El gobierno federal defendió el paquete de reformas en materia de aguas nacionales –enviado a la Cámara de Diputados y que se discute en foros actualmente–, al asegurar que busca recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso y garantizar el derecho humano al agua. El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, sostuvo que quienes se oponen a los cambios “defienden sus intereses”, pues han acaparado el recurso “durante muchos años, al amparo del poder político y económico”.

Durante la conferencia presidencial, el titular de Conagua explicó que el paquete incluye dos iniciativas: la Ley General de Aguas, encargada de establecer las bases para reglamentar el artículo 4 constitucional y garantizar el derecho humano al agua, y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que norma el artículo 27 y que –subrayó– permitirá que el Estado mexicano recupere plenamente la rectoría sobre las aguas nacionales.

Morales detalló que la propuesta redefine competencias entre los tres niveles de gobierno y reconoce formalmente a los sistemas comunitarios de agua presentes en distintas regiones del país. El principal cambio, dijo, es que el agua dejará de tratarse como mercancía para reconocerse como un bien estratégico y un derecho humano fundamental.

El director de la Conagua afirmó que la reforma corrige el esquema vigente desde 1992, que permitió la transmisión de títulos de concesión entre particulares y derivó en “gran desigualdad” y acaparamiento del recurso. Con la nueva ley sólo el Estado podrá otorgar concesiones, y ya no será posible transferir títulos entre privados. Esa práctica, señaló, permitió que quienes tenían mayor poder económico acumularan múltiples concesiones mientras comunidades, pequeños productores y agricultores medianos carecían del agua suficiente incluso para actividades básicas.

Asimismo, indicó que serán eliminados los cambios de uso en las concesiones, una figura que permitió que títulos otorgados para agricultura fueran usados en parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios sin control estatal, generando “gran desorden y afectaciones”.

Efraín Morales también anunció la creación de un Registro Público Nacional de Agua, que permitirá conocer quiénes son beneficiarios de concesiones, los volúmenes asignados y el proceso mediante el cual fueron otorgadas, lo que dará transparencia al manejo del recurso. Aclaró además que las reformas no afectan herencias ni compraventas de tierras, pues “el binomio tierra-agua está garantizado”. Los herederos y nuevos propietarios seguirán recibiendo un título de concesión a su nombre.

El titular de Conagua afirmó que se fortalecerán los procedimientos para combatir el robo de agua, una práctica que opera con infraestructura sofisticada pero que ha sido difícil de sancionar por marcos normativos laxos. También se creará un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para garantizar el suministro a comunidades indígenas y rurales que hoy carecen de concesiones suficientes, y se eliminarán los títulos retenidos de manera especulativa.

La iniciativa incorpora además medidas de eficiencia hídrica, como la promoción de la tecnificación de riego, el fortalecimiento de mecanismos de medición y la regulación de la captación pluvial para evitar obras desproporcionadas que afecten el ciclo del agua y dañan los ecosistemas.

Morales reiteró que las campañas en contra de la iniciativa responden a grupos que buscan proteger privilegios: “Quienes están muy preocupados porque no pase esta ley son los que han acaparado grandes cantidades de agua y no han permitido que quienes realmente la necesitan –pequeños y medianos productores, comunidades rurales e indígenas– puedan acceder al agua que les pertenece”.

El funcionario señaló que la discusión legislativa se llevará a cabo en los próximos días en la Cámara de Diputados, y que la dependencia participa en mesas de trabajo para enriquecer la propuesta antes de su votación.

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