En el corto plazo, Pemex tiene retos inminentes de carácter financiero: el primero, renegociar el Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato, lo que implica revisar el caso de 30 mil trabajadores cuyas pensiones fueron trasladadas en 2015, sin su consentimiento, a la Afore Banorte, y ahora exigen que su control regrese a la petrolera; ello derivaría en un pasivo laboral por 40 mil millones de pesos, pues la aportación obrero-patronal es de 23.05 por ciento del salario de cada trabajador. Otro de los desafíos del corto plazo es atender la deuda a proveedores, por 430 mil 540 millones de pesos, y que implica una revisión exhaustiva para determinar si los reclamos de contratistas son legítimos: ejemplo de ello es el caso de ICA Fluor, a la que no se le reconocerá un supuesto adeudo de 400 millones de pesos. Y, en tercer lugar, está el pago de impuestos asociado con importaciones y exportaciones: tan sólo en 2023, los servicios de despacho aduanal ascendieron a 187.9 mil millones de pesos, y en 2024, a 127.1 mil millones

En pleno proceso de reestructuración, Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta, al menos, tres problemáticas financieras inminentes: la renegociación del Contrato Colectivo de Trabajo con su sindicato –que por ahora se encuentra en pausa, a petición del gobierno–; la multimillonaria deuda a proveedores heredada por la pasada administración de Octavio Romero Oropeza, y que a junio de 2025 ascendió a 430 mil 540 millones de pesos; y el pago de impuestos, en particular los relacionados con importaciones y exportaciones, por más de 100 mil millones de pesos.

La empresa estatal, a cargo del doctor Víctor Rodríguez Padilla, deberá reanudar en las próximas semanas el diálogo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para negociar el Contrato Colectivo de Trabajo. Este se empantanó por la exigencia de la representación sindical de que las pensiones de 30 mil trabajadores –que fueron trasladadas a Afore Banorte XXI en 2015, sin su consentimiento– regresen al control de Pemex. Ello generaría presiones financieras por el pasivo laboral, del orden de 40 mil millones de pesos.

Como Contralínea lo reveló, hace unas semanas el STPRM puso el tema de las pensiones como principal requisito para firmar el Contrato Colectivo, bajo el argumento de que su traslado a una Afore privada se hizo a espaldas de los trabajadores y trabajadoras afectados, y que esto impacta directamente en la calidad de vida que tendrán a su retiro.

El negocio de las pensiones de Pemex con Banorte se fraguó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hace una década. Lo operaron directamente Emilio Lozoya Austin –entonces director general de la petrolera, y hoy señalado por casos de corrupción como Odebrecht, Agro Nitrogenados y Fertinal–, el priísta y entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ya fallecido líder sindical Carlos Romero Deschamps.

El 9 de noviembre de 2015, Lozoya Austin y Romero Deschamps formalizaron, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el convenio que modificó el sistema de pensiones aplicable a todos los trabajadores sindicalizados de Pemex. Ello, se dijo, con el objetivo de reducir el pasivo laboral, que entonces ascendía a 1 billón 500 mil millones de pesos.

Aunque dicho convenio estableció que el esquema de cuentas individuales –con aportaciones de los trabajadores y la empresa– sería aplicable sólo a los de nuevo ingreso, y que para el resto de sindicalizados sería voluntario, la petrolera, en complicidad con el entonces líder sindical, afectó a 30 mil empleados.

Sin mediar autorización de los afectados, de forma unilateral, sin licitación y sin transparencia, la administración de sus pensiones pasó a Banorte. Por el tamaño del negocio –30 mil cuentas individuales de un día para otro–, el banco creo un esquema supuestamente distinto al de las Afores, con una aportación obrero-patronal de 23.05 por ciento del salario de cada trabajador.

El convenio pactado entre Lozoya y Romero Deschamps también modificó los parámetros aplicables a los trabajadores con menos de 15 años de antigüedad al momento de la firma: para una pensión equivalente al ciento por ciento, pasaba de los 55 años de edad y 30 años de antigüedad, a 60 años de edad y 30 de antigüedad. Aunado a ello, y en el marco de la reforma a la Ley de Pemex que previamente hizo el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asumió una proporción del pasivo laboral.

