El discurso antiinmigrante de Donald Trump genera preocupación, sobre todo en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, cuya situación económica se complicaría con una deportación masiva
San Salvador, El Salvador. El triunfo electoral de Donald Trump ha generado una ola de nerviosismo y preocupación no sólo en los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, sino también en sus naciones de origen, dadas las intenciones del mandatario electo de impulsar deportaciones masivas.
Esos países, sobre todo aquellos pertenecientes al llamado Triángulo del Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, están entre las naciones latinoamericanas que generan más inmigrantes: unos 7 millones, de los cuales 2 millones 100 mil son indocumentados, según cifras del Instituto de Políticas Migratorias, publicadas en 2023.
Estos últimos representan una quinta parte de los 11 millones de inmigrantes no autorizados, quienes viven en Estados Unidos. Los principales países de origen son El Salvador (740 mil), Guatemala (724 mil) y Honduras (490 mil).
Durante la campaña electoral, fue frecuente oír decir a Trump que los inmigrantes irregulares “envenenan la sangre de Estados Unidos”. Asimismo, les atribuía actitudes criminales por su ADN, que roban, matan y violan, entre otras afirmaciones.
Gobernó Estados Unidos entre 2017 y 2021, e inicia su segundo mandato el 20 de enero. Una deportación masiva hacia los países del Triángulo del Norte, de maltrechas economías y un rosario de necesidades socioeconómicas sin cubrir, complicaría aún más la ya precaria situación, dada la falta de empleo.
“Ni siquiera tenemos la capacidad de ofrecer oportunidades laborales a la gente que está exigiendo empleo en nuestros países”, indicó Vinicio Sandoval, del no gubernamental Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (Gmies), a IPS.
Sólo El Salvador demanda más de 100 mil empleos por año, y únicamente se generan alrededor de 30 mil.
“No estamos preparados, en absoluto, para recibir a esa cantidad de personas retornadas”, afirmó César Ramos, coordinador del programa de Movilidad Humana, de la Comisión de Acción Social Menonita (Casm), a IPS, desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula,
“Trump ofrece una postura política neofascista en el tema migratorio, refleja una discriminación racial para la gente que no es blanca, especialmente latinos, y peor aún si proceden de Centroamérica”.
América Central es un puente hacia Estados Unidos
De América Central han partido, y siguen partiendo, caravanas de personas, quienes intentan llegar hacia Estados Unidos, caminando y cargando en sus mochilas agua, algo de ropa y la esperanza de salir adelante con sus vidas.
En julio de 2019, durante su primer gobierno, Trump presionó a Guatemala a firmar el acuerdo, el cual le dio a la nación centroamericana estatus de “tercer país seguro”, para que los inmigrantes pidieran ahí sus solicitudes de asilo, en lugar de intentar llegar a la frontera de Estados Unidos con México.
Acuerdos similares sucedieron en Honduras, el 26 de agosto, y El Salvador, el 20 de septiembre siguientes, bajo una andanada de críticas de organizaciones de derechos humanos. Estas últimas afirmaron que esos tres países centroamericanos no reunían, ni de lejos, las características de naciones seguras para recibir a miles de solicitantes de asilo.
Por el istmo centroamericano pasan, además, migrantes de América del Sur, como venezolanos, que en su ruta hacia el norte deben atravesar la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Igualmente, se pueden encontrar personas de países tan lejanos como India o Bangladesh, quienes llegan a Sudamérica para iniciar el largo viaje.
Trump antiinmigrante 2.0
A diferencia de su primer gobierno, Trump cuenta con más herramientas políticas. “Si bien el discurso de Trump fue también extremo en su primer gobierno, en cuanto a deportaciones masivas, al final eso no se materializó, porque entonces tenía una correlación de fuerzas menor, y ahora él ha ampliado su capacidad de maniobra política”, señaló Ramos.
Con ello, se refirió a que el futuro presidente estadunidense gobernará con más holgura desde el Ejecutivo, al saber que controlará las dos cámaras del Congreso legislativo.
Además, es ya sabido que seis de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia son de corte conservador y, de hecho, tres de ellos fueron colocados ahí por el mismo Trump, durante su primer mandato.
Por esa razón, ahora sí preocupa a organizaciones de derechos humanos y a los activistas promigrantes, tanto en Estados Unidos como en América Central, que Trump logre llevar a la realidad su radical discurso antiinmigrante, lo cual implicaría un golpe doble.
Con el primer golpe, se arruinaría la vida a miles de personas y familias latinas que, aun sin documentos, se han radicado y han hecho sus vidas en Estados Unidos.
Además habría un resquebrajamiento de la unión familiar en los casos donde algunos de sus miembros tienen residencia legal o ciudadanía, y otros permanecen indocumentados, pues la separación se produciría en caso de descubrirlos.
