En el marco de la apertura del Campo Militar número 1 y otras instalaciones militares así como de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –referentes al periodo 1965-1990–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se manifestó preocupada por el hecho de que se equipare a víctimas de la Guerra Sucia con soldados victimarios.
En su posicionamiento, indicó: “nos preocupa que, tratándose de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Estado a través de miembros del Ejército, se pretenda equiparar a las víctimas de esas violaciones con los soldados que cometieron esas violaciones y que, si bien pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, etcétera. Desde nuestro punto de vista, un acto de reconocimiento de estos hechos honraría a las Fuerzas Armadas, reafirmaría su esencia popular y reforzaría su compromiso con la transformación que vive actualmente el país, y ellas mismas”.
Recordó que en 2020 se instaló la Comisión de la Verdad, así como la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente “con el objeto de documentar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el periodo 1951-2016, la cual no sólo ha estado recibiendo quejas y atendiéndolas hasta su resolución en el marco de sus atribuciones, sino que ha venido participando con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, en algunas acciones, siempre procurando apoyar una lucha que data de hace, al menos, 35 años”.
Por ello, la CNDH aportó un plan para la intervención del Campo Militar número 1 y la apertura de archivos, y se comprometió a su cumplimiento. Asimismo, reiteró “la necesidad de que las autoridades del Estado tomen las medidas necesarias para el pleno esclarecimiento de los hechos acaecidos entre 1965 y 1990, construyendo una relación cercana y empática con las víctimas y colectivos de víctimas, donde se adopten decisiones realmente por consenso porque solo así, mediante el consenso y la unidad de acciones, podremos vencer inercias y resistencias naturales a todo proceso de justicia y de verdad”.
La CNDH consideró que “el esclarecimiento pleno del pasado y la garantía de no repetición es la única manera de ir resarciendo las heridas de las víctimas y así poder iniciar la necesaria reconciliación nacional”.
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