En Perú, la ausencia de empleos formales afecta principalmente a las mujeres, quienes se ven obligadas a laboral en la informalidad, mientras la pobreza alcanza un nivel del 30 por ciento y crece la inseguridad ciudadana

Lima, Perú. El optimismo con que Jessy Amado encara su precaria situación laboral contrasta con su preocupación por el futuro. Ella es parte del casi el 70 por ciento de las mujeres trabajadoras que no accede al sistema de pensiones, el cual les permitiría contar con una jubilación en su vejez.

“Tendría que abrir una cuenta de ahorro y alimentarla desde ahora para cuando ya no pueda trabajar, pero por el momento no genero los suficientes ingresos con mi emprendimiento”, indicó a IPS, en su puesto dentro de una galería comercial en la capital peruana.

Amado, de 58 años y oriunda de la ciudad de Nazca, en el departamento costero de Ica, al sur de Lima, se dedica a la venta de joyas de plata, bisutería, artículos de decoración y regalos.

“Soy una ‘mil oficios’, yo me encargo de todo en mi emprendimiento: compro materiales, los productos; estoy en la tienda; hago demostraciones… ufff. Trabajo más de ocho horas al día toda la semana, sin descanso, y aunque quisiera, no puedo contratar a alguien que me apoye, porque la economía no da”, agregó en medio de una sonrisa.

Reconoció que no tener hijos es un factor que le ha permitido sostener esta dinámica. Y, aunque confía en que su pasión por ser “joyera artesanal” seguirá siendo un motivante,  al igual que su deseo de brindar un buen servicio, su ánimo se ensombrece ante la crítica realidad económica y social del país. “Con este gobierno, la situación está cada vez peor”.

Con 34 millones de habitantes, Perú mantiene niveles de pobreza del 30 por ciento en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y bajísimos niveles de aprobación al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, desde diciembre del 2022.

El rechazo se suma al muy cuestionado Congreso legislativo y al Poder Judicial, en un país donde los tres poderes del Estado cuentan con menos de dos dígitos de aprobación, según los últimos sondeos. En particular, Boluarte cuenta con un respaldo de 3 por ciento, y el Congreso, 8 por ciento.

El empleo refleja una de las peores caras de esta crisis: más del 70 por ciento de la masa trabajadora se encuentra en la informalidad. Ello implica ausencia de derechos en relación a la protección social; al acceso a vacaciones pagadas; a la jornada laboral de ocho horas; a la compensación por tiempo de servicios; a la libertad de sindicalización, y a las gratificaciones en los meses de julio y diciembre.

En un puesto de trabajo formal, por ejemplo, el empleador aporta el 9 por ciento para el acceso al seguro social de salud. Asimismo, se descuenta al trabajador o trabajadora el 13 por ciento de su remuneración para su afiliación a un sistema nacional de pensiones. Estas condiciones están ausentes en los empleos informales.

La población económicamente activa en Perú suma más de 18 millones, de los cuales más de 8 millones está compuesta por mujeres. La mayoría de ellas se encuentra ocupada, pero en condiciones precarias, y más de 500 mil están desempleadas.

Sólo el 26 por ciento de las mujeres cuenta con un empleo formal que respeta las normas laborales, mientras más del 73 por ciento se desempeña en condiciones de informalidad. La proporción de los hombres en ambas situaciones es de 31 por ciento y 69 por ciento, según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).

Más complicado para las mujeres

Para Mariella Belleza, abogada feminista especializada en derecho laboral, existe una discriminación estructural, la cual pone en desventaja a las mujeres en diversas áreas, acentuadas con la falta de oportunidades en la educación y capacitación, además de la asignación del trabajo doméstico no remunerado.

“El mercado laboral está segmentado, tanto vertical como horizontal: las mujeres estamos en áreas como servicios y cuidados; el 97 por ciento de trabajadoras del hogar son mujeres, lo mismo en enfermería y en limpieza. Estamos también en el comercio, pero el pequeño comercio. Y todas esas actividades son las más precarizadas”, sostuvo en diálogo con IPS, en su departamento en la capital de Lima.

