica del por qué un acto de gobierno recibió un trato de “secreto de estado”. No redundó en un sólo beneficio al país. Asimismo, permitió que el gobierno panista cobijara negocios turbios a la sombra del Decreto de Extinción del 2009.
Un ejemplo es la entrega de los 1 mil 100 kilómetros de redes de fibra óptica del LyFC a la empresa privada WL-Comunicaciones. Esta última es propiedad de miembros del PAN y exfuncionarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox como Ernesto Martens y Fernando Canales.
¿En cuánto se otorgó esta concesión y por qué apenas se consumó el despido de 44 mil electricistas y el cierre de la paraestatal? ¿Cuánto perdió el país por este robo a su infraestructura eléctrica?
Éste es uno de los tantos actos corruptos no aclarados. Otro más fue el cambio en las redes de transmisión del cableado de cobre por aluminio. Cómo sabemos, el primero tiene un alto costo en el mercado de los metales. Hasta hoy, ninguno de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha explicado a dónde fueron a parar los cientos de toneladas del valioso metal ni ha sido llevado ante la justicia para responder por este millonario fraude.
El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) entregó las instalaciones de LyFC–incluidos talleres equipados, vehículos y maquinarias– a la CFE. Sin embargo, no se realizó un inventario para salvaguardar estos bienes propiedad de la nación.
Al paso de los años, el saqueo fue brutal. Todo desapareció y ninguno de los directores de la CFE se tomó la molestia de evitar el robo… ¿Qué acaso no es su responsabilidad investigar los daños patrimoniales?
La corrupción posterior al golpe de estado contra el SME y LyFC no es un asunto menor que amerite ser enviado al archivo muerto. El desfalco a las finanzas públicas puede calcularse en miles de millones de pesos.
Más si se toma en cuenta que, para abrir las puertas a la desnacionalización de la industria eléctrica, se asignaron considerables recursos para que la CFE se hiciera cargo de la prestación del servicio en la zona centro del país en uno de los peores absurdos presupuestales. Ésto permitió a los altos directivos de la mal llamada “Empresa de Clase Mundial” realizar jugosos negocios para sus intereses personales con voraces contratistas.
Sin embargo, de éste y otros casos de corrupción hablaremos en nuestra próxima entrega. La opinión pública debe comprender por qué el SME no quita el dedo del renglón. Felipe Calderón, sus exfuncionarios, ministros de la Corte y otros personajes deben ser llevados ante la justicia, pues se prestaron a una farsa que buscó atentar contra nuestra soberanía energética.
Martín Esparza*/Primera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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