La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha sido una de las principales opositoras a la cuarta transformación. En el sexenio pasado del presidente López Obrador, no sólo impulsó la fallida violación de la Constitución Política –al intentar suplantar al Constituyente para modificarla, e impedir así las elecciones de jueces, magistrados y ministros–, sino que falló en contra de las principales políticas públicas. A ello se suma que, durante su mandato en el Poder Judicial, permitió que juzgados y tribunales judicializaran la política

Tercera parte y última. Las acciones del Poder Judicial contra el gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvieron caracterizadas por la oposición permanente a proyectos de ley, obras de infraestructura estratégicas y políticas públicas. Estas acciones fueron llevadas a cabo tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como por jueces de los distintos circuitos judiciales del país.

En las pasadas entregas se abordó lo que es y lo que no es el lawfare, y también las distintas vías que adquiere la guerra judicial en México. En esta última parte, se abordan las características de la judicialización contra la 4T.

Ejemplo de ello es lo que expuso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez –en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 21 de octubre de 2024–, sobre las obras y políticas públicas judicializadas con amparos. La reforma que más amparos tuvo fue la de extinción de fideicomisos del Poder Judicial, con 717; seguida de la ley para prohibir los vapeadores y la Ley de Industria Eléctrica.

Leyes, obras y política pública judicializadas por amparos

Fuente: elaboración propia con datos de la Conferencia matutina 21 de octubre de 2024

Según datos de la SCJN, las acciones de inconstitucionalidad en los primeros cuatro años del gobierno de AMLO sumaron 813; en contraste, en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), fueron 399. Las controversias constitucionales fueron 1 mil 68 con AMLO, en tanto que con Peña Nieto fueron 536. Aunque los amparos en revisión incrementaron levemente, son las acciones y controversias las que incrementaron mucho más en un sexenio en el que se pretendieron establecer varias reformas a leyes secundarias y constitucionales. Como detalló la revista Contralínea, fue el opositor Claudio X González Guajardo el que litigó para detener el Plan A, el Plan B y, ahora, el Plan C con recursos provenientes del gobierno de Estados Unidos y de varios empresarios mexicanos.

Asuntos ingresados en la SCJN en los primeros 4 años de EPN y AMLO

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación, estadística mensual, noviembre, 2022

Otra característica de la judicialización de la política se encuentra en los votos de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien ha votado contra leyes, decretos y acuerdos propuestos desde el Poder Ejecutivo en el periodo de 2019-2024.

Votos de Norma Piña (2019-2024)

Fuente: elaboración propia con datos de la SCJN

Amparos a favor de empresas contra proyectos de reformas

Otra característica de la judicialización de la política fue el otorgamiento de amparos a empresas extranjeras y nacionales en contra de reformas, como fueron la Ley de Industria Eléctrica (LIE), la Ley de Hidrocarburos (LH), la Ley Minera, y las obras de infraestructura por mencionar algunas de las más relevantes. Algunos de los juzgados que otorgaron estos amparos fueron:

• Juzgado Primero de Distrito de Yucatán (juez Adrián Fernando Novelo Pérez): otorgó una suspensión provisional con la que frenó el transporte de rocas provenientes de Cuba que serían utilizados durante la construcción del tramo cinco y seis del Tren Maya. Voces Unidas de Puerto Morelos, Puerto Morelos Sustentable y Grupo Gema del Mayab, entre otras, señalaron que con este freno judicial se detiene el desembarco del material.
• El juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Rivera González: concedió a First Majestic Silver la suspensión provisional para que se paralicen todos los efectos y consecuencias derivados del tercer párrafo del artículo quinto transitorio del decreto de la reforma a la Ley Minera.
• Juez decimosexto de distrito en materia administrativa, Gabriel Regis López: concedió a la empresa Cobre del Mayo la suspensión definitiva contra el decreto por el que se reforman, agregan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua.
• Juez Juan Pablo Gómez Fierro, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: aceptó amparos en contra de la LIE, contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

En septiembre de 2024, la SCJN no fijó un plazo definido para la resolución del amparo directo presentado por la empresa Elektra para evitar el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria. En octubre la Segunda Sala de la SCJN otorgó un amparo a la empresa DS Servicios Petroleros para disminuir el monto de impuestos que debería pagar por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. DS Servicios Petroleros, es una filial de la empresa DIAVAZ, que tuvo varios contratos con Pemex, algunos de ellos, investigados por la Función Pública por acciones de corrupción.

Liberación de generadores de violencia ligados al viejo régimen

Por otro lado, el Poder Judicial tuvo como política, la constante liberación de generadores de violencia, en gran medida, efectuada los fines de semana, denominados por el ex presidente Andrés Manuel como “los sabadazos”. Sólo para mencionar algunos de los más relevantes:

• Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa: dio a Luis Cárdenas Palomino “la protección y el amparo de la justicia de la Unión” para desbloquear una de sus cuentas.
• Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México: revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado el amparo solicitado por la esposa de Genaro García Luna contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Juez federal de control en Toluca Estado de México, Daniel Ramírez Peña: absolvió al exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez del cargo de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR). En 2019, Avelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
• Juzgado de Primera Instancia Penal de Hidalgo, en Guerrero: ordenó el miércoles 18 de mayo la libertad inmediata de Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero

Oposición a la reforma al Poder Judicial

Después de que fuera anunciada la reforma al Poder Judicial en febrero,[1] en varios momentos del proceso legislativo se impusieron amparos en contra, algunos de estos fueron:

• Décimo Tribunal Colegiado en Materia penal en Ciudad de México: promovió el primer amparo contra el “inconstitucional” proceso de reforma judicial, que dictaminaron los diputados federales el 26 de agosto de 2024.
• Juzgado Quinto de Distrito en Morelos (Martha Eugenia Magaña): otorgó amparo a los trabajadores del Poder Judicial y ordenó al Congreso mexicano detener tanto el debate parlamentario como la votación del Congreso del 31 de agosto.
• Juez Segundo de Distrito en el estado de Colima: otorgó una suspensión provisional a favor de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, para que la reforma judicial no se publique en el Diario Oficial de la Federación.
• Jueza Décimo Noveno de Distrito en el estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas: otorgó suspensión definitiva en la que ordenó a la presidenta de la república y al titular del Diario Oficial de la Federación, eliminar la publicación del decreto de reforma al Poder Judicial. Dicha suspensión fue interpuesta un día después de la sentencia de García Luna.