Remarcó que en la informalidad laboral, las mujeres trabajan más y ganan menos, y no ocupan ningún puesto de poder, salvo en sus emprendimientos familiares. “Las vemos en las microempresas, en las chiquitas, que en más de 90 por ciento fracasa dentro de los tres primeros años”.

Según el informe del Inei, Perú: brechas de género, avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, publicado en noviembre del 2024, de las mujeres ocupadas, el 41.5 por ciento lo estaba como trabajadora independiente, por cuenta propia, caracterizado por su baja productividad, inestabilidad, ausencia de beneficios sociales y escasos ingresos.

Ni siquiera llegan a la remuneración mínima vital que rige para los trabajadores asalariados del sector privado, que se actualizó en 1 mil 130 soles a finales de diciembre, luego de dos años y medio congelado. Esta cifra equivale a unos 300 dólares.

Belleza consideró un fracaso las políticas de formalización laboral de las últimas décadas, porque  miran el derecho laboral europeo en vez de centrarse en la realidad peruana. tampoco atienden las brechas de acceso al empleo por género, edad y origen.

“Cómo es posible que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, el que permite sostener la sociedad y reproducir la mano de obra, no se tome como un indicador económico o no se incorpore al derecho laboral”, se preguntó la abogada laboralista.

También refirió que, por razones culturales tradicionales, se realizan ferias locales y regionales en Perú, que son espacios de intercambio económico con presencia de iniciativas diversas a pequeña escala.

“Allí no podemos pedir la formalidad como se entiende para efectos de una empresa, qué modelo le estamos ofreciendo a estas mujeres y hombres fuera del foco hegemónico”, inquirió.

Planteó imaginar “lo imposible”. “El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene programas de empleabilidad con capacitaciones, pero ninguno mira a las jóvenes con hijos pequeños para ayudarlas a fortalecer su formación, generando por ejemplo mecanismos de cuidados para los niños, y ellas puedan estudiar. Mientras, se emplearán como pueden, en la informalidad y precarización sin capacitarse”.

El modelo es una estafa

Javier Mujica, abogado laboralista de larga experiencia e integrante del no gubernamental Perú Equidad, afirmó que el panorama laboral es malo. Asimismo, refleja la carencia de oportunidades de acceso a empleos decentes para la mayoría de la población, en particular mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas privadas de su libertad y  mayores de 45 años

De igual manera, expresó a IPS  que la informalidad laboral se da en el sector formal e informal de la economía, pese a lo cual las autoridades del sector del  trabajo no corrigen esta situación.

“Otro rasgo característico muy extendido es la precariedad laboral; personas que trabajan por cuenta ajena que deberían estar cubiertas por el derecho laboral, pero no es así”, dijo.

En ese punto, mencionó las políticas neoliberales introducidas en Perú, a partir de 1990 durante el mandato del ya fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) –condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad–, y mantenidas por los siguientes gobiernos.

Detalló que para sus ejecutores han funcionado las recetas de flexibilización laboral, liberalización de los mercados, erradicación de la actividad sindical y negociación colectiva.

“Entienden que hacer competitiva la economía es tener una mano de obra que cueste muy poco. Para ellos la informalidad se corrige reduciendo derechos, pero es espantoso para la mayoría. Han hecho estas reformas sabiendo que el modelo no funciona y que perjudica a la gente. EAs una gran estafa”, denunció.

Subrayó que, en esa realidad, si bien las mujeres han logrado mayor acceso al mercado de trabajo, es en condiciones precarias, especialmente en el comercio, servicios y agricultura, áreas en que persiste una sub-remuneración de su mano de obra.

“Si el estado invirtiera en un sistema de cuidados facilitaría un mejor posicionamiento de la mujer en el mercado de trabajo. Se necesita, además, invertir mucho en educación, capacitación, crédito, financiamiento y fomento de la asociatividad, porque la micro escala es una condena a muerte”, puntualizó.

Mariela Jara/Inter Press Service (IPS)*

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