Ante el hostigamiento, amenazas y asesinatos de periodistas en el país, más de 600 comunicadores han solicitado la protección del Estado mexicano, en los últimos ocho años. La cifra de periodistas asesinados es de 137, desde el inicio de este nuevo siglo

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, datos de organizaciones internacionales y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dan cuenta de 137 comunicadores asesinados de 2000 a 2021, lo que sigue colocando al país como uno de los más peligrosos para esta profesión.

Aunado a ello, más de 600 periodistas que han solicitado la protección del Estado mexicano, de 2012 a 2020, por amenazas y riesgos que enfrentan. Sobre el tema, Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que, a nivel internacional, el país sólo está por debajo de Afganistán y de Siria, donde hay guerra.

De acuerdo con los recientes reportes internacionales que hay al respecto, esta realidad “no es actual, sino que es una posición que ya se viene arrastrando desde hace muchos años; es decir, en esta última década se ha agudizado la impunidad que acompaña sobre todo en asesinatos a periodistas”, dice el investigador.

Al respecto, Jesús Ramírez Cuevas –coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República– lamenta esta violencia, y “que México sea uno de los países en donde todavía el ejercicio periodístico es un riesgo muy grande. Nos avergüenza ese dato, ese lugar que tenemos. Es un saldo pendiente que tenemos que lograr, proteger a los periodistas y activistas a quienes a través de su trabajo y su oficio ejercen los derechos ciudadanos y defienden los derechos de otros”.

El Informe estadístico de diciembre de 2020 del Mecanismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), indica que desde octubre de 2012, los periodistas que han solicitado la incorporación a esta entidad, para ser protegidos ante cualquier amenaza por su labor, son 602; de estas solicitudes han sido admitidas 533, de las cuales 368 cuentan con medidas de protección ordinarias y 165 con extraordinarias, estas últimas son otorgadas por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida mediante evaluación de riesgo de acción inmediata.

Agresiones contra periodistas

El Mecanismo de la Segob identifica 600 casos de “probables agresores a personas periodistas”, durante el periodo de 2012 a 2020; de éstos, la mayoría han sido por parte de servidores públicos, con 258 casos; otros 199 corresponden a “particulares”, y 143 no han sido identificados.

Las cifras oficiales de este mismo periodo dan cuenta de 553 casos en la clasificación de “tipo de agresiones a personas periodistas beneficiarias”, entre las que se encuentran: 20 secuestros, 145 agresiones físicas y 388 amenazas.

Para Maurilio Santiago Reyes, abogado especialista en derechos humanos y defensor de periodistas, “el Mecanismo tiene un gran reto con el incremento de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo. Esta entidad tiene sus deficiencias, pero es lo único que tenemos. Entre las ventajas que tiene es que hay un fondo económico, infraestructura, personal, pero no es suficiente. La situación de los defensores y periodistas es muy complicada y van en aumento los casos que solicitan incorporarse a este Mecanismo”.

Una cosa es proteger, dice Santiago Reyes, pero poco se ha hecho en el tema de prevenir. “Haciendo un análisis de dónde vienen las amenazas y las acciones que ponen en riesgo a los periodistas, nos damos cuenta que muchas de esas agresiones provienen de policías municipales o autoridades municipales, muchas veces en contubernio con grupos de poderes fácticos en ciertos lugares. Mientras no exista una forma de cómo identificar la situación de riesgo, no se va a avanzar”.

Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas comenta que según los datos con los que cuenta el gobierno de la República, hay un porcentaje “muy importante” de periodistas agredidos por personas relacionadas con el servicio público. “Hay alrededor de un 60 por ciento que provienen de instancias oficiales, políticas o con funcionarios ligados a diferentes niveles de poder. Lo que puedo decir es que hoy, desde el poder Ejecutivo federal, no hay presiones, ni represiones, ni amenazas laborales ni políticas, ni físicas en contra del periodismo”.

La edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por Reporteros sin Fronteras (RSF), indica que “la principal vacuna contra el virus de la desinformación, el periodismo, está total o parcialmente bloqueada en el 73 por ciento de los países que analiza la organización”. México figura en esta lista como un foco rojo para el ejercicio periodístico.

