Desde que Uriel Carmona asumió el cargo de fiscal de Morelos en 2018 se le ha señalado “por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo”, indicó la secretaría de gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, durante conferencia de prensa matutina.
Como ejemplos, Alcalde destacó las anomalías suscitadas en el asesinato del activista de etnia indígena náhutal, Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019; el homicidio de dos sindicalistas que se encontraban en protesta en mayo de 2020; el feminicidio de Ariadna Fernández López en octubre de 2022, y el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en abril de 2023.
Asimismo, informó que Carmona no aprobó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal, lo cual constituye un delito. “No presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal, lo realizó casi tres años después de haber asumido el cargo, en septiembre de 2021, fecha en que los reprobó”.
De igual manera, señaló que “es evidente que el fiscal de Morelos cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial federal y también del Congreso del estado de Morelos”. Ello, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuviera que Carmona posee un fuero, por el cual no puede ser procesado penalmente por los delitos antes mencionados.
La titular de la Segob también apuntó al Congreso local de Morelos, pues indicó que “aprobó en fast track una reforma para impedir la posibilidad de que el fiscal [Carmona] fuera sustituido de manera permanente [de su cargo]”.
“Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó una orden de aprehensión por el delito de tortura, sin embargo, esa misma noche tuvo que renunciar por intimidades el propio fiscal anticorrupción, y el encargado del despacho de la fiscalía momentos más tarde se desistió argumentando que se había perdido el expediente”.
Por último, Alcalde informó que la próxima semana la Cámara de Diputados deberá determinar si el fiscal mantiene, o no, su fuero.
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