La violencia en México ejercida por grupos del crimen organizado no se puede explicar sin el poderoso arsenal que han acumulado por décadas, y que sale principalmente de empresas fabricantes y distribuidoras en Estados Unidos. Estas prácticas repetitivas y negligentes facilitan a los cárteles la adquisición de armas de alto calibre, de lo cual están conscientes y ni así actúan para frenarlo. Eso acusa el gobierno mexicano, y lo plasmó en las demandas que interpuso en las Cortes de Massachusetts y Arizona en 2021 y 2022, respectivamente. Con ello, se busca poner controles a estas acciones, como explicaron a Contralínea el actual y el exconsultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Primera parte. En México, la violencia provocada por las armas de fuego en manos del crimen organizado –en especial, del narcotráfico–, que son traficadas de manera ilegal desde Estados Unidos, ha trastocado todos los estratos sociales, aunque con mayor afectación a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Tan sólo en 2023, el 70 por ciento de los 31 mil 62 homicidios dolosos cometidos en México, fueron por el disparo de armas de fuego, equivalente a 21 mil 743 (cuando en 1997 era sólo el 15 por ciento), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 el porcentaje subió a 72.46 puntos.

Sin el tráfico ilegal de armas principalmente de Estados Unidos, los integrantes de grupos del crimen organizado no estarían tan poderosamente equipados para amedrentar a la ciudadanía ni enfrentar a las autoridades, y así extender su poderío en ciertos territorios del país, enriqueciéndose a su vez con el trasiego de drogas hacia el vecino país del norte.

Según la estadunidense Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), se estima que cada año se trafican entre 200 mil y medio millón de armas, de Estados Unidos a México. “Es una barbaridad, es un mundo de armas”, exclama el maestro Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Fue por ello que, en agosto de 2021 y en octubre de 2022, la Consultoría Jurídica de la SRE –por órdenes del entonces presidente López Obrador– interpuso dos demandas civiles por daños, contra diversas empresas fabricantes y vendedoras de armamento.

La primera de ellas enfrenta su última etapa en la Corte Suprema de Estados Unidos, y es contra las empresas Smith & Wesson e Interstate Arms, aunque originalmente también señalaba la presunta responsabilidad de otras compañías (Barret Firearm Manufacturing Inc, Camfour Inc, Colt`s Manufacturing Company LLC, Remarms LLC, Sturm, Ruger & Co. Inc, y Century International Arms).

La segunda demanda avanza en la Corte de Distrito en Arizona, y acusa a cinco distribuidoras: Diamondback Shooting Sports Inc, SNG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo A-Z LLC, y Sprague’s Sports Inc. Todas, integrantes de una industria sumamente poderosa, que está protegida por la propia legislación estadunidense.

La judicialización del tráfico ilegal de armas busca “demostrar y argumentar las prácticas negligentes en toda la cadena de comercialización del arma, que va desde la fabricación, su distribución, [hasta] sus puntos de venta. Hay negligencia y hay prácticas negligentes que, lo que permiten con esta falta de controles, es que estas armas terminen entrando de manera ilegal a México”, explica a Contralínea el consultor jurídico Pablo Arrocha Olabuenaga.

El fondo del asunto es “cerrarle la llave del flujo de armas al crimen organizado en México”, indica, por su parte, Alejandro Celorio Alcántara, exconsultor jurídico durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y quien se encargó, con su equipo, de presentar ambas demandas.

Práctica sistemática

“Llevamos años, décadas, donde sabemos de informes de oficinas de los Estados Unidos, corroborados por la información que tenemos en el país, del volumen, la cantidad de armas, y la práctica que hay de armas, que salen de Estados Unidos y entran a México”, acusa Pablo Arrocha.

Ello se ha intensificado desde 2004, cuando en Estados Unidos se quita la prohibición sobre la venta de armas de asalto. Ese hecho ha llevado al gobierno mexicano a plantear el “innegable” vínculo entre el diseño, distribución y comercialización que efectúan los demandados, y la destrucción en México.

En 1990, han expuesto, “se producían o importaban anualmente 74 mil rifles de asalto para su venta en Estados Unidos”. Para 2016 ya eran más de 2.3 millones de armas de ese tipo en el país. Al mismo tiempo que se dio este incremento, en México se ha incrementado el número de homicidios, siendo el periodo del panista Felipe Calderón Hinojosa, junto a su mano derecha –el secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, sentenciado en una corte de Nueva York a 38 años de prisión por recibir sobornos y colaborar con el Cártel de Sinaloa–, el periodo donde se disparó la cantidad de homicidios dolosos.

