¿Qué futuro espera a las iniciativas ciudadanas que en la LXIV Legislatura no pasaron más allá de de la discusión en comisiones?  ¿Habrá mayor apertura en los diputados federales que integrarán el periodo LXIV en San Lázaro para sacar adelante estos pendientes, sobre todo de parte del partido mayoritario?

Si bien la nueva correlación de fuerzas en el Congreso implica la necesidad de tejer acuerdos y alianzas para sacar adelante una serie de reformas y destrabar otras más; los recién desempacados diputados tienen la obligación de escuchar a los diversos grupos y organizaciones sociales para que más allá de los dividendos políticos y electorales al corto plazo, su función se apegue a la de verdaderos representantes populares, analizando y votando iniciativas que ayuden a la población a solucionar sus graves problemas.

Se entiende que los miembros del partido en el poder deben integrar su agenda con las iniciativas prioritarias para el presidente de la República; como también, es de suponerse que los partidos coaligados con fin de ejercer contrapesos, tratarán de defender a ultranza el modelo neoliberal al cual deben su origen y existencia, impulsando propuestas en tal sentido.

No obstante, los diputados de la LXIV Legislatura deben voltear la vista a la sociedad y preguntarse: ¿Qué alternativas le ofrecerán a los movimientos sociales que, en algunos casos, llevan años empujando iniciativas ciudadanas con el fin de solucionar añejos problemas derivados precisamente de las políticas neoliberales?

Por ejemplo, los legisladores que se van dejaron en el terreno de la discusión en comisiones la Ley General de Aguas pero de manera inexplicable, pese a la importancia que reviste, se rehusaron a llevarla al pleno para someterla a votación.

Inconcebible que para los miembros de la LXIV Legislatura no fue prioridad garantizar el abasto del vital líquido a la población y a miles de pequeñas unidades de producción del agro mexicano, lo mismo que su defensa y salvaguarda en las comunidades indígenas y reservas ecológicas.

En la actualidad multinacionales como Nestlé, embotelladoras como Coca-Cola, cerveceras, armadoras de autos y otras industrias extractivas, son prácticamente dueñas de ríos, pozos y manantiales, luego de que en el periodo neoliberal se les permitiera el uso y explotación del agua sin restricción alguna, como una de las tantas concesiones otorgadas a su favor.

De entre la lista de iniciativas ciudadanas retenidas en la “aduana” del Congreso, se encuentra también la propuesta de elevar el derecho a la electricidad a rango constitucional como un derecho humano al que deben acceder todos los mexicanos, sobre todo los de menores recursos.

Tal iniciativa implica además el establecimiento de una tarifa social que ponga alto a los abusos en el cobro de miles de recibos, derivados de los llamados “recibos locos” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tanto daño han causado a la economía de los usuarios, sobre todo del centro del país.

¿De dónde surgió este monumental problema social?

Nada menos que de la arbitraria extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, establecida en el autoritario decreto del narcopresidente Felipe Calderón Hinojosa y ejecutado con el auxilio de las fuerzas policiales y Armadas el 11 de octubre del 2009.

Este 2021 se cumplirán 12 años de que iniciara tal atropello y por el cual un sinfín de hogares humildes han venido luchando para evitar incluso ir a la cárcel, organizándose en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) que a la fecha suma miles de adherentes, lo que habla de las dimensiones del problema social originado en el gobierno neoliberal de Calderón, que lejos de haber bajado las tarifas eléctricas dio a la pauta para que la CFE se ensañara con la gente de escasos recursos.

Por ello, la iniciativa ciudadana plantea además a los legisladores un “borrón y cuenta nueva” en apoyo a los afectados, como parte una sentida demanda de justicia social.

Establecer una agenda popular permitirá a la LXIV Legislatura llevar al debate nacional el tema de la impostergable estatización de los fondos de ahorro de la clase trabajadora, privatizados en el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1997, y puestos en manos de los voraces banqueros a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

La pandemia de Covid-19 exhibió la cruda realidad que enfrentan ya millones de trabajadores con un sistema de cuentas individuales que se ha manejado de manera unilateral y abusiva por las Afores, cambiándolos de compañías sin previo aviso y, en algunos casos, desapareciendo buena parte de sus ahorros. Muchos no pudieron retirar su dinero al quedarse sin empleo porque los banqueros han movido los millonarios recursos a su antojo sin que las autoridades les pongan freno alguno.

La inmensa mayoría de la primera generación que mudó del sistema solidario al de cuentas individuales se jubilará con apenas un 30 ó 40 por ciento de su último salario y en otros tantos casos ni siquiera alcanzará las semanas necesarias para acceder a una pensión mínima. No atender este problema en la actual legislatura implicará una grave irresponsabilidad en el corto, mediano y largo plazo.

Y ahora que las consultas aparecen como el mecanismo democrático para expresar el sentir de las mayorías es hora de que también se consulte al pueblo sobre los recursos presupuestales que se tiene programado asignar para 2022 en materia de educación pública, recursos al campo y otros rubros vitales para reactivar la economía y la generación de empleos.

La asignación de recursos al sector agropecuario debe implicar una profunda revisión para que realmente sean los pequeños productores quienes se beneficien del presupuesto oficial y no las trasnacionales y emporios como Bimbo, Nestlé, Maseca, Heineken, entre otros muchos, que bajo el espejismo de ayudar a los pequeños agricultores a mejorar sus sistemas de cultivo, siguen recibiendo, al decir de organizaciones campesinas, vastos apoyos como en el periodo neoliberal.

Los movimientos sindical, campesino y popular, reclaman en justicia ser escuchados en San Lázaro y es obligación de los legisladores atender sus demandas y apoyar sus iniciativas ciudadanas, tal y como lo establece la Constitución.

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