Diputados del partido Morena promueven una demanda de juicio político contra las ministras y ministros de la Suprema Corte que han incurrido en lo que consideran es una traición al pueblo de México. Los legisladores acusan que los juzgadores incurrieron en conflicto de interés al “autoampararse” para ganar más que el presidente López Obrador, y dar golpes a iniciativas en beneficio de la mayoría para proteger a la oligarquía

Por considerar que han traicionado al pueblo de México con sus resoluciones y falta de austeridad, ocho diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron que promoverán una demanda de juicio político contra los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que benefician sistemáticamente a la oligarquía, en perjuicio de la mayoría de la población.

En conferencia, señalaron que los juzgadores han dado golpes a las iniciativas de carácter social y que se “autoampararon” para incumplir con las medidas de austeridad. El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez –principal impulsor de la demanda– criticó que mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo han aplicado el plan de austeridad, el Poder Judicial se resiste.

“Nosotros vamos a estar insistiendo, presentamos esta demanda de juicio político precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México y para eso nos eligieron, para estar dando esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron autoampararse”.

El legislador agregó que se trata de un claro conflicto de interés el que los juzgadores hayan interpretado la Constitución sobre este tema sin haberse excusado, cuando claramente se benefician a sí mismos. “Es de verdad algo más que anecdótico lo que están haciendo los ministros y las ministras. Tendrían que poner el ejemplo” en el cumplimiento de la carta magna.

Robles Gómez detalló que la demanda de juicio político se presenta en la Cámara: “en la Secretaría General se va a correr turno a la Sección Instructora y si se integran los elementos, se llamará al Senado para que se erija en juicio a los ministros y ministras. Ése es el proceso. Esperamos que reflexionen, que no haya necesidad de rivalizar entre poderes y que haya colaboración, coadyuvancia. Anticipamos también al presidente de esta Cámara [Santiago Creel Miranda] que si no se separa antes del viernes, le damos al viernes, estaremos presentando formal denuncia, porque es delictivo lo que él está haciendo, ejercer presupuesto mientras está de [pre]candidato es un acto delincuencial y no lo vamos a dejar pasar. Entonces, esperemos que realmente vea con los coordinadores su salida lo antes posible”.

Ministros, en la impunidad

“La impunidad es cuando no castigamos la corrupción, y los ministros han hecho una y otra vez actos de corrupción”, señaló el diputado Juan Torres Navarro al suscribir la demanda de juicio político. Un ejemplo claro, detalló, “es el conflicto de intereses que representan al ampararse, y un conflicto de interés es un delito grave, no es un delito menor. Entonces, ¿cómo es posible que ellos vayan a ser juez y parte de un asunto en particular en este caso?”

Torres Navarro recordó que la Constitución se reformó para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, y con ello evitar el antecedente histórico de que los funcionarios ganaban una millonada. “Aquí en el Palacio Legislativo nos hemos ajustado el cinturón, en el Poder Ejecutivo igual. ¿Por qué ellos no quieren ajustarse el cinturón?, porque quieren seguir viviendo como magnates y eso no es posible, por eso aprobaremos, apoyaremos a la ley que el compañero [Robles Gómez] mete como iniciativa [de juicio político] para que se acabe esa impunidad por parte de los ministros”.

Otra legisladora que se sumó a esta demanda de juicio político es Graciela Sánchez Ortiz, quien manifestó que da su respaldo “con el fin de que se le ponga un alto y se quede en el foco de la atención el tema de la Suprema Corte de Justicia. En México vivimos actualmente un verdadero estado de derecho, pero ya no democrático cuando vemos que al Poder Legislativo no se le está respetando las decisiones que tenemos”, en referencia a las resoluciones del máximo tribunal que han invalidado diversas reformas, incluida la electoral.

Por ello, expuso que a la Suprema Corte de Justicia no hay quien la regule, se autorregula. Los ministros y ministras, consideró, deberían estar muy conscientes de los errores que han cometido al revertir diversas leyes secundarias por el Congreso. Recordó que en el caso de los legisladores, éstos son electos democráticamente por el pueblo.

Lo que no es democrático, consideró, es que un poder se ostente por encima de dos poderes. Al respecto, señaló que “fue una injusticia el no haber revisado el Plan B que proponía cambios en temas electorales, puesto que la oposición ni siquiera participó en la discusión de estas leyes, de estas iniciativas de leyes secundarias y a ellos [los ministros] se les hizo muy fácil irse por el camino de decir que no se había cumplido con los reglamentos propios de la Cámara de Diputados, lo cual es falso, porque aquí se tomó una decisión. La Junta de Coordinación Política aceptó que se discutieran los términos en que se discutió la reforma el pasado 6 de diciembre”.

Sánchez Ortiz observó que es necesario que se sepa cómo el Poder Judicial actúa antidemocráticamente. Llamó a la sociedad a respaldar esta iniciativa de juicio político, porque México requiere reformar al Poder Judicial. “Necesitamos que las y los mexicanos también nos apoyen, tenemos un plan que sigue y ese plan no nos va a fallar, porque el pueblo es quien toma la última decisión”, indicó en referencia al llamado Plan C, que es ganar la mayoría calificada en el Congreso en 2024.