En enero de 2025, el Departamento de Justicia estadunidense admitió que “los cárteles se están armando a través de los canales de tráfico de Estados Unidos”. Además, entre 2017 y 2021, el 74 por ciento de las armas –usadas en crímenes y– recuperadas en México, se rastrearon hasta un comprador estadunidense, reveló un documento de la Evaluación Nacional de Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA, por sus siglas en inglés), de ATF.

“Esto es una corroboración de una práctica que lleva mucho tiempo”, continúa Arrocha Olabuenaga. El también maestro en derecho internacional público por la University College London menciona que ha sido uno de los argumentos presentados por el gobierno mexicano en los litigios contra la industria bélica.

“Tú, fabricante, sabes y lo has sabido durante muchos años, que tus armas terminan en México de manera ilegal, y nunca has hecho nada al respecto para controlar o limitar este tenor, y si me dices que no lo sabes, pues lo deberías haber sabido, porque ha sido tanta la práctica, conocida por todos, por informes que son públicos, que resultaría absurdo a estas alturas del partido decir ‘no, yo nada más produje un arma, pero no sé dónde acaba’”, añade.

Además, Arrocha Olabuenaga puntualiza que es una práctica sistematizada, pues aun cuando se ha hecho conocer a las empresas de armas, a partir de los litigios, que sus productos terminan en manos de los cárteles mexicanos, se mantienen los patrones negligentes.

El mismo informe de la ATF resalta que, según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), el 81.6 por ciento de las recuperaciones de armas en México se ha hecho en territorios con presencia dominante tanto de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Atravesar la inmunidad legal

No obstante los argumentos del gobierno de México –en la que es la primera demanda “que un Estado extranjero presenta contra la industria [de las armas] ante los tribunales de Estados Unidos”–, el mayor obstáculo para este recurso legal es la propia Ley de Protección del Comercio de Armas (PLCAA, en inglés). Promulgada por el Congreso estadunidense en 2005, otorga inmunidad a las empresas armamentistas frente a sus responsabilidades civiles por el mal uso de armas en territorio estadunidense.

Esta ley ha sido el argumento de defensa principal usado por las empresas de armas. Y con base en ella, el juez de primera instancia Frank Dennis Saylor IV, presidente de la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, desechó en septiembre de 2022 la primera demanda de México, por considerar que la PLCAA sí protegía a las empresas, incluso, por daños fuera de Estados Unidos, lo que se ha interpretado como un acto de extraterritorialidad de la legislación estadunidense.

Esta decisión fue apoyada por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, pues “el objetivo de la PLCAA no es la reparación del daño, sino más bien impedir determinadas demandas”; mas no opinaron así sobre los demás argumentos del gobierno mexicano, respecto a las excepciones que especifica la propia ley, en cuanto al comportamiento ilícito.

El 22 de enero de 2024, los juzgadores de la Corte de Apelaciones determinaron que México argumentó favorablemente que las empresas demandadas violaron la legislación a sabiendas, así como fueron responsables por ayudar, instigar o conspirar con personas para que poseyeran un arma “sabiendo, o teniendo motivos razonables para creer” que se usará para cometer delitos, por lo que regresó el caso a la primera instancia.

Luego llegó a la Suprema Corte tras petición de las compañías de armas, aunque solo contra dos entidades (Smith & Wesson e Interstate Arms). Las otras seis se sacaron, según el juez Saylor, por no ser próximas a su jurisdicción. Estas eran Barret Firearm Manufacturing Inc, Camfour Inc, Colt`s Manufacturing Company LLC, Remarms LLC, Sturm, Ruger & Co. Inc, Century International Arms.

Ante el alto tribunal, con decisión irrevocable, se llevó a cabo la primera audiencia dos meses atrás, el pasado 4 de marzo, ya con el nuevo equipo encabezado por Pablo Arrocha. El actual consultor jurídico de la SRE dice a este semanario que frente a esos jueces –con mayoría conservadora seis a tres–, “todavía no estamos en una etapa del análisis de la sustancia. […] se revisaron cuestiones de admisibilidad para saber si en realidad había materia y méritos para que el caso pueda volver a la primera instancia y avanzar”, bajo el argumento central de la aplicación, protección y alcance de PLCAA

Alejandro Celorio difiere de lo que se está discutiendo en la Suprema Corte. “No es una cuestión de admisibilidad. No es así. La demanda está aceptada. El problema es que, por una ley de inmunidades, dice el juez [que] no puede avanzar el litigio. […] Hoy por hoy es una cuestión sobre si puede iniciar el juicio, mas que si nuestra demanda se puede aceptar o no”

Los jueces van a resolver, aproximadamente en junio de este año, “respecto al análisis que hizo la Corte de Apelaciones”, que dijo: “el litigio puede continuar, puede iniciar o avanzar porque México invocó correctamente excepciones a la ley de inmunidades […], y las demandadas dicen: ‘no, la Corte de Apelaciones se equivoca porque México no puede probar que lo que nosotros estemos haciendo, les cause un daño’. Entonces ellos insisten que PLCAA es su mejor defensa”, continúa en entrevista para Contralínea.

