Las mujeres llevan décadas diciéndolo. Ser madre es –y lleva mucho tiempo siendo– una razón para ser discriminada, violentada y juzgada. Ocurre en los espacios laborales, en clínicas y hospitales, al interior de las relaciones de pareja, dentro de la familia y también frente a las instituciones. Durante generaciones, estas experiencias han moldeado la vida de millones de mujeres, quienes han aceptado que la maternidad trae consigo dificultades estructurales de esta naturaleza. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas acaba de reconocer esta situación como una forma específica de violencia y discriminación.
En junio de este año, la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, presentó el informe La violencia contra las madres. Con base en 167 comunicaciones de distintas actoras relevantes, de 24 países y 60 especialistas, concluyó que las mujeres y las niñas pueden enfrentar violencia y discriminación por su condición de madres y esa realidad requiere acciones específicas de los gobiernos. Alsalem sostiene que si bien la maternidad suele tratarse como una experiencia privada y vinculada con la vida familiar, ésta es un bien público que requiere reconocimiento y apoyo social e institucional. Esta perspectiva permitiría entender por qué y de qué manera las condiciones en que una mujer ejerce la maternidad tienen relación con el trabajo, la salud, la seguridad económica, los cuidados, la vivienda y el acceso a la justicia.
Las muestras son variadas y son visibles en distintos espacios. La distribución desigual de los cuidados es un ejemplo cotidiano. Las mujeres dedican, en promedio, 2.5 veces más horas que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. Al mismo tiempo, las madres enfrentan una penalización económica asociada con la maternidad: 800 millones de mujeres carecen de seguridad económica durante el periodo alrededor del parto y una de cada cuatro mujeres abandona el mercado laboral durante su primer año de maternidad.
La violencia también trastoca los vínculos familiares. El informe advierte que los hijos pueden convertirse en instrumentos de control y castigo contra las madres, particularmente en contextos de violencia de pareja, separación y conflictos por la custodia. El vínculo entre una madre y sus hijos puede ser utilizado para someterla, amenazarla o impedir que denuncie. Reconocer esta forma de violencia permite mirar las relaciones familiares desde una perspectiva que considera tanto la protección de niñas y niños como las condiciones en las que viven sus madres.
En México y América Latina conocemos bien la otra dimensión de ese vínculo. La Relatora menciona expresamente a las madres buscadoras de México y a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina como mujeres que han enfrentado amenazas, acoso y violencia por buscar a sus hijos y familiares desaparecidos. En nuestro territorio, muchas madres han convertido la búsqueda de sus seres queridos en una exigencia pública de verdad y justicia.
Así, el valor del informe de la ONU está en reconocer y nombrar una realidad que las mujeres conocen desde hace generaciones. También está en pedir que los Estados la atiendan y desarrollen respuestas específicas. Nombrar importa porque permite identificar aquello que durante mucho tiempo apareció disperso entre problemas laborales, sanitarios, familiares o económicos. La maternidad forma parte de la vida de millones de mujeres y las condiciones en las que se ejerce no pueden ignorar los dolores y las vivencias de quienes gestan.
Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito. Licenciada, maestra y doctora en derecho
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