Ahora, la dirigencia de Ricardo Aldana en el STPRM busca que esas 30 mil cuentas individuales operadas en Banorte regresen a la estructura de la petrolera, motivo por el cual –aunque se había acordado un aumento salarial del 6 por ciento– se pausó el diálogo, en lo que se revisan las finanzas de la empresa estatal.

Deuda a proveedores

Otro de los desafíos financieros de corto plazo es la deuda a proveedores. Y es que la administración pasada de Romero Oropeza heredó una pesada carga a la actual gestión de Rodríguez Padilla, que no se ha podido solventar. En la revisión de ese pasivo ha participado no sólo Pemex, sino también directamente la presidenta Claudia Sheimbaum, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entre otros altos funcionarios federales involucrados en el sector energético.

En las reuniones, la orden de la presidenta de la República ha sido que se pague, pero que se fiscalice si los adeudos son legítimos. Y es que, de acuerdo con el propio Pemex, a junio de 2025 la deuda a proveedores ascendió a 430 mil 540 millones de pesos.

En su informe de resultados del segundo trimestre de este año, la petrolera también reportó que en el periodo se tuvo una disminución de 75.5 mil millones de pesos en la deuda a proveedores.

En la revisión exhaustiva para determinar si los reclamos de las empresas contratistas son legítimos, ya hay decisiones encaminadas a no reconocer algunos pasivos que se intentaron ingresar previo al cambio de gobierno. Al respecto, fuentes consultadas por Contralínea indican que entre los pagos que se habrían cancelado ya estaría uno muy relevante, pues asciende a unos 400 millones de pesos, que reclamaba ICA Fluor Daniel.

Impuestos

Otra de las presiones de corto plazo para las finanzas de Pemex es la del pago de impuestos asociados con importaciones y exportaciones: tan sólo en 2023, los servicios de despacho aduanal ascendieron a 187.9 mil millones de pesos, y en 2024, a 127.1 mil millones.

De acuerdo con la auditoría interna AU-47/2025, “si bien existen mecanismos de supervisión y control en la administración de los servicios de despacho aduanal de mercancías de importación y exportación, persisten áreas de oportunidad relacionadas con la trazabilidad de pagos, la optimización de contratos con agentes aduanales y la gestión del pago de contribuciones aduaneras. La confiabilidad de la información generada en los procesos de importación y exportación es adecuada en términos generales; sin embargo, se identificaron riesgos asociados a la declaración de valores y la validación de pedimentos, lo que podría derivar en sanciones o recargos fiscales si no se implementan controles adicionales”.

Dicha auditoría –a la administración y control de la función del despacho aduanal de mercancías de importación y exportación que requiera Pemex y sus EPS; así como los servicios a la operación aduanal–, de marzo de 2025, sugiere a la petrolera “fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración de los servicios de despacho aduanal de mercancías de importación y exportación, garantizando la correcta aplicación de los contratos y reduciendo la discrecionalidad en las contrataciones directas”.

Asimismo, le “recomienda establecer una estrategia integral para la revisión anticipada del pago de contribuciones aduaneras y la formalización de procedimientos para el seguimiento de créditos fiscales, con el objetivo de mitigar riesgos financieros y mejorar la eficiencia operativa del área auditada”.

La auditoría interna destaca que, “en Pemex, los servicios de despacho aduanal de mercancías de importación y exportación se gestionan por dos vías: a) la Gerencia de Servicios Aduanales, mediante la Cédula de Servicios Aduanales; y b) la agencia o el agente aduanal, mediante contrato”.

Añade que, en 2023, se gestionaron 13 mil 319 servicios, lo que implicó el pago de contribuciones por un total de 187 mil 986 millones 146 mil 650 pesos. Y que, del total de servicios aduanales, el 99.5 por ciento (13 mil 252) se gestionó mediante la Cédula de Servicios Aduanales, y el 0.5 por ciento por contrato (67 servicios).

Y en 2024, refiere el reporte de resultados, se gestionaron 8 mil 263 servicios, lo que implicó el pago de contribuciones por un total de 127 mil 162 millones 588 mil 177 pesos. Aunado a ello, se indica que, del total de servicios aduanales, el 98.73 por ciento (8 mil 158 servicios) se gestionó mediante la Cédula de Servicios Aduanales; el 0.92 por ciento, por contrato (76 servicios); y el 0.35 por ciento, por pago directo (29 servicios).

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