Personas servidoras públicas de la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) cometieron violaciones a los derechos humanos en legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia en la investigación que realizaron en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, constató la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La investigación –atraída por el organismo autónomo el 18 de marzo de 2025– encontró que el personal de estas dos instituciones locales no realizó integralmente el procesamiento técnico de los indicios localizados. Es decir, “su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que resultó fundamental para el análisis de la debida preservación del lugar de los hechos y la eficacia de la investigación”, detalló el comunicado 029/2026 de la Dirección General de Derechos Humanos.

Ello, incluso cuando existía un documento de Mando y Conducción –desde el 18 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional intervino en el lugar y detuvo a 10 personas– que instruía al aseguramiento y custodia en caso de encontrar indicios en el Rancho, además de la encomienda desde CNDH al personal de IJCF –del 3 de octubre de 2024– para llevar “a cabo una búsqueda y exploración exhaustiva del inmueble a fin de encontrar o descartar posibles sitios de inhumación de casos relacionados con personas desaparecidas”. Se encontraron restos óseos, armas, vehículos y balas.

Pero no hubo un tratamiento adecuado de varias prendas; tampoco se elaboró un registro de la cadena de custodia, “lo que permite presumir la existencia de omisiones en la actuación de los elementos de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía y del IJCF”.

Por ejemplo, los 1 mil 842 indicios que se recabaron en el lugar, exhibidos en la página de internet del IJCF con fotografías, no fueron asegurados debidamente en la cadena de custodia. Sobre el hallazgo de siete vehículos, no existen dictámenes periciales que den fe a que fueron “sometidos a un procesamiento técnico integral, exhaustivo y detallado; además de que tres de ellos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024. De ello se deduce que la Fiscalía de Jalisco incumplió su obligación de asegurar el inmueble”.

Además, hasta el 19 de marzo de 2025 se realizó un dictamen de genética recabado de las pruebas obtenidas desde el 20 de septiembre de 2024, “lo que constituye un retraso injustificado […] En conjunto, estas omisiones evidenciaron deficiencias sistemáticas que vulneraron los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica”, acusó el documento.

Por otra parte, señaló el mal manejo que las autoridades realizaron en el lugar del crimen el 20 de marzo de 2025, un día después a la invitación que hizo el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a la prensa, extendida al público en general por el fiscal de Jalisco horas después. Por el número de asistentes “se perdió el control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente podían encontrarse ahí”.

Por todo esto, la CNDH emitió la Recomendación 11/2026, a través de la cual solicitó a las personas titulares de las instituciones de justicia jaliscienses a reconocer sus responsabilidades y ofrecer disculpas en un acto público –en un plazo de seis meses– “por las violaciones a los derechos humanos”. Asimismo, se les pide elaborar o actualizar sus protocolos de actuación correcta para preservar y asegurar lugares y hallazgos intervenidos, así como “el procesamiento técnico-científico de indicios, el adecuado manejo de la cadena de custodia y la generación de periciales confiables”.

De manera particular, la Fiscalía deberá colaborar con la CNDH en un procedimiento administrativo contra las personas señaladas en la Recomendación “e implementar un ciclo de formación especializado en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la adecuada conducción de investigaciones, la correcta preservación de los lugares de intervención, el procesamiento de indicios y el debido manejo de la cadena de custodia”. Por su parte, el IJCF deberá colaborar con la Fiscalía para dar seguimiento e integración a las carpetas de investigación en trámite.