Cualquiera que sea la decisión, este “juicio estratégico” ya es “un caso de éxito para México por la simple razón de que ya hemos tenido la oportunidad –por primera vez en la historia– de plantear argumentos sustantivos jurídicos de fondo que permitan exponer ante el más alto tribunal de Estados Unidos una problemática real que llevaba muchos años; […] pero no siendo analizada desde un punto de vista de litigio y de análisis de derecho”, asegura Pablo Arrocha.

Agrega que la resolución “nos ayudará a entender muy bien cuál es el razonamiento sobre la aplicación de la ley [PLCAA] en Estados Unidos, y eso siempre ayuda a saber si se pueden hacer ajustes o enmiendas en nuestra demanda en la primera instancia; si se pueden presentar nuevos casos y con qué ángulo; si esto puede tener un efecto positivo para cómo revisamos [o] enmendamos algo en nuestro caso en Tucson, Arizona”.

Arizona: el otro frente

Poco después de un año, el 10 de octubre de 2022 se presentó una segunda demanda, esta vez en Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas fronterizas vendedoras de armas. Con estas dos, se intenta “cubrir todo el ciclo de la comercialización del arma”, explica el consultor jurídico Pablo Arrocha. Las cinco distribuidoras demandadas por el gobierno mexicano son Diamondback Shooting Sports Inc, SNG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo A-Z LLC, y Sprague’s Sports Inc.

La jueza Rosemary Márquez, en marzo de 2024, resolvió en favor del gobierno al afirmar que “las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que éstas serían usadas con fines ilícitos”, como señaló un boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con este hecho, el litigio ha avanzado a la etapa de recabar y presentar pruebas a la Corte, conocido como discovery. Pablo Arrocha explica que actualmente “estamos ya en un ejercicio al interior de México de coordinación entre todas las entidades que puedan estar involucradas, que puedan aportar a esta información que demuestre el trasiego de armas y el impacto del trasiego de armas [estadunidenses] en México, también a partir de armas que han sido incautadas en el país, por ejemplo, y estamos en estos plazos procesales para avanzar”.

Hay una ventaja, afirma el actual consultor jurídico de la SRE, y es que “podemos seguir presentando cómo se han ido acumulando las mismas prácticas [de 2022 que se presenta la demanda] hasta ahora [… y decir:] ‘mira estas tiendas vendieron tantas armas que con este número de registro fueron incautadas en México […] fueron de manera ilegal, había un conocimiento, la práctica todos estos años del volumen es más o menos la misma, lo cual quiere decir que hay más o menos una sistematicidad en el proceso”.

Agrega que “después que en el discovery la jueza pueda analizar y valorar la información que fue presentada, entonces formalmente ya pasaríamos a la etapa del juicio donde habría audiencias orales, argumentos orales, se presentarían más evidencia, en fin, habría más etapas en el proceso. Son procesos largos también”, pero es importante rescatar que avanza, aunque aún no hay una fecha definida para presentar toda la documentación.

En el texto de la demanda de 2022 se incluye un análisis que apunta que: entre 2014 y 2018, de 26 mil 860 armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en México, compradas inicialmente en Estados Unidos, 4 mil 444 de ellas estaban trazadas hacia Arizona. “Esto es por ahora el número per cápita más grande de tres estados principales, casi dos veces mayor que Texas y más de cuatro veces mayor que California”, aunque solo representa una pequeña fracción del total.

Según la ATF, 73 por ciento de las armas rastreadas entre 2022 y 2023 provenía de un comprador de Texas, Arizona o California. Las cinco principales rutas del tráfico de armas entre Estados Unidos y México representaron el 32 por ciento del total de las armas recuperadas y rastreadas hasta un comprador. La que va de Arizona a Sonora es la más cuantiosa y equivale al 9.1 por ciento total. Le siguen cuatro rutas con armas que salen desde Texas y van hacia Tamaulipas (6.7 por ciento), Nuevo León (6.5 por ciento), Chihuahua y Guanajuato (4.7 por ciento cada una).

