El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó en el salón Tesorería de Palacio Nacional el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, pactado entre el gobierno, empresarios, comerciantes y distribuidores. El pacto antiinflacionario elimina aranceles a la importación, congela tarifas en autopistas y reduce a 1 mil 39 pesos el costo de 24 alimentos y productos básicos para las familias mexicanas. Además, las empresas se comprometen a no elevar los precios en las harinas para la elaboración de tortillas.
Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez de la O expuso que, derivado del efecto inflacionario a nivel mundial, México ha recibido un impacto en los costos de las materias primas, agrícolas y energéticas.
El gobierno, señaló, ha neutralizado el efecto de inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento a no más que la tasa de inflación. Sin embargo, “el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido, esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual sea de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre, 0.62 puntos porcentuales, y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales”.
A diferencia de Estados Unidos, señaló, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, expuso, “la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos”. Las empresas y el gobierno analizaron esta situación como “digna de máxima atención” ´para el momento inflacionario.
El acuerdo
El acuerdo radica que: “basado en la confianza, el gobierno federal otorga una licencia única universal que por lo que hace para importación y distribución de alimentos e insumos, para el envase las exime de todo trámite o permiso, incluyendo las del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el impuesto general de importación”.
Así, dijo, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian, cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y de calidad. En el marco de esta licencia, “la autoridad suspenderá toda la revisión de la regulación que se considere impide o encarezca la importación o internación de alimentos y su movilidad dentro del país; esto incluye: aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional”.
Las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
El gobierno también mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad, establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las tarifas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura y a Caminos y Puentes Federales, hasta el 28 de febrero de 2023.
La autoridad atenderá, dijo el funcionario encargado de la hacienda pública, con el interés de fortalecer la producción nacional, “los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y afecte la oferta de alimentos”.
Asimismo, hará énfasis en el fortalecimiento de la producción de aquellos granos en los que seamos deficitarios y cancelará la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarre de aluminio y acero utilizado en los envases de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos.
Se examinará, añadió Ramírez de la O, conjuntamente la necesidad de extender esta limitación u otros productos. Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1mil 129 pesos por los 24 productos, un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8 por ciento a 1 mil 39 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. En cuanto a la harina de maíz para la elaboración de la tortilla, las empresas se comprometen a no elevar los precios.
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