El reconocimiento constitucional del Estado mexicano respecto de los pueblos afromexicanos –como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio– es un parteaguas histórico en México y en América Latina, porque se reconocen derechos de carácter colectivo, considera Adelfo Regino Montes. En entrevista, el director general del INPI admite que la materialización de esto dependerá de la creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas. Adelanta que ya se trabaja en ella, y que pronto se convocará a 70 asambleas regionales para consultar directamente a las comunidades afrodescendientes
Tras décadas de lucha contra la exclusión social, el racismo, la discriminación, desigualdad, despojo, violencia y el abandono gubernamental, hoy, por primera vez, el Estado mexicano reconoce en su marco constitucional a los pueblos y las comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto significa un parteaguas histórico en México y en América Latina, destaca Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En entrevista para Contralínea, el funcionario explica que la piedra angular de esto llegó el 30 de septiembre de 2024, con la publicación de la reforma integral al artículo 2 de la Constitución Política de México. Se trata, según el director del INPI, de una transformación histórica para el país y para Latinoamérica porque “es la primera vez que se reconocen derechos de carácter colectivo al sujeto llamado pueblos y comunidades afromexicanas”. No obstante, reconoce que aún falta establecer su ley reglamentaria.
No obstante, la reforma sí rompió con las circunstancias que los pueblos afromexicanos o afrodescendientes han padecido durante más de cinco siglos –incluida la esclavitud–, invisibilizados por un discurso nacionalista mestizo, excluidos de las políticas públicas y ausentes del marco jurídico, sistemáticamente borrados. Y es que incorporó un apartado específico dedicado a sus derechos colectivos, lo que modificará la relación de estas comunidades con las decisiones del aparato gubernamental.
Al respecto, el también activista Adelfo Regino señala que la reforma al artículo 2 constitucional no sólo materializa el reconocimiento de los pueblos indígenas, sino que de manera especial consolida jurídicamente a los pueblos y a las comunidades afromexicanas. “Es un hecho que marca un antes y un después en términos del reconocimiento que habían venido planteando estos pueblos”.
Un nuevo estatus jurídico
Para el titular del INPI, el reconocimiento constitucional representa el primer “gran paso” del Estado mexicano hacia una transformación estructural en la relación con los pueblos afromexicanos: a partir de esta modificación se podrá elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas –con un apartado dedicado específicamente a los pueblos negros– y el Plan de Justicia del Pueblo Afromexicano, con el fin de resarcir décadas de abandono institucional.
Adelfo Regino explica que, si bien el marco constitucional establece principios generales, será esta ley secundaria la que permita su desarrollo normativo. El funcionario asegura que el gobierno federal ya trabaja en su elaboración, para lo cual se dialoga con distintas dependencias y actores institucionales. Además de que se consultará a los propios pueblos y las comunidades afromexicanas.
“Hemos tenido un diálogo muy intenso con la coordinación de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Hemos tenido un diálogo intenso con las diversas entidades y dependencias del gobierno federal, para consolidar una propuesta. En ese proceso, nos encontramos en este momento y a la brevedad estaremos ya convocando a un proceso de consulta. Vamos a hacer alrededor de 70 asambleas regionales para llegar a todas las regiones indígenas y afromexicanas del país”.
Una vez consolidada la propuesta, se abrirá un proceso amplio de diálogo y consulta con los propios pueblos indígenas y afromexicanos, conforme a lo establecido por la Constitución, para recoger sus opiniones y planteamientos antes de enviar la iniciativa al Congreso de la Unión. “De modo que se pueda escuchar las propuestas, las voces, los planteamientos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades para ser incorporadas al proyecto de iniciativa”.
Las propuestas que se retomen podrían resarcir una de las demandas históricas de estos pueblos: justicia. “Estas son algunas de las acciones que estamos implementando como Gobierno de la República. Todo esto con el propósito de saldar esta deuda histórica que tiene el Estado mexicano con relación a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas”, comenta el funcionario.
En este escenario, el pasado 29 de agosto, el INPI publicó en el Diario Oficial de la Federación su Programa Institucional 2025-2030. Este instrumento orienta las acciones federales para garantizar el reconocimiento, respeto, protección y ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. De acuerdo con Adelfo Regino, el eje central de este programa es la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida cotidiana, con la finalidad de revertir condiciones estructurales de marginación, pobreza, exclusión y racismo.
