El resultado de las elecciones presidenciales a celebrarse en Chile el próximo 21 de noviembre, dependerá en buena medida de las propuestas que los candidatos hagan para solucionar el problema de las bajas pensiones que las llamadas Administradoras de Fondos de Pensión AFP (en México, Afores), otorgan a miles de jubilados y que motivó en 2019 una multitudinaria protesta social en las principales ciudades del país sudamericano.

Los magros dividendos reportados a los pensionados chilenos por el manejo abusivo y discrecional de las AFP hace pensar como inminente un cambio en el sistema de cuentas individuales por uno mixto o controlado por el gobierno, que además permita conocer la ruta de las inversiones y el destino final del ahorro de millones de trabajadores.

No hay una nación de América Latina donde este esquema de ahorro individual garantice una pensión decorosa que permita a millones de jubilados gozar una vejez digna y Chile ya dio la primera señal del problema que se avecina si no se corrige este esquema implantado como parte de las doctrinas neoliberales.

La consigna de “No+AFP”, que retumbó a todo lo largo y ancho del territorio chileno en lo que amenazó convertirse en una revuelta social hace 2 años, debe conllevar a una profunda reflexión del papel de los gobiernos, como también de sus poderes legislativos, para impulsar los cambios que frenen el saqueo a los multimillonarios recursos.

En la investigación periodística titulada: “A dónde va mi pensión”, se establece la impostergable necesidad de dar un golpe de timón ante el paulatino apoderamiento de más de 500 mil millones de dólares acumulados en estos fondos, por parte de Vanguard, State Streey y Black Rock, ésta última firma se ha convertido en una de las mayores inversionistas del mundo, al grado de apoderarse del control de decisión de muchas empresas globales, no importándole pulverizar la economía local de muchos países.

Para tener un punto de referencia del poder acumulado por esta financiera, tan solo en el 2018 este gigante de la globalización controlaba a través de sus instrumentos de inversión conocidos como ETF (Exchange Trade Funds), el 36 por ciento del mercado global y se estima que para el 2026 la compañía administradora de activos bursátiles llegará una cartera de 10 billones de dólares.

El ejemplo de dos países sirve para dimensionar el crecimiento exponencial y control sobre los fondos de pensiones de Black Rock. En 2010, en Perú, las AFP destinaron un 2.43 por ciento  de sus recursos en instrumentos de Black Rock por un monto de 23 millones 991 mil 329 dólares, para subir en 2015 a 14.59 por ciento y en 2019 a 15.04 por ciento para sumar un total de 47 millones 738 mil 340 dólares.

En Chile, también sus AFP incrementaron del 2010 al 2015 en 5.39 por ciento, unos 7 mil 629 millones de dólares, sus inversiones en instrumentos de Black Rock, siendo la firma Sociedad Química y Mineral de Chile (SQM), una de las empresas que mayores recursos obtuvo bajo este esquema. SQM es propiedad del que fuera yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Hasta diciembre del 2020 las administradoras de aquel país tenían invertidos 900 millones de dólares en una empresa que además de contaminante, fue señalada en 2015 de desviar recursos para el financiamiento ilegal de campañas políticas. Por supuesto que los ahorradores ni en sueños sospecharon que sus recursos fueran empleados para un fin de tal naturaleza.

En una de las propuestas planteadas en el trabajo de investigación de los 30 periodistas que participaron en el proyecto por conocer la forma en que funcionan estos fondos de inversión, en cualquiera de sus denominaciones, se establece como ejemplo a seguir el Fondo Global de Pensiones del Estado Noruego, uno de los más grandes del mundo y cuyo objetivo es ahorrar paras asegurar las pensiones a futuro de sus trabajadores.

El organismo publica cada año un informe pormenorizado de la responsabilidad social con que se conduce, precisando en qué empresas deja de invertir por no cumplir el marco normativo ambiental o estar involucradas en casos de corrupción.

Importante resaltar que estas normas son establecidas por el parlamento noruego y ejecutadas a través de un Comité de Ética, que lo mismo propone vetos que el levantamiento de los mismos. El gobierno noruego a acordado con sus legisladores que los ahorros de sus trabajadores no pueden ni deben invertirse en empresas que “producen armas nucleares, tabaco o causen daño ambiental severo”.

Lamentable que en México organismos obligados a transparentar el funcionamiento de las Afores, como la Consar, se amparen para no dar información, impidiendo que millones de ahorradores conozcan en qué y dónde se invierte su dinero.

Ni pensar que en nuestro país suceda algo similar a lo registrado en Noruega, cuando en 2006 decidió expulsar de su cartera de inversiones a la trasnacional Walmart, al comprobar que en Chile cometía “graves violaciones a los derechos humanos”. Su Consejo de Ética determinó que las infracciones de la cadena de supermercados eran recurrentes en los casos de trabajo infantil, condiciones laborales peligrosas y discriminación sexual. En el 2020, el fondo noruego retiró inversiones a 32 empresas por incumplir con los estándares que ha decidido respetar.

La investigación estable que este fondo es parte de la PRI Association (Principios para una Inversión Responsable), asociación de inversionistas internacionales apoyada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fomenta la inclusión de criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en las empresas.

En México, no puede descartarse que el descontento ocurrido en Chile pueda replicarse, sobre todo porque la pandemia del Covid-19, dejó al descubierto tanto a las irregularidades en el manejo de los ahorros por parte de las Afores, como el ruinoso y desmantelado sistema de salud pública.

La falta de hospitales equipados con camas, equipos, médicos y medicinas suficientes quedó al descubierto mostrando además que el sistema con que los banqueros han manejado billones de pesos del dinero de los trabajadores, no se ha destinado a objetivos claros en el fortalecimiento de la seguridad social, como acontecía en el sistema de pensiones solidarias.

Desde los sindicatos democráticos y las organizaciones sociales deben articularse acciones que visibilicen la opacidad y el manejo irregular y arbitrario de los fondos de inversión de las Afores, para que desde el Congreso se promueva una reforma que involucre al Estado en su responsabilidad de garantizar pensiones justas y dignas a la clase trabajadora, porque de seguir por la misma ruta, los ganadores de esta criminal especulación financiera serán firmas como Black Rock y trasnacionales como Walmart, a costa de la pobreza de millones de jubilados.

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