A la iniciativa de demanda de juicio político se anexó la diputada Adriana Bustamante, quien señaló que el Poder Judicial actúa contra las reformas a ciertas legislaciones en favor del pueblo, de la soberanía y de la austeridad: “la Suprema Corte de Justicia nos ha estado dando golpes, carpetazos y rechazando las iniciativas. Se ha inmiscuido en el trabajo del Legislativo, se ha inmiscuido en el trabajo del Ejecutivo también sentenciando en materia de políticas públicas. Cada poder tiene su espacio, cada poder tiene su trabajo, cada poder tiene su importancia y se debe de respetar el trabajo de cada uno de estos poderes. Y si el pueblo de México ha demandado reformas a ciertas leyes como la política electoral y muchas otras más, [pues] podemos poner muchos ejemplos de las causas en las que han ido en contra del pueblo, que han ido en contra de las reformas que se han propuesto y sin analizar el fondo y la finalidad de las reformas, [la Corte] sólo ha argumentando escasamente el procedimiento constitucionalmente, reconocido desde hace muchos años, no modificado durante esta administración, entonces ha echado para atrás muchas legislaciones”.

Explicó que “las y los diputados que estamos transformando México, hemos aprobado esta serie de reformas que tienen un objetivo común que es mejorar la vida de las personas que vivimos en México y de nuestros connacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación –el máximo tribunal constitucional del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación– debe solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Sin embargo, a veces las resoluciones emitidas por esta máxima instancia ante acciones interpuestas por diputadas y diputados de los partidos de oposición han mandado un mensaje claro al pueblo de México, un mensaje muy desafortunado que simboliza la fuerza del neoliberalismo por mantener el statu quo de muchas décadas que nos han sumergido en la corrupción, en la impunidad, el rezago de nuestras instituciones y la pobreza de muchas mexicanas y mexicanos”.

Adriana Bustamante consideró que la Suprema Corte aún tiene la oportunidad de reivindicarse con el pueblo de México, ahora que va a revisar la acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la Ley de Minería. “Se tiene que poner a reflexionar la Suprema Corte de Justicia, el costo social y ambiental de la política de privatización de los bienes del dominio directo de la nación, particularmente, sobre los minerales y el agua, que el costo ambiental, el costo social, ha sido muy alto. La promesa de que una mayor inversión privada traería más y mejores empleos nunca se materializó. Los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al uso y disfrute de su territorio; a una consulta previa, libre, informada; a obtener el consentimiento a través de esos ejercicios participativos; así como los derechos a las personas en general a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso y disposición y saneamiento del agua, a la seguridad, a la vida y a la prevención y protección de enfermedades y accidentes de trabajo, han sido vulnerados por la intensa actividad de explotación, exploración minera en 30 años”.

Acusó que esa ley ha lastimado al pueblo de México por 30 años y el máximo tribunal tiene la oportunidad de reivindicarse al rechazarla. “Si la Suprema Corte de Justicia llega a aceptar esa acción de inconstitucionalidad y revierte las bondades de las reformas que aprobamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, entonces seguirá dando ese mensaje en contra del pueblo, seguirá dando ese mensaje en contra de las instituciones y seguirá dando ese mensaje en contra de la salud del bienestar del medio ambiente y de la soberanía de México. Invitamos a la Suprema Corte de Justicia a analizar con ética y profesionalismo cada una de las acciones que interpone la oposición y que analice también la voz del pueblo de México”.

La legisladora advirtió que los morenistas no se van a quedar callados ante las injusticias, “y por supuesto que yo me sumo a esta demanda de juicio político en contra de ministras y ministros que han hecho acciones en contra del pueblo de México”.

El proyecto de juicio político contra los ministros también es respaldado por la diputada María Clemente García, quien aseguró que para que exista una democracia real y no sólo en el papel, las decisiones del pueblo deben ser respetadas. “Una de las decisiones más importantes que toma el pueblo periódicamente es la elección de diputadas y diputados federales que se aproxima ahora también en 2024 junto con la elección del presidente o presidenta de la República. Esta decisión tan importante que tomó el pueblo de elegir a sus representantes populares en el Poder Legislativo está siendo violentada por el Poder Judicial y quien lo encabeza. En distintos países como Ecuador, Brasil, Bolivia y recientemente en Perú, hemos visto que la extrema derecha ha intentado apoderarse del Poder Judicial y desde él apoderarse de gobiernos”.

Recordó que por esas acciones de la derecha se han generado crisis gubernamentales, económicas, políticas y sociales en dichos países. “Hemos visto cómo operan y lo quieren replicar en México. Es preciso que lo visibilicemos en esta etapa, en este periodo legislativo. Y por supuesto que vamos a apoyar esta iniciativa de hacer juicio político a los ministros de la Corte, porque la constante intervención de los ministros del Poder Judicial, tanto en el ámbito Ejecutivo y el Legislativo, ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana, representativa y federal que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la cuarta transformación”.

