Ricardo Gallardo Vara, el magistrado que ya intentó dar madruguete en dos ocasiones con proyectos de resolución a favor del glifosato y el maíz transgénico, trató de utilizar el último de 35 amparos a favor del agrotóxico para impulsar los intereses de Bayer-Monsanto. Pretendió vincular la opinión de científicos a favor de la trasnacional en la sentencia con el fin de autorizar la importación masiva del herbicida. Sus pares detuvieron el ardid, pero el fallo sigue en el aire y se resolverá en los próximos días. Conahcyt documenta el uso de 19 sustancias en la agricultura a gran escala de México que están prohibidas en otros países. Presenta 15 productos alternativos

El magistrado Ricardo Gallardo Vara intentó alargar la resolución sobre el último amparo en litigio para autorizar la importación masiva de glifosato. Buscó, además, vincular a la sentencia la opinión de científicos a favor de la trasnacional Bayer Monsanto. Asimismo, cuestionar las investigaciones y acciones de seis dependencias federales. Lo anterior con el fin de establecer que el herbicida de la trasnacional es inocuo e insustituible.

El recurso de revisión R.A. 504/2022 es el último de 35 amparos interpuestos por trasnacionales y agroempresarios mexicanos contra los decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero de 2023, respectivamente. Con ellos, el titular del Poder Ejecutivo federal dispone la eliminación gradual del uso del agroquímico glifosato y la protección de las variedades de maíz que se cultivan en México.

La intención de sustituir las argumentaciones científicas de dependencias del gobierno mexicano y otras internacionales por las de un organismo afín a Monsanto se advirtieron en el auto del 5 de abril pasado correspondiente al expediente 504/2022, del cual Contralínea posee copia.

Aunque los decretos no prohíben totalmente, hasta el momento, la utilización del glifosato, sí detienen las importaciones masivas del agroquímico. Además, promueven la transición hacia agriculturas libres de este producto fabricado y distribuido por Bayer-Monsanto.

En respuesta, las corporaciones trasnacionales y nacionales que producen, promueven y comercializan el herbicida tóxico se movilizaron con una “estrategia integral” para “dejar sin efectos” los decretos presidenciales. Tres vertientes delinearon desde que se publicó el primer decreto.

La primera consistió en una “cascada” de amparos para combatir los decretos en el Poder Judicial. La segunda, enviar “cabilderos” a los tres Poderes de la Unión para obstaculizar las medidas tomadas desde el Ejecutivo.

En ese sentido, Bayer-Monsanto y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) enviaron representantes, para convencer de las bondades del agrotóxico, a las dos cámaras legislativas, los juzgados y tribunales donde recayeron los amparos y a instancias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El discurso se basó en la “inocuidad” del glifosato y en que este herbicida es insustituible”.

La otra vertiente consistió en pagar campañas publicitarias en medios de comunicación, donde se gestionaron entrevistas con científicos que replicaban la propaganda de Bayer-Monsanto. Y en las que promovieron la idea que las alternativas no son rentables.

Entre 2021 y 2023, las empresas mexicanas y trasnacionales aglutinadas en el CNA promovieron 35 amparos que buscaron echar abajo los decretos presidenciales que ordenaron la paulatina suspensión de importaciones del carcinógeno. A pesar de todo el “cabildeo” y maniobras intentadas, el Poder Judicial ha sobreseído ya todos, menos uno.

Se trata del RA 504/2022, del cual el magistrado Ricardo Gallardo Vara emitió una propuesta de dictamen el pasado 5 de abril. En dos ocasiones anteriores el funcionario del Poder Judicial ya había propuesto amparar a Bayer-Monsanto para que pudiera introducir el glifosato a México de manera masiva. Incluso buscó sorprender con una aprobación sin que la propuesta se hubiera discutido.

En proyectos anteriores, el magistrado reprodujo incluso frases con las que Bayer-Monsanto busca desacreditar los estudios científicos que revelan la toxicidad del glifosato.

En esta ocasión, regresó el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México. Lo anterior, con el objetivo de que, antes de emitir sentencia, los magistrados atendieran las opiniones de científicos de la Academia Mexicanas de Ciencias y leyeran los cuestionamientos a las dependencias del gobierno federal sobre el tema.

Se propuso que la Sader, la Semarnat, la SE, la Cofepris y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) respondieran a preguntas tendientes a poner en entredicho las investigaciones y los protocolos de sustitución del glifosato. Al mismo tiempo, consideró necesaria que la AMC, una asociación civil donde priva la visión empresarial y de negocios del conocimiento científico.

Con respecto de las preguntas que se pretendían formular a las dependencias, una se enfocaba en las medidas de transición del glifosato a otros herbicidas y dos buscaban cuestionar las investigaciones:

“1. Las medidas que se implementaron en el ‘periodo de transición’ comprendido desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 31 de marzo de dos mil veinticuatro; en relación con el uso de glifosato en el país. [Sic]

“2. Las investigaciones que ha realizado, coordinado o gestionado el CONAHCYT, sobre las alternativas y prácticas que permitan eliminar el uso del glifosato en el territorio nacional; así como la denominación de los entes especializados, instituciones educativas de nivel superior y centros de investigación pública que participaron en esas investigaciones. [Sic]

“3. El ‘protocolo de investigación’ implementado por COFEPRIS sobre el consumo de maíz genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana; así como la invitación o convenio de colaboración y denominación de las dependencias homólogas de otros países que han sido llamadas a participar. [Sic]”

Mientras se pretendía que la AMC entrara al debate con las dependencias del gobierno federal y las universidades públicas. Para ello, Gallardo Vara presentó una batería de nueve preguntas.

