En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, reconozcamos que estamos y estaremos en una situación de emergencia, la mayor en casi 1 siglo. Se ha sumado la pandemia de Covid-19, que encuentra a México con un sistema de salud colapsado por la herencia del modelo neoliberal, con la crisis económica, la insuficiencia de empleo formal y digno, el calentamiento global que provoca desastres por inundaciones, sequías, incendios, la inseguridad que no cede colocando a México y su población frente a grandes amenazas y peligros que debemos prevenir y enfrentar, actuando anticipadamente para mejorar las condiciones de bienestar general…

Un gasto para 2022 de 7 billones 48 mil 206 millones de pesos no resolverá las necesidades urgentes. Ante la emergencia, tomemos en cuenta que el 28 de agosto pasado el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo: “En 2021 se espera repunte la economía. Pero el escenario será peor que en 2018 y 2019, porque “ya no habrá guardaditos” y, aunque no se contrate nueva deuda, ésta se incrementará entre 10 y 17 puntos del PIB [producto interno bruto] por tipo de cambio”.

Ante grandes problemas se necesitan grandes soluciones, y es en medio de las crisis cuando se tienen que encontrar nuevas oportunidades. Es necesario que el Estado mexicano, a la altura de su deber en los álgidos momentos que vivimos garantice los derechos de todas y todos, su seguridad y bienestar. El presupuesto a discusión no alcanza y la LXV Legislatura debe aprobar medidas extraordinarias.

Hay recursos, dispongamos de ellos y tomemos medidas para contar con ahorros en los próximos años. Si los trabajadores más pobres y sufridos, los migrantes, han logrado cifras récord en las remesas –que en el último año alcanzan 44 mil millones de dólares–, habrá otros sectores de la sociedad que puedan hacer su aportación extraordinaria.

Si se suspende el pago al servicio de la deuda pública y se destinan 791.5 mil millones de pesos para hacer frente al servicio de la deuda de 2022, se contarán con recursos adicionales. Si junto con la suspensión del pago del servicio de la deuda pública, se realiza una auditoría para revisarla y sanearla, no cargaremos con el peso de una deuda que puede llegar a 13.5 billones de pesos, aumentando su costo financiero a futuro. Suspender y auditar, para luego renegociar el pago de la deuda, nos dará recursos adicionales hoy y ahorros mañana.

Tenemos 200 años de experiencia tras la consumación de la Independencia que se celebró el pasado lunes 27 de septiembre de 2021. Hagamos memoria: en tiempos de crisis siempre se ha suspendido el pago de la deuda y se desconocen deudas injustas del viejo régimen. Así ocurrió tras la Independencia, y eso hicieron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y, posteriormente, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez. Tras las suspensiones se ha podido reducir el monto. En la República Restaurada, los acreedores exigían al gobierno de Juárez el pago de 450 millones. Negoció el ministro de Hacienda, José María Iglesias, y bajó el adeudo a tan sólo 84 millones de pesos. Una posición firme y digna da resultados.

Después, tras un período de endeudamiento acelerado durante el Porfiriato, en 1914 se suspendieron pagos de la deuda. Posteriormente Obregón y Calles, tras reconocer irresponsablemente grandes sumas, de hecho se vieron obligados a suspender pagos. En medio de la crisis mundial de 1929, los gobiernos posrevolucionarios suspendieron el pago. Y el gobierno progresista de Lázaro Cárdenas mantuvo la suspensión. Cuando se renegoció, los acreedores exigían por deuda no pagada, más intereses, alrededor de 400 millones de pesos. Tras una gestión hábil, cedieron grandemente y la deuda quedó en 40 millones.

Hoy como ayer, tras una suspensión obligada por la crítica situación actual, se lograrían importantes quitas, que aliviarían la carga hasta terminar el sexenio y en años posteriores. Eso permitirá al gobierno federal realizar inversiones transformadoras. Lo más justo y necesario es suspender pagos de la deuda, y salir de la trampa en la que hundieron a la economía mexicana gobiernos neoliberales.

Así como los migrantes se han sacrificado, se podría crear un impuesto a las grandes fortunas para que las 2 mil 500 personas  más acaudaladas de México, el 0.002 por ciento de la población, que acumulan riquezas de más de 15 billones de pesos, apoyen con 270 mil millones de pesos: menos de la tercera parte de las remesas que de agosto de 2020 a agosto de 2021 aportaron 880 mil millones de pesos.

En mayo de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se sumó a quienes argumentan a favor de incrementar los impuestos a la riqueza; propone gravar herencias, sucesiones y donaciones. Esos impuestos son imprescindibles para enfrentar la pandemia de la Covid-19 y la crisis económica. Por cierto, la desigualdad en el ingreso en México es más del doble del promedio de países de la OCDE. El 10 por ciento más rico concentra 36.4 por ciento de los ingresos y el 10 por ciento más pobre el 1.8 por ciento. Es indispensable gravar la propiedad, la riqueza y el ingreso. Que los que más tienen, paguen más impuestos.

Hace falta, además de cobrar a quien debe, una reforma fiscal progresiva porque México es de los países con menor recaudación como porcentaje del PIB, según la OCDE. Con datos de 2019, México recaudó a través de los impuestos 16.5 por ciento del PIB, quedando entre los cinco últimos lugares de América Latina y el Caribe, que en promedio recaudan 22.9 por ciento mientras que en promedio general la OCDE se recauda el 33.8 por ciento del PIB. Una reforma fiscal puede aportar otros 270 mil millones de pesos y por estos tres conceptos crecería el presupuesto alrededor de 1 billón 300 pesos, necesarios con urgencia para atender salud, generar empleo, enfrentar desastres, resolver el problema del manejo del agua, lograr autosuficiencia alimentaria y combatir el hambre.

