En América Latina, México es el país que más dinero público da a los partidos políticos, advierte el análisis Modelos de financiamiento de los partidos políticos en México y América Latina. Al respecto, señala que en 2021 entregó a los partidos políticos un total de 239.12 millones de dólares por concepto de financiamiento para las actividades no electorales, lo que lo ubica “como la nación que mayor cantidad de recursos públicos destina para esta finalidad. Le siguen en orden de importancia, Brasil con 160.84 millones de dólares, Colombia, Chile y Argentina, con 7.85, 3.61 y 1.68 millones de dólares, respectivamente”.
El estudio –elaborado por la Subdirección de Análisis Económico, dependiente de la Cámara de Diputados– señala que en cuanto a recursos para financiar actividades electorales, “en las elecciones de 2018, México entregó a los partidos políticos y candidatos independientes 113.62 millones de dólares, sólo por detrás de Brasil [país con más población electora] que en ese año gastó 478.11 millones de dólares para la misma finalidad”.
Observa que “en general, los países latinoamericanos destinan recursos para esta actividad electoral muy por debajo de México. Así, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Costa Rica en sus últimos comicios destinaron para financiamiento de sus campañas políticas 12.45, 12.28, 11.84, 2.79 y 0.83 millones de dólares, respectivamente”.
El estudio, de la autoría del doctor Reyes Tépach, apunta que “en el contexto de los países latinoamericanos, México destaca por ser uno de los países que mayor cantidad de recursos públicos destina a financiar el gasto electoral y el no electoral de los partidos políticos”.
Respecto del derecho comparado, indica que el modelo de financiamiento público en México se estima como el resultado de multiplicar el 65 por ciento de la unidad de medida y actualización por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Agrega que en Costa Rica, es una contribución equivalente al 0.19 por ciento del producto interno bruto del año tras anterior a la celebración de la elección para presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa.
Otro ejemplo que cita es el de Perú, donde se destina el equivalente al 0.1 por ciento de la unidad impositiva tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República, y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizado durante el quinquenio posterior a la elección.
Por su parte, Chile otorga un aporte por el equivalente a 0.04 unidades de fomento multiplicado por el número de votos válidamente emitidos en la última elección de diputados.
El estudio señala que en Uruguay, el Estado aportará a los partidos políticos con representación parlamentaria una partida anual equivalente al valor de 4 unidades indexadas por cada voto obtenido en la última elección nacional. Y que en Argentina, para las elecciones se conforma el Fondo Partidario Permanente, administrado por el Ministerio del Interior, constituido con el aporte que destine anualmente la ley de Presupuesto General de la Nación, entre otras fuentes de financiamiento.
Acerca de Brasil, indica que se conforma el Fondo Especial de Asistencia Financiera a los Partidos Políticos (Fondo Partidario), está constituido por el número de votantes registrados el 31 de diciembre del año anterior al del proyecto de presupuesto, multiplicado por 35 céntimos de real, en valores de agosto de 1995. Y de Colombia, apunta que el Estado concurrirá al financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos, por conducto del Fondo Nacional de Financiación Política.
“Cabe agregar que el financiamiento público en Costa Rica, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil destinan recursos presupuestarios para las actividades permanentes de capacitación y organización política y para las campañas electorales, tal como está regulado en el marco jurídico vigente de México. En Perú, el financiamiento público a los partidos sólo asigna recursos para las actividades ordinarias, no para las campañas, difiriendo del mexicano, que destina recursos públicos para ambas actividades partidistas”.
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