Estados Unidos ignora las cifras comerciales y tergiversa la política mexicana sobre el maíz.

La semana pasada comenzó una batalla internacional por la tortilla. Por un ingrediente fundamental de los tacos, Estados Unidos inició una disputa comercial con México.

En 2023, mediante un decreto, el gobierno mexicano prohibió el maíz modificado genéticamente (OMG) para consumo humano. Estados Unidos afirma que esto viola las obligaciones comerciales. Preocupado por sus exportaciones de maíz transgénico, formó un panel comercial en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-mec). La semana pasada se celebraron audiencias durante dos días.

Incluso antes de esto, la controversia estaba sobrecargada; era un lío chapucero. Hasta la fecha, los documentos jurídicos presentados por Estados Unidos y México contienen 586 páginas, 758 pruebas documentales y casi 2 mil notas a pie de página.

Asimismo, los argumentos abarcan más de 20 disposiciones del T-mec y varios anexos. Canadá y las organizaciones no gubernamentales han aportado documentos adicionales. Es difícil de seguir, ya seas un experto en comercio, un científico o simplemente te preocupe la seguridad alimentaria.

La postura estadunidense tiene dos puntos débiles: errores económicos y tergiversaciones sobre el decreto. Se trata de fallas básicas, propias de una clase de introducción al Comercio Internacional, sobre lesiones y política. Las torpezas sobresalen de la jerga jurídica y científica de los expedientes. Estados Unidos debería abandonar el caso.

Un buen lugar para empezar a entender la lucha es el propio decreto. El artículo sexto prohíbe el maíz transgénico para consumo humano, definido precisamente como ingrediente para tortillas o masa. Detiene las aprobaciones de maíz transgénico para estos dos productos; eso es todo. El decreto es explícito al no tocar los OGM para alimentación animal o uso industrial; mercados a los cuales los productores estadunidenses exportan principalmente.

Las motivaciones del decreto incluyen la protección de la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. La prohibición responde a los riesgos del glifosato, un herbicida necesario para cultivar maíz transgénico. El mismo es considerado como una causa probable de cáncer por las agencias sanitarias internacionales y los tribunales estadunidenses.

Además, México es el centro de origen y diversidad del maíz, una designación científica que indica una vulnerabilidad genética extrema. En 2021, el Tribunal Supremo de México dictaminó que los OMG amenazan con dañar esta biodiversidad. Más inmediato, el maíz proporciona la mitad de la ingesta diaria de proteínas de los ciudadanos.

Con el artículo sexto, el gobierno reduce estas amenazas al prohibir los OMG en las tortillas y la masa que comen millones de personas cada día. Por estos riesgos científicamente establecidos, adaptó el decreto para que sólo afectara a dos alimentos básicos.

De igual manera, Estados Unidos ignora las cifras económicas recientes. Las importaciones mexicanas de maíz han aumentado desde el decreto. La semana anterior a las audiencias, el Departamento de Agricultura estadunidense informó sobre un “récord” de exportaciones para 2023 y 2024. Asimismo, prevé tendencias similares para el próximo año. Esto confirma los informes anteriores que citaban aumentos del 20 por ciento.

En pocas palabras, el decreto no tiene ninguna repercusión real en el comercio de maíz. ¿Por qué? Porque, en su inmensa mayoría, los agricultores estadunidenses exportan maíz para la alimentación animal y no para el consumo humano. Seamos claros, Estados Unidos lucha a medida que aumentan las exportaciones; no tiene sentido.

Además, tergiversa el decreto. Argumenta que México impone una “prohibición de la tortilla de maíz”, lo cual es falso. Sólo suspende las autorizaciones para el consumo humano; el maíz transgénico puede seguir importándose.

México describe esto como una “limitación de uso final”, ya que regula cómo se utiliza el maíz transgénico, lo cual se aplicaría a cualquier lugar, incluidas las granjas nacionales.

Además, Estados Unidos exagera lo que hace el decreto. Asimismo, discute sobre cuestiones que no vienen al caso. Lo que denomina “instrucciones de sustitución” para obligar a sustituir el maíz OGM en la alimentación animal. La queja es que las instrucciones no son claras.

Problema: el decreto no obliga a la sustitución. Lo que hace es describir las acciones futuras y los requisitos previos necesarios, con el objetivo de sustituir los piensos modificados genéticamente.

El artículo séptimo dice que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) seguirá aprobando el maíz transgénico en la alimentación animal, siempre y cuando no sea para tortillas. Aclara que las dependencias federales llevarán a cabo cualquier posible sustitución. Implícitamente, los gobiernos estatales no tienen ningún papel.

El artículo octavo explica los elementos necesarios antes de cualquier sustitución. También, designa los parámetros para sustituir el maíz OGM para animales. Las condiciones previas incluyen determinar la seguridad alimentaria nacional y cualquier impacto en la salud humana. En dos presentaciones, México explica que los prerrequisitos no se han dado. Por lo tanto, no ha fijado ninguna fecha para la sustitución, y mucho menos ninguna orientación.

El decreto no exige en ninguna parte alternativas a los OMG; no afecta al maíz para el ganado. Las quejas estadunidenses no dan en el blanco.

La disputa acaba de empezar a calentar el comal. El informe final del panel llegará en noviembre. Hasta entonces, espere un lío con más argumentos científicos y jurídicos amontonados. En términos más sencillos, Estados Unidos ignora la realidad comercial y tergiversa el decreto. Errores básicos que agravan los obstáculos en las normas de seguridad alimentaria del T-mec.

Esto debería inspirar resolución frente a la repetición de derrotas comerciales para Estados Unidos. Los agricultores estadunidenses y los consumidores mexicanos merecen algo mejor. Poner fin a la disputa asegura un comprador de maíz en un país vecino y promueve la salud pública en México. El rumbo actual sólo produce incertidumbre.

Ernesto Hernández López*

*Profesor de la Facultad de Derecho, de Chapman University, en California, Estados Unidos; investigador de derecho internacional privado

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