“El gobierno ni espía ni censura con la nueva Ley de Telecomunicaciones”, afirmó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, al referirse al dictamen aprobado por el Senado el pasado 28 de junio.
Durante la conferencia presidencial, el funcionario aseguró que el artículo 183 del dictamen establece que los operadores de telefonía están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia únicamente en los términos que establecen las leyes aplicables.
Respecto al artículo 182 –que corresponde al 189 de la ley vigente–, Peña Merino explicó que se refiere a la colaboración de los operadores con las autoridades, pero esto solo puede realizarse mediante mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
Añadió que esta disposición está sustentada en el artículo 16 constitucional, que exige autorización judicial para intervenir comunicaciones, y en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no ha sido reformado desde 2016 y también exigen orden de un juez para autorizar cualquier colaboración.
Peña Merino subrayó que el artículo 183 del nuevo dictamen es “exactamente igual” al de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “exactamente igual aprobada en 2014, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, con apoyo de legisladores del PRI y PAN –los mismos partidos que hoy se oponen a la nueva reforma–.
“Lo que hace la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a operadores que deben colaborar en los términos de la ley, y los términos de la ley es el Código de Procedimientos Penales que establece con toda claridad la necesidad de solicitar a un juez de control la autorización para este mecanismo”, sostuvo.
Acerca de las acusaciones de supuesta censura por parte de la oposición, Peña Merino negó que exista en la nueva norma. Señaló que lo que se busca es garantizar los derechos de las audiencias, tal como lo establece el artículo 6 constitucional. Indicó que el dictamen propone reforzar los mecanismos de defensa a las audiencias, las cuales ya estaban contemplados en la ley de 2014, pero con la diferencia de que ahora se enfatiza en su cumplimiento.
La propuesta busca “dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja ante cualquier contenido en medios que viole los derechos de estas mismas audiencias”, afirmó.
En este sentido, los contenidos deben promover la diversidad, la no discriminación, la igualdad de género, la diferenciación clara entre publicidad e información, y lineamientos específicos para la programación infantil.
“No hay ningún acto de censura por parte de la autoridad, lo que hay es una queja por parte de las audiencias que se presenta a un defensor de audiencias y, en su caso, la autoridad apercibe al medio”, puntualizó.
Merece tu atención: Sheinbaum rechaza creación de un Estado espía: se miente deliberadamente