Trump incluso estaría impulsando una medida extrema, la cual busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos nacidos de inmigrantes indocumentados, bajo el argumento de que ello atrae a inmigrantes irregulares a establecerse en el país y procrear hijos que, al nacer, sean ciudadanos estadunidenses.
Y el segundo golpe haría colapsar las endebles economías de los países centroamericanos no sólo con la llegada de miles de connacionales que, como insisten los especialistas, no encontrarían empleo.
A ello, se sumaría que su retorno produciría una drástica reducción de las remesas que, hasta ahora, aún logran enviar desde Estados Unidos.
Esas últimas resultan vitales para mantener a flote las economías de esas naciones centroamericanas. Esos envíos de dinero rondan, en conjunto, los 39 millones de dólares anuales, según el informe del Instituto de Políticas Migratorias.
Para países como El Salvador, Honduras y Guatemala, las remesas representan 24 por ciento, 27 por ciento y 20 por ciento, respectivamente, de su producto interno bruto (PIB).
“Obviamente, si él llega a hacer todo lo que ha dicho sería terrible no sólo para El Salvador, sino para muchos países de América Latina”, sostuvo Sandoval, de Gmies.
Mejor estar preparados
También, hay que considerar que deportaciones siempre ha habido, independientemente de si el presidente es demócrata o republicano, dijo a IPS Jizi Moza, director ejecutivo del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), aunque debido a la retórica imperante se tenga la idea, equivocada, de que los demócratas son más sensibles y benevolentes en ese tema.
Sin embargo, la realidad demuestra un hecho contrario. Por ejemplo, el gobierno estadunidense que más personas ha repatriado no fue el de Trump, sino el del demócrata Barak Obama (2009-2017), con un récord de más de 5 millones de personas, según cifras oficiales reportadas por los medios. La primera administración Trump repatrió a 935 mil.
Entre enero y septiembre de 2024, 111 mil 315 personas fueron retornadas de Estados Unidos y México hacia el Triángulo del Norte. Esto representó una ligera disminución de 1.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.
“Lo que tenemos que hacer en nuestros países es prepararnos, ante cualquier eventualidad que suceda, todos juntos, organizaciones locales e internacionales, así como los gobiernos, para poder enfrentar las deportaciones”, destacó Moza. En este punto, coincidieron su compatriota Sandoval y el hondureño Ramos.
En otras palabras, se trata de crear programas de empleo y oportunidades no sólo para la población local, sino también para quienes son obligadas a retornar, pues se sabe que, por ejemplo, la banca no ofrece créditos para iniciar pequeños y medianos negocios.
Sin embargo, Moza anticipó que las repatriaciones no serán en realidad masivas, y más bien Trump pondrá el énfasis en frenar la llegada al país de personas indocumentadas.
“Lo que veremos será el mecanismo regular de deportaciones, aunque sí habrá más restricciones en la frontera sur de Estados Unidos, Trump intentará frenar la oleada de personas que siguen llegando a la frontera, y eso sí lo puede hacer”, puntualizó Moza.
Indicó que Trump no buscaría perjudicar la economía estadunidense deportando a personas que, como los inmigrantes indocumentados, son vitales para esa economía, al ejecutar labores que no hace la población, como los duros trabajos en los sectores de la construcción, la agricultura o la hostelería.
“Trump es un empresario, tiene mente enfocada en los negocios, y si algo no hará es afectar la economía de Estados Unidos, no buscará impactar lo que genera riqueza para ese país”, comentó Moza.
Además, las personas indocumentadas pagan impuestos y contribuyen al sostenimiento de las finanzas nacionales de ese país.
En efecto, un estudio de julio de 2024 señala que, en 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron unos 97 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. La mayor parte de esa cantidad, unos 59 millones, se pagó al gobierno federal, mientras que el restante se pagó a los gobiernos estatales y locales
Además, el informe reveló que más de un tercio de los impuestos se destinan a financiar programas a los que ellos están impedidos de acceder. Por ejemplo, en 2022, pagaron 25 700 millones de dólares, los cuales se destinaron a la Seguridad Social; 6400 millones, al plan de salud federal conocido como Medicare, y 1800 millones, al seguro de desempleo.
Otro argumento es el alto costo económico y logístico que supondría iniciar los procesos de deportaciones masiva, que enfrentarán demandas en los tribunales estatales y federales, y eso lleva tiempo finalizarlos.
Los expertos estiman que los 20 mil agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) serían insuficientes para localizar y procesar a las cientos de miles de personas indocumentadas que Trump quiere expulsar de Estados Unidos.
Edgardo Ayala/Inter Press Service (IPS)*
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