Una detallada y profunda investigación realizada por 30 periodistas en nueve países latinoamericanos, incluido México, para conocer el manejo que han tenido los ahorros de millones de trabajadores a través de las administradoras de los fondos de pensiones en sus diversas modalidades, viene a confirmar el gigantesco colapso social que se ha gestado al permitir que los banqueros decidan en qué invertir estos recursos que hasta hoy suman unos 500 mil millones de dólares.

En 2019, en Chile, este sistema de cuentas individuales que ha reportado raquíticas pensiones hizo crisis al salir a las calles millones de habitantes, exigiendo la derogación del modelo implementado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet que no reportó los beneficios prometidos hace más de 3 décadas. Las mujeres apenas y reciben unos 280 dólares mensuales y los hombres y 406.

En México fue en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se aprobaron las llamadas Afores (Administradores de Fondos para el Retiro), para el establecimiento de cuentas individuales en sustitución del antiguo sistema solidario, bajo el argumento –al igual que en Chile– de que garantizarían, por lo menos, un 70 por ciento del último salario cotizado por el trabajador.

Los hechos demuestran que las cosas no son así, pues de la primera generación de estos pensionados, unos 75 mil en promedio, sólo el 10 por ciento alcanzará una pensión honrosa y el resto apenas percibirá el 30 por ciento de su último salario. Un desolador panorama el que espera a nuestro país si no se corrigen a tiempo las cosas.

La investigación titulada: “A dónde va mi pensión”, pone al descubierto todas las irregularidades registradas en el manejo de los millonarios recursos sobre los cuáles, de manera invariable, los trabajadores nunca han tenido injerencia alguna, al grado de que lo mismo han servido para financiar deuda pública, que oscuros proyectos privados; muchos de ellos, rotundas quiebras, endosando las pérdidas a los ahorradores.

En el caso de México, el trabajo periodístico permite conocer que funcionarios de organismos como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), reconocen que en proyectos como el fallido Aeropuerto de Texcoco se invirtieron buena parte de los ahorros de los trabajadores con las consabidas pérdidas, lo mismo que en empresas petroleras, como la firma Oro Negro, propiedad de Gonzalo Gil White –hijo del exsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz–, declarada en quiebra sin que hasta la fecha su dueño, aún prófugo, responda sobre el millonario quebranto.

De suma gravedad es enterarnos que organismos encargados de velar por los ahorros de millones de mexicanos como la Consar se ampararon ante la solicitud de información de los reporteros para conocer en qué portafolios de inversión las Afores han colocado las millonarias cantidades, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de datos Personales (Inai), aceptó como legal tal pedimento.

Además de que el sistema de fondos de inversión impuesto por el modelo neoliberal en el Continente no garantiza el pago de pensiones justas para una vejez digna, en el caso de México permite que las diversas afores cometan abusos contra los usuarios como los traspasos indebidos, sin su consentimiento.

La propia Consar y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reconocen que existe este problema a pesar de la aplicación por ley, desde 2015, de expedientes electrónicos con la información de datos biométricos como el registro de las huellas digitales del trabajador, toma de fotografías, audio y video. Esto no ha sido obstáculo de excesos en su contra, pues muchos usuarios se enteraron, como ocurrió en lo más agudo de la pandemia de Covid-19, de la imposibilidad de retirar parte de sus ahorros porque la Afore en que pensaban estaban sus ahorros, había migrado a otra sin ser siquiera notificados.

De los 68 millones de cuentas administradas por las Afores en el país, únicamente poco más de 27 millones cuentan con un expediente electrónico; el resto siguen registradas en el papel y se espera que sea hasta el 2026 cuando el total de estas tengan un expediente electrónico. La inmensa mayoría de los trabajadores no saben la existencia de este nuevo sistema.

Lo mismo ocurre con la opacidad y falta de información de estas operadoras en lo referente al cobro de comisiones y rendimientos. Por ejemplo, las AFORES deben enviar un informe tres veces al año a sus clientes, situación que por lo general no sucede.

Pero los ahorradores –en teoría, los dueños del dinero– no saben tampoco en qué han estado invirtiendo sus fondos de retiro estas administradoras desde hace décadas. La investigación de los 30 periodistas latinoamericanos deja al descubierto información que debe valorarse para que, no sólo en México sino en todos los países, se modifique este esquema donde se están financiando tanto empresas que atentan contra el medio ambiente como a partidos políticos, como es el caso de Chile.

Financieras globales como Black Rock se han ido apoderando de las carteras de inversión donde se contienen los ahorros de millones de trabajadores para apoyar a gigantes trasnacionales como Waltmart; es decir, que las multimillonarias cantidades de recursos no se utilizan precisamente en fortalecer las economías locales y menos sociales, de los países pobres, sino en acrecentar el poder de firmas tendientes a prácticas desleales y monopólicas.

La referida investigación señala que, en México, Black Rock ha comprado las carteras de inversión de las Afores pertenecientes a Citibanamex y Banorte, invirtiendo en empresas como Grupo México, el consorcio minero de Germán Larrea, responsable de la tragedia en la Mina Pasta de Conchos en febrero del 2006 y de la contaminación de los ríos Sonora y Bacamuchi por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas y que afectó a más de 22 mil personas.

Los informes destacan que en julio del 2020, Black Rock lanzó al mercado su portafolio de inversión denominado iShares ESG MSCI México ETF, jactándose de haber conseguido en solo 60 días inversiones por 450 millones de dólares de la Afore XXI de Banorte; Afore Sura; Afore Profuturo, Citibanamex Afore y Principal Afore, pero por la negativa de las autoridades a proporcionar la información correspondiente, no se conoce con exactitud el monto de las inversiones de las afores participantes.

Son dos los países donde es notoria la cerrazón de sus gobiernos para brindar informes sobre la operación de las administradoras de los fondos de pensión: México y Uruguay, pero aunque en otros hay mayor apertura, esto no incide en que los ahorradores puedan tener el control de decisión para opinar en cuánto a qué y dónde invertir su dinero.

Lo que sí tienen en común Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Panamá y México es que sus pensionados reciben migajas por sus ahorros, con los que se apuntalan consorcios multinacionales. Los sindicatos y trabajadores deben echar un vistazo a este trabajo periodístico que es el hilo conductor para exigir a sus gobiernos un cambio de paradigma en los sistemas pensionarios que conducen a la miseria a millones de jubilados.

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Martín Esparza Flores*/Primera parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)