A la par, el gobierno federal trabaja en la elaboración del Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que permitirá actualizar y fortalecer el marco institucional del sector, así como articular políticas, programas, estrategias y acciones específicas a favor de estas comunidades, comenta Regino Montes.
“Estamos, justamente, en esta tarea que nos ha encomendado nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo], de modo que tengamos actualizado y fortalecido nuestro marco institucional, y sobre esa base desarrollar las políticas, los programas, las estrategias y las acciones del gobierno de la República”.
Recursos públicos para resarcir la marginación
Uno de los anuncios más relevantes vinculados a estos cambios tiene que ver con la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), con un presupuesto de 12 mil 374 millones de pesos. Este recurso se destina específicamente a obras y acciones de infraestructura social comunitaria. De acuerdo con Regino Montes, “es la primera vez que los pueblos y comunidades afromexicanas reciben recursos públicos de manera directa, sin intermediarios”.
Al respecto, el funcionario comenta que esta decisión federal “debe ser motivo de mucha esperanza, porque al tener nuestros pueblos y nuestras comunidades estos recursos públicos sin duda alguna lo van a utilizar para su bienestar y su desarrollo”. Agrega que se trata de un tema de la mayor importancia para el actual gobierno y para las propias comunidades, pues implica un proceso de empoderamiento real, ahora en su carácter de sujetos de derecho público.
En este sentido, Regino Montes señala que ha observado un ambiente de optimismo en las comunidades indígenas y afromexicanas, a partir de la asignación directa de recursos. “Lo que he visto en mis recorridos en estas regiones, es que hay un horizonte de esperanza, hay un horizonte de optimismo, diría yo, en los pueblos, en las comunidades porque ahora lo veo con el tema de la asignación de los recursos públicos de manera directa”.
Con ello, comenta que este nuevo componente presupuestal derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) –previsto en la Ley de Coordinación Fiscal– fortalece las capacidades de decisión de las comunidades, a través de sus asambleas y de sus propias instituciones comunitarias. Esto se traduce en un mayor ejercicio de la libre autodeterminación y la autonomía, así como en el impulso de procesos económicos locales.
Al consultarle la existencia de fuerzas externas que pudieran interferir en la realización de asambleas para la administración de recursos públicos –como cacicazgos locales, líderes ejidales o la presencia del crimen organizado–, Regino Montes considera que dichos escenarios no se visualizan en estos ejercicios democráticos. Por el contrario, asegura que las acciones se construyen de forma transparente con las propias comunidades y sin ningún tipo de imposición.
“Hay un empoderamiento de las comunidades a través de sus asambleas, de sus instituciones comunitarias y, sin duda alguna, se ve fortalecido el ejercicio de su libre determinación y su autonomía; y también se ven fortalecidos los procesos económicos y la capacidad de respuesta a este contexto de pobreza, de exclusión, de marginación en el que han vivido durante tanto tiempo. Entonces, esa es la ruta que estamos trazando. Se hace de manera conjunta, no hay nada que se imponga. No hay nada que lastime los derechos, la dignidad y la integridad de los pueblos, sino que, muy al contrario, lo que hacemos es cumplir y reivindicar sus derechos fundamentales”.
Tras descartar escenarios adversos, Adelfo Regino sostiene que los Planes de Justicia Afromexicanos responden a una demanda histórica orientada a revertir décadas de exclusión, despojo e invisibilización de dichas comunidades. “En efecto, en todo el país estamos implementando alrededor de 18 Planes de Justicia y Desarrollo Regional. Y estaremos iniciando por indicación de nuestra presidenta y en el marco del Programa General Lázaro Cárdenas con el Plan de Justicia del Pueblo Afromexicano en los estados de Guerrero y Oaxaca”.
La relevancia de los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afromexicanas radica en su objetivo de revertir las condiciones de pobreza, pobreza extrema y marginación en las que históricamente han vivido estos pueblos. Ello, mediante procesos de planeación construidos desde sus propias formas de organización y de toma de decisiones.
El director del INPI considera que los planes de justicia son “instrumentos de política pública focalizada, porque atienden una región concreta del país, atienden un sector específico de la población nacional. En este caso, serán los pueblos y las comunidades afromexicanas que viven en esta región; es decir, los planes de justicia son, reitero, son instrumentos de política focalizada a diferencia de las políticas y de los programas de carácter universal, como es el caso del programa de apoyo a adultos mayores, que es quizás el más emblemático, son programas que tienen un enfoque transversal, que atienden a todas las mexicanas y los mexicanos, que cumplen con determinadas condiciones y características”.