“1. ¿Qué es el glifosato y cuáles son los usos más comunes en México? 2. ¿Existen estudios oficiales emitidos por instituciones públicas nacionales e internacionales sobre el glifosato y su impacto en la salud humana y el medio ambiente? 4. ¿Los estudios e investigaciones individuales y/o privadas ostentan el mismo rigor científico que los estudios e investigaciones realizadas por entes públicos nacionales e internacionales técnico-especializados? 5. ¿Cuál es la clasificación de inocuidad que la Organización Mundial de la Salud ha otorgado al glifosato?

“6. ¿Cuál es la clasificación de inocuidad que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha otorgado al glifosato? 7. En caso que las conclusiones sean divergentes: ¿por qué las instituciones arribaron a conclusiones opuestas? 8. Existe alguna sustancia o método que pueda sustituir eficazmente al glifosato en el ámbito agropecuario? 9. ¿La prohibición del uso del glifosato para fines agropecuarios podría generar problemas de suficiencia alimentaria en el país?” [Sic].

Las intenciones de Gallardo Vara fueron advertidas por sus pares en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito y no prosperaron. Un auto publicado por el organismo el 11 de abril pasado informa que tales solicitudes fueron rechazadas.

“Sometida a la consulta de los integrantes de este Tribunal Colegiado en la parte final de la sesión ordinaria de esta fecha, por mayoría de votos, contra el emitido por el Magistrado Ponente en el expediente en que se actúa [es decir, el propio Ricardo Gallardo Vara], se rechazó la petición de desplegar las acciones planteadas.”

El documento explica que durante la sesión se argumentó la improcedencia de tales requerimientos, entre otras cosas por incurrir en una “posible ausencia de actos de aplicación concreta en la esfera jurídica”.

Incluso, se argumentó que era “innecesario cuestionar a los responsables si desplegaron acciones que importen una aplicación de esa resolución normativa […]. A este efecto resulta inconducente requerir [a las dependencias federales] que informen sobre las investigaciones realizadas en orden de eliminar el uso del glifosato en el territorio nacional y sobre el protocolo de investigación sobre el consumo de maíz genéticamente modificado, puesto que esas acciones […] no inciden como factor que afecte la procedencia del juicio de amparo del que deriva el recurso de revisión en que se actúa […].”

Además, los magistrados destacaron que con los requerimientos de Gallardo Vara “se correría el riego de incurrir en una dilación injustificada o un mayor retardo en la resolución del presente asunto”.

También desecharon la intención de inmiscuir a la AMC en la sentencia. Señalaron al solicitar una nueva opinión científica se corre el “riesgo de desatender todo el cúmulo de elementos de convicción, sin que sea admisible que se cifre en él la adecuada intelección del problema técnico que el asunto plantea, ni que se pueda tomar como el referente para la apreciación de todo el material probatorio allegado, y se desatienda la metodología establecida por la jurisprudencia de la SCJN para la resolución de las controversias cuyo contenido tenga implicaciones en el ámbito ambiental”.

Finalmente, el documento ordena al magistrado ponente ya realizar “la propuesta de resolución del recurso con base en el contenido de las actuaciones que conforman el sumario relatico”.

No hay fecha límite para que Ricardo Gallardo presente su proyecto de resolución del amparo. Suma tres intentos de sorprender a sus pares del órgano colegiado.

En México se tiene registro del uso de 18 herbicidas, además del glifosato, que están prohibidos en otros países. Se tiene el registro de su utilización en 614 cultivos a gran escala. De ellos, 82 utilizan glifosato, de acuerdo con información del Conahcyt.

Según la institución rectora de las políticas públicas en los ámbitos de las ciencias, las tecnologías, las humanidades y la innovación, el glifosato es perfectamente sustituible. Enlista tres tipos de herbicidas: los generados por instituciones públicas mexicanas en estos años; los disponibles en le mercado mexicano desarrollados por empresas privadas, y los que se utilizan en otras pates del mundo.

De los primeros, destacan ocho bioherbicidas inocuos para la salud y el medio ambiente. Todos fueron desarrollados con apoyo del Conahcyt. El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) estuvo a cargo de tres. La Universidad Autónoma de Coahuila, dos. Y la empresa Promotora Técnica Industrial, la Universidad Tecnológica de Corregidora y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en alianza con Biosustenta, con un producto respectivamente.

Con respecto de los herbicidas disponibles en otras partes del mundo y que México podría adquirir en lugar del glifosato, se trata de tres productos de las marcas Belchim Crop Protection; Bondie Products, Llc, y JH Biotec Inc.

Y sobre los bioherbicidas que ya se venden en México por parte de empresas mexicanas y extranjeras, se enlista a productos de Abbot Laboratories de México-Valent de México; Biorganix Mexicana; Agroindustrial Biotech México, y Megainsumos Alternativos y Ecotecnología.

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