La estrategia del Poder Judicial en contra de la reforma que permite la elección de jueces, magistrados y ministros se puede sintetizar en:

1. Campaña para poner en la agenda que la reforma al PJ vulneraba el principio de independencia y autonomía. Se estableció desde las discusiones, desde febrero de 2024 hasta la fecha.
2. Antes de la discusión de la reforma, desde distintos juzgados, se impusieron medidas de amparo para: detener la discusión, detener su aprobación en el Senado, detener su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mandar eliminarla del DOF.
3. Al tiempo que se discutía en el Congreso en septiembre, los trabajadores del PJ se fueron a paro laboral, con goce de sueldo.
4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a discusión los amparos de jueces y además, se sumaron amparos interpuestos por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano. En octubre se sumaron amparos de estados, entre ellos Guanajuato.
5. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de sentencia sobre las acciones de inconstitucionalidad 164/2024, 165/2024, 166/2024, 167/2024, 170/2024, que busca invalidar la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito entre otras disposiciones.
6. El 5 noviembre –coincidente con las elecciones en EU– tras casi siete horas de sesión en la SCJN analizó las impugnaciones al decreto por el que se reformó la Constitución en materia judicial. No contó con la votación calificada (ocho votos) por lo que la corte “desestima los conceptos de invalidez expuestos en las impugnaciones a la reforma constitucional en materia judicial”.
7. Intentaron establecer en el debate nacional que se violaban tratados internacionales y que se buscaría a la CIDH para que intervenga en asuntos nacionales.

La defensa de los privilegios

El nivel de oposición del Poder Judicial es directamente proporcional a los privilegios, sueldos –por fuera de la ley–, fideicomisos y nepotismo imperante en este poder de la unión. Para ilustrar lo anterior, no se puede pasar por alto la información que se dio en la conferencia matutina del 21 de octubre de 2024. Tan sólo un ministro de la SCJN tiene un ingreso total mensual de 792 mil 256 pesos, lo que al año representa 9.5 millones de pesos por ministro, por los once ministros se eroga al año 104.5 millones de pesos. Este monto es equivalente a cubrir anualmente 2 mil 905 pensiones para adultos mayores, o cubrir 1 mil 151 becas al año del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.[2]

Salarios y otras prestaciones para jueces, ministros y consejeros

Fuente: conferencia matutina del 21 de octubre de 2024

Ingresos de ministros de la SCJN

Fuente: conferencia matutina del 21 de octubre de 2024

Estrategias contra el lawfare

Una de las preguntas que surgen a estas alturas es ¿por qué a pesar del apoyo de Estados Unidos –con el que han modificado al Poder Judicial para homologarlo con el de dicho país–, en clara oposición a los ahora dos gobiernos de Morena con soporte de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, la estrategia de la guerra judicial-mediática no surte efecto?

Quizá, una posible respuesta está en cuatro aspectos. Primero, en que desde que comenzó el gobierno de AMLO hubo –y hay– una estrategia mediática para combatir las noticias falsas y exhibir a los grupos opositores –incluido el gobierno estadunidense–. Dicha estrategia tiene en la Conferencia matutina su mayor fuerza, en la estrategia comunicativa de las distintas dependencias y particularmente en hacer de las denominadas “mañaneras” un espacio de diálogo circular, pedagógico y de politización que contribuyó a ampliar apoyo social, refrendado en las elecciones pasadas pues hubo una mayor cercanía del gobierno con la población.

En segundo lugar, a la estrategia de combate a la corrupción. El gobierno de AMLO, hizo a un lado los posibles ataques provenientes de este delito, aunque hubo algunos casos como el de Segalmex la política permitió que esta vía, que ha servido en otros casos de lawfare, quedara al margen.

Tercero, al esfuerzo de politización traducido en movilización social. Ese “músculo político” se mostró en noviembre de 2023, cuando millones marcharon junto al titular del poder Ejecutivo hacia el zócalo de la ciudad, mismo que ha sido llenado en múltiples ocasiones por el pueblo mexicano en la defensa de sus derechos.

Por último, a la misma reforma al Poder Judicial, que permitirá modificar la correlación de fuerzas al interior de este poder, el único que no se elige por la vía del voto y que como se revisó, es un reducto del viejo régimen en donde se centró parte de la lucha política del país. Desde que es constitucional dicha reforma han anunciado su renuncia ocho ministros y más de 800 jueces y magistrados para 2025, entre ellos, es juez Gómez Fierro. Esta, es la actual coyuntura nacional a la que se enfrenta el pueblo de México y que podría abrir una nueva época de la política nacional, e incluso, puede ser referente a nivel mundial.

[1] https://www.oblawfare.org/post/hacia-la-reforma-al-poder-judicial-en-m%C3%A9xico

[2] La pensión para adultos mayores en 2024 es de 6000 pesos bimestrales (36 mil pesos al año), mientras que la beca de Jóvenes Construyendo el futuro es de 7,572 pesos mensuales (90,864 pesos al año).

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