De igual manera, destaca que estos planes de justicia se han consolidado como un nuevo instrumento de la política pública federal que también busca fortalecer la coordinación entre las diversas entidades y dependencias del gobierno federal. Ello, para “dar atención a las demandas, a los planteamientos de vida de los pueblos y de las comunidades”.
Las demandas del pueblo afromexicano, al igual que del indígena, se centran en el acceso a recursos tan básicos como agua potable, caminos, servicios de salud, educación y oportunidades económicas. Y es que aún en la actualidad, continúan enfrentando brechas profundas de pobreza, marginación y desigualdad, producto de un racismo estructural que se reproduce desde la base social y que atraviesa a las propias instituciones del Estado.
En este contexto, los planes de justicia nacionales permiten trazar una ruta de acción concreta que incluye un componente central: el de tipo presupuestal. Así, Regino Montes subraya que atender las demandas fundamentales –como es la infraestructura comunitaria, saneamiento ambiental, acceso a derechos sociales y generación de empleo– requiere necesariamente de recursos públicos, por lo que una parte esencial de estos procesos es la planeación para la asignación directa de presupuesto. Además, de los acuerdos y del diálogo permanente que se construye, dijo, “de gobierno a gobierno”.
También considera que el otro componente fundamental “tiene que ver justamente con el tema de la economía, del empleo, de la generación de ingresos. Porque eso tiene un impacto directo en el combate a la pobreza y a la marginación. Y en ese sentido, pues sí, se tienen que sumar las instituciones que tienen un mandato en la materia para atender las actividades económicas específicas”.
Piden acelerar la Ley General
A raíz de la reforma al artículo 2 de la Constitución, el Congreso de la Unión estableció de manera expresa que se debía expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, dentro de un plazo de 180 días; sin embargo, hasta el momento ese ordenamiento no se ha emitido.
Ahora, en el marco del nuevo periodo ordinario de sesiones legislativas, la agenda –compartida por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila– establece que entre las iniciativas pendientes de ser remitidas se encuentra, justamente, la reforma que deroga la Ley de Migración y expide la Ley de Migración Humana, así como la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, entre otras.
Al respecto, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, adelanta a este semanario que se prevén por lo menos ocho libros en la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas.
“Un primer libro será en donde vamos a hacer todo el desarrollo normativo de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, porque ese es el punto la piedra angular de la reforma.
“[…] En el segundo libro tendremos que desarrollar la cuestión del derecho de la libre determinación y autonomía. Esto que no se ha hecho en toda la historia de nuestro país, bueno, se tienen que definir los ámbitos en los que se habrá de ejercer la autonomía indígena con relación a sus formas de gobierno, a sus sistemas normativos y a las justicia indígena, al tema de la consulta, el tema de su integridad territorial, la cuestión de la educación, la salud, la medicina tradicional, el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, entre otros tópicos que desarrolla el propio segundo constitucional”.
Sobre el tercer libro, el funcionario dice que estará dedicado específicamente a los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociendo su carácter de “sujetos de derecho público”, así como el ejercicio de su libre determinación y autonomía, entre otros derechos fundamentales. En tanto, el cuarto libro abordará “los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos”.
En el contexto internacional, marcado por el endurecimiento de políticas migratorias y discursos discriminatorios desde el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, el director del INPI destaca que la legislación también contempla un quinto libro, enfocado en los derechos de las personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos. “Esto es muy importante, sobre todo ahora por estas políticas que sigue el gobierno de los Estados Unidos y que agreden los derechos de las personas migrantes. Muchos de quienes viven en ese país, particularmente en California, proceden de comunidades indígenas, por lo que esta ley debe incorporar medidas y normas de carácter afirmativo”.
Para el funcionario federal, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas contribuye de manera frontal a combatir el flagelo de la discriminación y el racismo, así como del pensamiento único eurocentrista, “que dejó de lado el pensamiento y la cosmovisión de los pueblos”. Eso, dice, es un asunto de justicia elemental. “Aquí se trata de cómo recuperamos la verdadera esencia de la humanidad, que es la diversidad”.
Agrega que “así como hay racismo contra los pueblos indígenas, así también lo han padecido los pueblos y las comunidades afromexicanas, incluso quizás con mayor fuerza y por eso, a partir de estas problemáticas y demandas comunes, hoy tenemos esta reforma constitucional al artículo segundo y, ahora, está en proceso de construcción esta ley justo para dar una solución común a estas problemáticas que se han vivido durante tanto tiempo”.
