En un hecho sin precedentes –como el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo confirmó–, el Estado mexicano aplicó la Ley de Seguridad Nacional para la entrega de 29 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos, para que sean juzgados en cortes federales del vecino país.

“Éste es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad. Las autoridades mexicanas actúan con determinación y con estrategias contundentes para garantizar la seguridad del pueblo de México”, indicó García Harfuch.

Los mexicanos eran requeridos por el Departamento de Justicia estadunidense, bajo acusaciones penales derivadas de su presunta participación en delitos de alto impacto, como trasiego de fentanilo y otras drogas ilícitas, delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de armas y secuestro, de acuerdo con las autoridades mexicanas.

Así, por primera vez, la custodia, el traslado y la entrega formal de esas 29 personas vinculadas al crimen organizado se realizó bajo las disposiciones del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, y no mediante un proceso de extradición, confirmaron –en conferencia de prensa– el secretario García Harfuch y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Además, señalaron que para esa entrega se invocó el artículo 89 constitucional.

Al respecto, el fiscal Gertz Manero indicó que la entrega de los 29 narcotraficantes se hizo precisamente por razones de seguridad nacional, y de conformidad con una solicitud debidamente fundada por el gobierno estadunidense.

“El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que, por seguridad de nuestro país y de conformidad en este caso, se atiende una solicitud debidamente fundada del gobierno de Estados Unidos. Es como se hizo esto, sobre la base más estricta de esa ley federal que tiene 20 años de vigencia”, indicó el abogado de la nación, que se rige de forma autónoma al gobierno federal.

El artículo 5, que citaron ambas autoridades para justificar legalmente esta entrega, establece que, “para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano; III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación; VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático; VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, insistió en que no se aplicó ninguna Ley de Extradición. “Es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos, en razón de las conductas criminales de estas personas en ese país, que coinciden sobre las pruebas que tenemos sobre su conducta”.

Además, reveló que el envío de esos 29 presos a la justicia estadunidense –entre ellos, el capo Rafael Caro Quintero, acusado del secuestro, tortura y homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena; y los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, apodado como Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, el Z-42– fue una decisión del Gabinete de Seguridad. Y, por ello, no se requirió la facultad del titular del Ejecutivo Federal para aplicar el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad, que se tomó en ese momento en donde no tiene nada que ver la presidenta de la República [Claudia Sheinbaum Pardo]; el gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión”, indicó Omar García Harfuch.

El traslado de los 29 generadores de violencia se dio ante la posibilidad de que fueran liberados por el Poder Judicial de la Federación (PJF), agregó el secretario de Seguridad. “Teníamos información de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acaba de hacer el Ejército Mexicano de José ‘N’, alias el Güerito, que había sido detenido la semana pasada. Y esa es una de las razones por las que se tomó [la decisión]”.

Aunado a lo anterior, la entrega se dio en medio de las conversaciones bilaterales de alto nivel entre ambos países, originadas por la tensión de las políticas aplicadas por Donald Trump, como la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas internacionales y la posible aplicación de aranceles.

Del acuerdo con el diario El Financiero, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó esta misma semana una suspensión a favor de Rafael Caro Quintero, para no ser trasladado a Estados Unidos.

En la conferencia, el secretario de Seguridad indicó que la entrega de los 29 narcotraficantes a la justicia estadunidense se realizó “con el objetivo de disminuir la violencia en nuestro país, así como disminuir los delitos de alto impacto, proteger a la ciudadanía, combatir la impunidad y en todo momento garantizar la seguridad nacional, el día de ayer en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años”.

Asimismo, expuso que esas 29 personas se encontraban recluidas en nueve centros penitenciarios federales y dos centros penitenciarios locales, y contaban con diversas investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos. “Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia, a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”.

García Harfuch explicó que “en esta acción, llevada a cabo por el Gabinete de Seguridad, participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal. Desde instalaciones militares de Santa Lucía, Estado de México, en ocho aeronaves –cinco de la Secretaría de Defensa Nacional y tres de la Secretaría de Marina– se realizó el traslado hacia las siguientes ciudades en Estados Unidos: siete a Washington, DC; dos a White Plains, en Nueva York; dos a Chicago, Illinois; cuatro a Houston, Texas; tres a McKinney, Texas; seis a Phoenix, Arizona; dos a Aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York; y tres a San Antonio, Texas”.

Acerca de la posibilidad de que estos narcotraficantes enfrenten condenas de pena de muerte, el fiscal general de la República indicó que esas decisiones no las tomas las autoridades federales estadunidenses ni los fiscales, sino los juzgadores. Y que, en todo caso, el Estado mexicano está obligado a brindarles asistencia consular, como a cualquier mexicano que enfrenta la justicia en el extranjero.

Por su parte, García Harfuch indicó que “los centros penitenciarios en los que se encontraban las personas internas [que fueron entregadas a Estados Unidos] operan con total normalidad y no se registró ningún tipo de incidente durante estas operaciones. Las acciones de custodia y traslado de estas personas se realizaron en apego a los protocolos institucionales y se contó en todo momento con personal médico y jurídico para garantizar el debido respeto de sus derechos humanos”.

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