Once magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa –a quienes desde el año pasado se les abrieron carpetas de investigación en la Procuraduría Fiscal Federal– convocaron al magistrado presidente Rafael Anzures Uribe a una reunión privada, en la que se calentaron los ánimos a grado tal que le exigieron intermediar para que el secretario de Gobernación los reciba. Dicho encuentro con Anzures se llevó a cabo el pasado 11 de mayo y versó sobre las investigaciones de la Procuraduría Fiscal, así como diversas acusaciones de presunta corrupción en las que habría incurrido la actual administración que ejerce un presupuesto, tan sólo en este 2022, de más de 3 mil millones de pesos
El miércoles de la semana pasada el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures Uribe, fue convocado por los 11 magistrados de la Sala Superior para que explicara –en reunión privada– sobre las carpetas de Investigación abiertas en la Procuraduría Fiscal y las querellas presentadas contra 4 magistrados en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
Durante cuatro horas, el magistrado presidente escuchó reclamos, quejas y acusaciones de sus pares que ya no aguantan su pésima gestión y están pensando en removerlo.
La discusión más áspera se presentó cuando los magistrados le reprocharon no haberles informado de la existencia de las investigaciones en su contra por supuestos delitos fiscales y de enriquecimiento ilícito.
La tensa reunión inició al medio día del 11 de mayo y se prolongó hasta las 16 horas, y en ella participaron 12 de los 13 magistrados que integran la Sala Superior, ante quienes Anzures negó ser el promotor de las carpetas de investigación abiertas en julio de 2021 por el entonces procurador fiscal Carlos Romero, despedido apenas en diciembre pasado y quien estaría ahora bajo investigación de la Fiscalía General de la República por corrupción.
Desde el arranque del encuentro, el presidente del Tribunal empezó mal, porque ordenó que se retirara todo el equipo de grabación, pues le preocupaba que hubiera algún registro (audio y video) de lo que allí se dijera, pero su propuesta fue rechazada por los magistrados y se tuvo que votar esa decisión, en donde la mayoría pidió que sí se grabara la reunión para dejar constancia.
En el prolongado encuentro, algunos magistrados pidieron al presidente del Tribunal intermediar ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López –con quien sospechan que Anzures ya tuvo una reunión privada–, para que conozca la otra versión de lo que allí sucede y explicarle el gran malestar que hay por usar las investigaciones fiscales y ministeriales como un instrumento de presión contra los magistrados.
Además, buscarían explicarle al secretario Adán Augusto que las imputaciones que les hacen a los magistrados carecen de todo sustento, por lo que le pedirán se investigue el origen de esas acusaciones y los motivos para iniciarlas, pues esto les genera presión y puede traducirse en peticiones sobre cómo resolver algunos juicios en las distintas salas.
La reunión avanzaba con algunos sobresaltos por las quejas de los magistrados, hasta que Anzures, visiblemente preocupado y nervioso, prácticamente les rogó que se dejara de grabar la discusión, y como los reclamos subían cada vez más de tono, el pleno de los magistrados aceptó y el equipo de grabación salió del recinto.
En todo momento, el presidente del Tribunal negaba insistente ser el promotor de las denuncias y acusaciones en contra de los magistrados. Ahí recibió fuertes reproches y duros reclamos de algunos de ellos, como lo planteado por la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, quien le dijo a Anzures Uribe que recordara lo que él sintió cuando estuvo sujeto a investigación en la Procuraduría General de la República por el delito de peculado.
Además, la doctora Mosri también reclamó a Anzures que anduviera diciendo en el Tribunal que ella era la que filtraba la información a medios de comunicación y le exigió que aportara las pruebas de ello. Como colofón, esta aguerrida magistrada dijo algo que causó extrañeza entre algunos de sus pares: “Yo no ando dejando muertos en el camino”, sin que se supieran exactamente a qué se refería.
El magistrado Carlos Mena Adame también se quejó de que desde la Presidencia del Tribunal se ordenaron investigaciones en su contra y de su familia sin motivo alguno. Los doctores Guillermo Valls Esponda y Elizabeth Urby en el mismo sentido reprocharon a Anzures Uribe ser el promotor de las acusaciones y presiones en contra de los magistrados.