Veintisiete millones de personas sufren hambre en México. Importamos el 40 por ciento de los alimentos que consumimos. Cada vez importamos más maíz: el año pasado llegamos a 18 millones de toneladas. Es necesario financiar apoyo a cooperativas y pequeños y medianos agricultores, para la producción, transporte y comercialización, así como para la agroindustria. Es preciso desarrollar la vocación agrícola de cada una de las localidades del país e impulsar la agricultura urbana y familiar. México puede agrandar su frontera agrícola en millones de hectáreas y emplear a millones en el sector primario de la economía.

Apoyemos el empleo. México cuenta con una población económicamente activa (PEA) de 56 millones de personas, pero el 31 de agosto de 2021 se reportaron apenas 20 millones 420 mil 823 puestos de trabajo y no todos son permanentes. No se recupera aún el empleo previo a la pandemia y el millón de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral no cuenta con nuevas plazas que se han de crear. En la emergencia es imprescindible hacer efectivo el derecho constitucional al empleo, organizando el Plan Nacional de Empleo a nivel local, regional y nacional. Es el Estado quien puede y debe garantizar realizarlo a partir de impulsar cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas y empresas estatales en todos los sectores estratégicos de la economía. Deben cancelarse definitivamente, las transferencias del presupuesto público al sector privado, recuperar la capacidad productiva del estado, que tanta importancia tuvo desde el cardenismo a partir de la cual el PIB creció al 6 por ciento anual, hasta el inicio del neoliberalismo. Las políticas privatizadoras han golpeado fuertemente la economía nacional y popular y no se trata sólo de frenarlas, sino de iniciar un proceso desprivatizador para que el pueblo y el Estado recuperen lo que les arrebataron las grandes corporaciones. Fortalecer el sector público y social es clave para la recuperación y el crecimiento sostenido.

Hoy se ha desmantelado el sistema de salud en todo el mundo y en México, cuando en la pandemia es una prioridad garantizar estos servicios a la población y hacen falta recursos adicionales para impulsarlos fortaleciendo la infraestructura hospitalaria a todos los niveles, para que funcionen los servicios a plenitud e inaugurando nuevas clínicas y hospitales donde se requiera, así como incrementar grandemente el empleo en personal de salud, además de fomentar la medicina tradicional y alternativa. El Estado mexicano ha tenido la capacidad de elaborar sus propias vacunas y medicamentos y equipos. Si somos autosuficientes en estas cuestiones estratégicas, grandes serían los ahorros a futuro. Además, el presupuesto de salud debe fortalecerse porque es sabido que millones de personas no han podido atenderse adecuadamente no sólo por problemas derivados de la Covid: también por todo el espectro de enfermedades y males crónicos que no se pueden atender debidamente porque la pandemia absorbe gran cantidad de recursos humanos y materiales.

Otra urgencia surge a partir del calentamiento global que golpea un país en el que durante 25 años se ha agudizado el problema de inundaciones, sequías, incendios, situación causada por las políticas neoliberales con respecto del agua, la caótica urbanización, la ausencia de protección civil, la deforestación que genera condiciones presentes y futuras de gran peligro. Se debe cosechar agua de lluvia, recargar los mantos freáticos reforestando los montes, implementar terrazas, gaviones, sumideros, que a la vez evitarían inundaciones y sequías. Faltan grandes inversiones en un nuevo sistema hídrico, impulsar la Nueva Ley General de Aguas que desde 2013 el Congreso ha sido omiso en aprobar, y que puede prevenir grandes carencias y desgracias que vivimos actualmente y se agudizarán de no atenderse.

La pandemia de coronavirus ampliará la brecha de pobreza entre géneros, llevando a 47 millones de mujeres y niñas a la pobreza en 2021, con lo que se borrarán los avances logrados en las últimas décadas, advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que es necesario un programa especial para garantizar derechos de las mujeres.

El presupuesto que se aplicará el próximo año, debe ser un presupuesto de Emergencia, con medidas extraordinarias luego de 2 años de  pandemia de Covid-19, que por cierto no ha cedido aún, en medio de una crisis económica, la peor en 80 años que sigue teniendo repercusiones y en una situación en la que México es vulnerable a peligros externos imprevisibles: la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la posibilidad de futuras complicaciones derivadas de la pandemia que enfrentamos con un sistema de salud que heredamos colapsado por la corrupción, las políticas de favorecer a las corporaciones farmacéuticas y el desmantelamiento de la autosuficiencia en medicamentos y medicina.

En esta situación de emergencia se tienen que cambiar los términos de política económica y de modelo económico para dejar atrás el viejo régimen neoliberal. No está por demás recordar que el mundo nunca salió de la crisis del 2008 y que actualmente está pasando a una situación en la que el modelo económico vigente lleva al colapso de la economía mundial.

Es necesario un presupuesto extraordinario que permita que la economía crezca anualmente, tal como lo prometió el titular actual del Ejecutivo en 2018, un 6 por ciento anual, por lo menos en la segunda mitad de su sexenio. En 2022 y los 2 años posteriores, México tiene que crecer a tasas mucho más altas de las planteadas en el Presupuesto 2022. Para que el Estado sea garante de derechos que no sólo deben quedar en el papel, el gobierno federal necesita disponer de los recursos del servicio de la deuda pública, de la aportación extraordinaria de las más grandes fortunas y de una reforma fiscal progresiva que acerque a México al nivel de recaudación promedio en el mundo. Es justo. Es necesario. Pero, además, es urgente.

*Este texto fue elaborado para entregarlo a la 65 Legislatura por parte de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública y otras organizaciones sociales.

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