Entre 2017 y 2023 incrementó 63 por ciento el número de armas recuperadas en México que se usaron en un crimen. La mayor parte provenía de Texas (43 por ciento), Arizona (22 por ciento) y California (9 por ciento).

Un multihomicidio comenzó todo

El 3 de agosto de 2019, el texano Patrick Wood Crusius asesinó a 23 personas e hirió a otras 22, en una tienda Walmart de Cielo Vista, en El Paso, Texas. Admitió que lo hizo por la nacionalidad de las víctimas. Eran hispanas, en su mayoría mexicanas.

Ello activó al gobierno mexicano a actuar contra este tipo de hechos a través de la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores, pero analizaron que “no iba a tener tantos resultados, porque era una tienda y era un arma. El efecto habría sido importante, pero no tan trascendente como lo que estamos haciendo”, considera Alejandro Celorio, quien en aquel entonces estaba al frente de ese departamento de la SRE.

En ese mismo año, además, ocurrió el Culiacanazo, operativo que tuvo por objetivo detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, pero que se frustró . El diplomático narra que, mientras veía la noticia en su casa, mandaba mensajes al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre las armas que portaban los delincuentes, y que eran de fabricación estadunidense. Por tanto, se pensó en un litigo que ataca la raíz del problema, y que se materializó en las dos que tienen lugar hoy en día.

Retoma la frase de López Obrador ‘abrazos, no balazos’. Y dice que la demanda “de alguna manera es un abrazo en el sentido de no responder a la violencia con más violencia, [… sino] con acciones sofisticadas e inteligentes”.

El terreno ganado

La batalla legal que sostiene –desde 2021– el gobierno mexicano en contra de la poderosa industria armamentista ha sido acompañada y apoyada por diferentes sectores, tanto en planos legales como en acciones políticas.

“Para ir a la demanda en la Suprema Corte recibimos nueve escritos amicus curiae apoyando las pretensiones de México”, detalla el consultor Pablo Arrocha. Entre éstos, de víctimas de la violencia armada; gobiernos como Belice y Antigua y Barbuda; 14 procuradores generales de entidades y 27 fiscales de distrito estadunidenses; expertos en derecho de Estados Unidos e internacional; y sociedad civil en pro del control de armas.

Los amicus curiae tienen una amplia tradición en los juzgados de Estados Unidos, contrario lo que ocurre en México, explica el doctor Jorge Sánchez-Cordero. Esta acción “da la posibilidad a partes de las sociedades, grupos vulnerables particularmente, minorías, que no tienen voz ni medios para hacerse representar dentro de la propia Corte y las propias instancias jurisdiccionales […] porque digamos la voz tiene que ser escuchada, porque en algunos casos estas resoluciones las afectan”.

Luego de la nula respuesta de universidades de derecho, incluso la Barra Mexicana de Abogados, el doctor Jorge Sánchez-Cordero –junto con el entonces director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante– envió un amicus curiae a la Corte de Apelaciones de Massachusetts, con el argumento de “acceso a la justicia, y justicia para todos […] los mexicanos tenemos que ser escuchados, tenemos que tener acceso a la justicia estadunidense”.

Por otra parte, en el ámbito político, el gobierno del expresidente Joe Biden tipificó el tráfico de armas como delito federal en junio de 2022, meses antes de la demanda en la Corte de Arizona. Alejandro Celorio observa los esfuerzos de México como influencia para que estas acciones se llevaran a cabo.

Actualmente, también hay un viraje de la administración del republicano Donald Trump frente a este problema. El presidente de Estados Unidos ha tenido múltiples llamadas telefónicas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tras acordar una mayor cooperación con México, ha instruido a las diferentes agencias estadunidenses a aplicar “mano dura” para frenar el tráfico de armas hacia México, como ha recalcado Brendan Iber, integrante de la ATF, en una conferencia.

Días después, algunos congresistas estadunidenses enviaron una carta dirigida a los titulares de los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y de Estado para que tomaran medidas y detengan el tráfico de armas hacia México. Señalaron que la mayoría de los cárteles usan esas armas, y estimaron que entre 200 mil y 500 mil son traficadas año con año a México de manera ilegal.

Y en ese contexto, desde enero de 2025, autoridades de Estados Unidos han incautado unas 10 mil armas que iban a ser traficadas a México. Este tipo de acciones han sido aplaudidas y calificadas como históricas por la presidenta Sheinbaum.

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