Adela Mabarak Celis, profesora de asignatura de la carrera de comunicación en la UNAM desde hace 20 años, señala que “es una lástima que en pleno siglo XXI, todavía siga existiendo una amenaza hacia los reporteros y comunicólogos… Ya es hora de que se dé un cambio real, si estamos hablando de una transformación, si estamos haciendo referencia de que es un derecho constitucional, tanto para los comunicadores como para la sociedad en general, pues ya hace falta realmente un cambio dentro de las políticas públicas, respecto a la libertad de expresión en México”.

Siglo XXI, se agudiza la violencia

Prácticamente desde que inicia el presente siglo, dice el investigador universitario Hugo Sánchez Gudiño, cuando se da en México esta primera transición democrática con el arribo del Partido Acción Nacional al poder, es cuando se agudiza la violencia contra los periodistas, “probablemente esto tenga que ver con que esta primera alternancia trae consigo el hecho de desaparecer una gran cantidad de instituciones que habían sido construidas por el antiguo Partido Revolucionario Institucional”.

“Un gobierno de alternancia que empieza a reconstruir su propio proyecto y empieza a desaparecer o a tratar de borrar las huellas del priísmo, eso genera muchos espacios, vacíos en el marco legal y jurídico y, no se diga en el marco del ejercicio periodístico porque también con la alternancia cambian algunas reglas de la relación de la prensa con el poder. Entonces esos factores probablemente se conjugan para que a partir de del nuevo siglo la violencia en contra de los periodistas se agudice y se vaya convirtiendo en un motor no sólo de grupos violentos sino también de grupos políticos que quieren que tienen ciertos intereses y no les conviene que la prensa y los periodistas hagan su trabajo con cierta libertad”, expone el académico.

Al respecto, Jesús Ramírez Cuevas asegura que en esta administración se han mejorado las condiciones a quienes demandan una protección, tanto activistas como periodistas, se han eliminado las empresas privadas que daban seguridad y atendían en algunos casos y se ha optado por agentes públicos, policiacos y de inteligencia “para hacernos cargo y responsables más directamente de la seguridad de quienes están protegidos o a quienes han demandado al gobierno algún tipo de ayuda”.

El vocero de la Presidencia indica que se ha ampliado la ayuda o el apoyo o la protección, no sólo para los periodistas que sufren algún acoso o represión sino también a sus familias “porque sí consideramos que en muchas cosas una situación que involucra a las familias, también, cuando ha sido necesario se ha ampliado esta protección al entorno cercano de los periodistas.

“De todos modos, no es suficiente no ha sido suficiente. La impunidad sigue siendo un incentivo muy grande para seguir o que se mantengan estos niveles de violencia, asesinatos, represión hacia el periodismo y, entonces, hay que acabar con la impunidad. En este gobierno hemos avanzado en cuanto a la identificación de los responsables, de delitos cometidos contra periodistas, en otras administraciones, pero en particular en esta se ha logrado detener a muchos de los responsables, se ha sentenciado ya a algunos y estamos queriendo fortalecer el mecanismo”, expresa.

Ramírez Cuevas indica que se ha tenido diálogo con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y con la Unesco [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura] para hacer diagnósticos conjuntos y cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales para mejorar estas condiciones.

“Estamos en esa ruta, pero la clave de todo es la impunidad, si podemos acotarla, castigar a los responsables y subir las penas, cuando se trata de un servidor público, un delito de esta naturaleza no sólo es más grave sino implica una mayor responsabilidad para quienes amenazan o atacan o reprimen o asesinan a periodistas, esto puede ayudar a disminuir este incentivo frente a las autoridades, a querer reprimir”, señala.

El funcionario expresa que “este gobierno considera a la prensa una parte fundamental en nuestra vida democrática y defenderá los derechos de los periodistas y de los medios de comunicación a existir, a mantener su línea crítica, creemos en la libertad de expresión y en el derecho a la información, que está por encima de cualquier otra consideración política, económica o de otra índole”.

Informa que en el segundo semestre del año se darán a conocer un programa para la seguridad social de los periodistas independientes, de los freelance y de quienes no tienen una relación formal con el medio de comunicación. Además, ya se tiene preparado un programa de un plan de jubilaciones y de acceso a los servicios médicos y a la seguridad social, que se lleva a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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