María Clemente García acusó que los ministros de la Corte usurpan las atribuciones del Poder Legislativo, “al confrontar y desvalorizar las decisiones que tomamos las y los diputados federales en representación de nuestras mayorías, las mayorías que votaron por Morena, y por nuestros aliados para hacer un gobierno con ciertas directrices. Estas directrices que el pueblo nos ha dado han sido la de reformar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial nos señala que aquí no hacemos bien el trabajo, pero ellos no hacen bien el trabajo del Poder Judicial. Nadie les cree, todos hemos visto a jueces, magistrados y ministros corruptos, dejar libres a delincuentes, a narcotraficantes. Y en el caso de la población que yo represento, montones de jueces de todo el país han liberado a los asesinos de crímenes de odio contra población gay, población lesbiana; a los asesinos de transfeminicidio que han cometido en contra de compañeras como Paola…”

Por su parte, el diputado Manuel Vázquez Arellano dijo que acompaña esta denuncia de su compañero Robles Gómez porque conoce el país y las urgentes necesidades que tienen muchas comunidades, mientras que los ministros de la Corte “viven en esa burbujita [de lujos y beneficios con el dinero del pueblo], no se dan cuenta que estos grandes salarios, estos grandes presupuestos que no se han disminuido al Poder Judicial pudieran distribuirse para las necesidades de nuestra gente en los pueblos, en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, en los barrios pobres incluso de esta ciudad”.

Asimismo, destacó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se han apretado el cinturón: “nos hemos disminuido los salarios y muchas más cosas, y también debe pasar lo mismo con el Poder Judicial; y más aún, tiene que haber un verdadero equilibrio, no desde el privilegio como ellos quieren manejarlo, y no en esta narrativa que están manejando últimamente y que pudiéramos decir o repetir lo que ayer dijo Vicente Fox, de que quieren el regreso de las pensiones, de que quieren que se acaben los programas sociales. Claro, quieren otra vez todo para una élite política y económica. Y estamos en contra de eso, por eso acompañamos este anuncio”.

La demanda de juicio político es un clamor popular, consideró la diputada Olivia Esquivel Nava. Tras manifestar su apoyo a la iniciativa de demanda, apuntó que los ministros y ministras de la Corte “están actuando de una manera ilegal y antidemocrática, fuera de la legalidad, cuando a nosotros se nos exige todo y no se nos da ni el amparo de que se siga una carpeta de investigación; tienen acumulados casos sobre casos…”

La legisladora morenista señaló que los juzgadores “quieren seguir robando, quieren seguir teniendo los mismos privilegios, pues los van a seguir teniendo, porque van a ganar más que cualquiera, van a ganar más porque están en un poder que es único, pero todos los tres poderes deben de ser iguales, democráticos. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa y también el pueblo pide que también se le tome su parecer y creo que es justo y que eso es lo que representa a la 4T, democracia”.

La iniciativa, consideró, también busca impedir que los ministros atenten contra las reformas legislativas, como ocurrió con la reforma de la Guardia Nacional. Impedirles que “nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 si la tengamos, porque vamos a luchar por tenerla, para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una República democrática como lo comenta la Constitución”.

Al respecto de la iniciativa, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez aclaró que “no pretende ser estridente con la Corte, sino al contrario, hacerle un llamado a que termine esta idea de los ministros de estar en contradicción con la voluntad del pueblo de México y de la transformación. Esperemos que quede sin materia y que los ministros y ministras se reduzcan sus remuneraciones y sobre todo obedezcan la Constitución. Hoy están en la trinchera de los conservadores, hoy es el poder del conservadurismo y esperamos que se ciñan al orden constitucional”.

Por su parte, el diputado Francisco Javier Borrego Adame mostró su respaldo y advirtió que “el pueblo de México está cansado de tanta corrupción y de tanto abuso que sufre la gente más pobre de nuestro país”. Y como ejemplo citó el caso de los jueces y magistrados que sueltan de inmediato a los bandidos: “a un malandro que se roba tráileres, que se roba huachicol, que se roba lo que quiere, porque ellos están por el dinero; y el sueldo que tanto hemos luchado para que se nos baje no les interesa, a ellos les interesan los negocios buenos que hacen todos los días en el país”.

Y aprovechó la conferencia para criticar al expresidente Vicente Fox, a quien le mandó un mensaje: “que no esté pensando loqueras, porque la pensión del adulto mayor se queda y va a ser para siempre, no porque él ahorita esté pidiendo esa locura [de acabar con los programas sociales] se va a hacer. Que él regrese todo lo que se robó, porque cuando él estuvo de presidente tuvo la abundancia del petróleo y hubo suficiente dinero para que este país estuviera mejor, ¿pero qué hicieron todos los panistas?, lo que hicieron fue agarrar todo lo que pudieron, por eso hoy en día están enojados los panistas. Hoy en día quieren regresar al poder para seguir haciendo sus negocios que siempre habían hecho cuando los dos sexenios les permitieron tanto robo, tanto abuso; no se puede hablar de que son expresidentes que no hicieron cosas malas, cuando todo el pueblo de México sabe que fueron unos corruptos tanto Fox como Calderón”.

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