También el doctor Carlos Chaurand Arzate se quejó de que la Procuraduría Fiscal Federal le abriera carpeta de investigación, por lo que exigía al presidente del Tribunal dar la lista completa de los acusados y dejar de intrigar en su contra.
En la reunión privada se escuchó comentar entre algunos de los magistrados que quien fuera procurador fiscal hasta diciembre pasado, Carlos Romero, acudiera a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción para cerciorarse si había alguna acusación en su contra.
Pide secretario de Gobernación a reportera que denuncie ante Fiscalía
Aconsejado por el secretario Adán Augusto López Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el conflicto que enfrenta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde cuatro magistrados fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, es “un asunto político por las elecciones para designar al próximo presidente de dicho órgano de justicia”, proceso que en realidad se desarrollará hasta en enero de 2023.
En la conferencia presidencial del miércoles 11 de mayo, el mismo día de la rebelión de los magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el titular de Gobernación aseguró que dichas denuncias en contra de esos impartidores de justicia se presentaron en julio de 2021, porque “seguramente [se dan] en el seno de la disputa o de la posible elección del nuevo o la nueva presidenta del Tribunal, que se celebrará el día 1 del año próximo”.
Sin duda que hay interés de los 13 magistrados de la Sala Superior y de la tercera sección de la sala en materia anticorrupción de participar en el proceso para designar a quien será el próximo presidente; sin embargo, las carpetas que se abrieron en la Procuraduría Fiscal se iniciaron a principios de 2021, es decir casi dos años antes de que concluya la gestión del actual presidente del Tribunal, Rafael Anzures, de tal manera que las investigaciones no se iniciaron por un asunto electoral, como sostienen el secretario de Gobernación y el presidente López Obrador, sino porque Anzures las ha utilizado para presionar a algunos magistrados sobre cómo resolver algunos juicios en los cuales hay intereses ajenos a la justicia.
En la misma conferencia de Palacio Nacional del miércoles 11 de mayo, el secretario de Gobernación fue enfático en asegurar que no eran 11 las denuncias en contra de magistrados sino sólo cuatro, y que ninguna de ellas fue presentada, “como dolosamente se señaló”, por el presidente del Tribunal, sino que fue quien hasta diciembre pasado ocupó el cargo de procurador fiscal, Carlos Romero.
Más adelante el secretario de Estado confundió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al aclarar que “en ninguno de los casos fueron denuncias presentadas por el actual presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que termina su periodo de encargo el 31 de diciembre de este año”.
Pero lo que no le dijeron al secretario Adán Augusto López es que las carpetas abiertas el año pasado en la Procuraduría Fiscal sí eran más de cuatro, aunque sólo se presentaran éstas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero son más los magistrados que saben que sí fue el presidente del Tribunal quien las promovió en complicidad con Carlos Romero.
Evidentemente incómodo por las preguntas de la reportera de Contralínea sobre las irregularidades en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la responsabilidad del Estado en el caso de la violación de los menores de edad en refugios de la panista Rosi Orozco, el titular de Gobernación sugirió a la periodista Nancy Flores que “si algún ciudadano o algún funcionario, o usted misma tiene conocimiento de posibles irregularidades, pues yo le invito a que presente las denuncias”.
Sin embargo, el responsable de la política interna del país debe saber que no es función de los reporteros presentar denuncias ante el Ministerio Público, juzgados o cualquier cuerpo policial, porque las investigaciones periodísticas son para informar puntual y verazmente a la sociedad, la cual tiene el derecho fundamental a saber, y a partir de allí las autoridades pueden recoger la información y hacer su trabajo.
Esto se expresa muy claramente en el artículo 11 de lo que se conoce como la Declaración de Burdeos, con la Carta Mundial de Ética para Periodistas, la cual fue adoptada en el 30 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas celebrado en Tunez el 12 de junio de 2019, en donde se precisa la conducta ética a seguir: “El o la periodista se abstendrá de actuar como ayudante de la policía u otros cuerpos de seguridad. Sólo se le pedirá que brinde a estos cuerpos información publicada por medios de comunicación”.
