“Hoy en día hay una separación entre la sociedad y el Poder Judicial”, considera Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM). En entrevista con Contralínea, el investigador señala que ese nulo vínculo entre la mayoría de los juzgadores y la sociedad es totalmente distinto con el poder económico, pues el PJF constantemente beneficia a trasnacionales por encima de la población mexicana.

Como ejemplo, cita el caso del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien invalidó la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de empresas extranjeras y en perjuicio de los consumidores. “Suspendió, primero, partes de la ley y, luego, la Corte anuló partes de la ley de la industria eléctrica. Ese juez tomó en cuenta un principio que está en la Constitución, que es el principio de competencia, pero olvidándose o no dándole el peso suficiente a los demás principios de la Constitución en materia económica: principio de rectoría económica, de planeación democrática”.

La lectura que tiene Cárdenas Gracia sobre el porqué Gómez Fierro no tomó en cuenta esos principios, es que “él pensó que México era una sociedad como la sociedad suiza o sueca y no pensó otro tipo de circunstancias económicas y sociales, y que hay principios en la constitución de orientación social. Ese juez es un juez insensible frente a la sociedad”.

Otro caso que menciona el investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es la discusión que se ha llevado en torno a la prisión preventiva oficiosa. “Este debate que parece técnico –si permiten la prisión preventiva solamente si está justificada o aceptan la prisión preventiva justificada en los términos del artículo 19–, pues no es una diferencia técnica solamente, desde mi punto de vista, como lo hacen ver en el Poder Judicial. Es una decisión de política criminal”.

El doctor Cárdenas Gracia explica que, por un lado, los magistrados del Pleno Regional Sur consideran que la prisión preventiva oficiosa debía respetarse tal como está en el artículo 19 de la Constitución. Esto, sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana, pues se debía poner en primer lugar a la Constitución, tal como lo señalan los artículos 1 y 133. En contraste, en el Pleno Regional Norte, se piensa que la prisión preventiva oficiosa debe estar justificada, por lo que, si el Ministerio Público no la justifica, se debe liberar a la persona o establecer otra medida cautelar.

De igual forma, critica la interpretación que han tenido jueces y magistrados en juicios de presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado. “A mí me parece muy grave que los miembros del Poder Judicial están interpretando en contra de la Constitución”.

Y agrega: “en México, el Poder Judicial, sobre todo en el siglo XX, ha sido un poder bastante opaco, poco transparente, con problemas de corrupción, con problemas de nepotismo”. Además, expone que “es un gremio tan poderoso como el que el que existe en las Fuerzas Armadas, es decir, se defienden, se protegen entre ellos”.

Otro vicio muy fuerte, de acuerdo con el doctor Cárdenas Gracia, es lo relacionado con los concursos cerrados. “Nada más compiten los del Poder Judicial. Más del 85 por ciento de los concursos son cerrados. No hay participación externa”. Ante este panorama, comenta que estos envilecimientos se podrán refrendar mediante la elección democrática de jueces, magistrados y ministros.

El doctor en derecho también admite que esta reforma vinculará más a los jueces y magistrados con la sociedad, pues el Poder Judicial, sobre todo el federal, es elitista. Esto se fomenta por los altos salarios y privilegios que crean la falsa concepción de que están por encima de los demás.

“Ellos creen que pueden resolver todo empleando las normas jurídicas, pero un caso –esto lo sabe cualquier litigante– no solamente tiene que ver con la norma jurídica o con las normas jurídicas involucradas, si no que tiene que ver con el contexto, con las circunstancias del caso. ¿Cómo ocurrió el caso? ¿Qué impacto tiene este caso en la sociedad? O, si yo resuelvo de una manera, ¿tendrá algún impacto a favor o en contra de cierto grupo social?”

El también investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM indica que “la elección por voto ciudadano va a provocar o a generar un mayor vínculo de la sociedad con el Poder Judicial”. Asimismo, afirma “yo en lugar de preocuparme por esta intervención de la sociedad en la elección de los ministros, jueces y magistrados, creo que tendrá un elemento muy positivo. Hará que los ministros, jueces y magistrados sean muy sensibles a las necesidades sociales, es decir, que vean más por el pueblo (para decirlo de manera simple) que por las élites”.

De igual forma, asegura que si la reforma judicial no se realiza ahora, las condiciones dentro de un año pueden ser diferentes. “Puede haber una guerra en Medio Oriente –que es inminente–, puede ganar Trump la elección de los Estados Unidos, y las preocupaciones de México serán otras. Si gana Trump la elección en los Estados Unidos, pues tendremos que estarnos preocupando por otras cosas y no por la reforma judicial; y si hay una guerra en Medio Oriente, seguramente esa guerra va a tener impacto en todo el mundo. Entonces, éste es el momento. Si lo dejamos para después seguramente esa reforma judicial no se dará”.

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