Con un atraso de 4 meses, la producción de 220 millones de libros de texto gratuitos está en riesgo. El problema –que ya prendió los focos rojos en la Secretaría de Educación Pública– se deriva de la concentración de adquisiciones del gobierno federal en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que hasta ahora no se han hecho las licitaciones y mucho menos se han asignado los contratos. Y de no hacerlo en las próximas 2 semanas, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, sistema braille y educación indígena podrían iniciar el ciclo escolar 2019-2020 sin los materiales.
De acuerdo con fuentes consultadas, el proceso de licitación y la impresión misma debían haber iniciado en septiembre-octubre de 2018, pero el equipo de transición del ahora secretario Esteban Moctezuma Barragán solicitó que todas las contrataciones se frenaran.
A partir de esa decisión, al inicio de este sexenio la Conaliteg cedió a Hacienda la responsabilidad de la producción de los libros. Y aunque funcionarios de esta última institución preveían iniciar las licitaciones en diciembre pasado, hasta mediados de enero aún no tienen fechas programadas.
Los recursos públicos comprometidos superan los 3 mil 500 millones de pesos. La producción se planea en 10 meses, porque hay dos periodos cruciales: abril y julio, cuando se entregan dos embarques. El primero de ellos cubre las zonas más apartadas del país, las áreas rurales y de difícil acceso, como la sierra; y el segundo, el resto del territorio nacional.
Al 16 de enero de 2019 no se ha producido un solo libro de texto gratuito, confirman impresores consultados por Contralínea. No obstante, para ellos lo que en realidad está en riesgo es el aprendizaje de los niños y adolescentes. Es más, refieren, ni los docentes tendrán libros para iniciar las clases, cuyos programas se basan precisamente en sus contenidos.
Según las fuentes consultadas, por la concentración de compras en Hacienda, los 4 meses de atraso ya han afectado a toda la cadena de producción: desde los proveedores de cajas, tarimas de madera, tintas y papel, hasta los impresores, bodegueros y fleteros.
Y es que tan sólo en el tema del papel, se estima que para la producción de esos 220 millones de libros se requieren entre 70 mil y 80 mil toneladas.
Históricamente, aseguran los empresarios de la industria, se han privilegiado a las empresas nacionales –tanto de los insumos como de la propia impresión–, por lo que esperan que en esta crisis el gobierno no se incline por contratar a una trasnacional.
Y es que la incertidumbre ha llegado a tal punto que los empresarios están dispuestos a ajustarse a un lapso de 5 meses, para imprimir lo que normalmente hacen en el doble de tiempo.
Para ellos, ésta es la primera vez que en una transición sucede algo así, porque en 2006 y 2012 la Conaliteg operó con normalidad las licitaciones y contrataciones previo al cambio de gobierno.
Hasta la pasada producción de libros de texto gratuitos, siete impresores compitieron por los contratos en Conaliteg: Grupo Infagon, Compañía Editorial Ultra, Litografía Magno Graf, Editora Multicolor, Edamsa Impresiones, Impresora y Editora Xalco y la trasnacional Quad Graphics.
Nancy Flores
