La propuesta de reforma constitucional para proteger a los maíces nativos de México –que presentó el gobierno federal al Congreso– no incluye ⁠prohibición de consumo humano del grano genéticamente modificado, ⁠prohibición de siembra de maíz genéticamente modificado (aunque sí prohíbe siembra de maíces transgénicos, que son sólo uno de los tipos de OGM), ⁠la obligación de solicitar un análisis de riesgos –con las condiciones de cultivo y de consumo en el país–, ni ⁠la obligación de quebrar el grano modificado genéticamente que se importa para forraje e inviabilizarlo como semilla. De aprobarse en esos términos, el riesgo es mayúsculo para la soberanía alimentaria de la nación y la seguridad alimentaria del mundo, pues abre la puerta a futuros permisos para siembra y consumo de OGM –dañinos para la salud humana y el medio ambiente– y porque México es el centro de origen de ese alimento, alertan expertos consultados por Contralínea y la organización Sin Maíz No Hay País

Lo que pareciera a simple vista un “error gramatical” en la iniciativa de reforma constitucional para proteger a los maíces nativos de México –que elaboró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)– es en realidad un error mayúsculo. Y es que en la propuesta se establece protección sólo frente al maíz transgénico, en lugar de salvaguardar al grano, que es el principal alimento del pueblo mexicano, frente a todos los maíces genéticamente modificados.

Los transgénicos, explica a Contralínea la bióloga y doctora en ciencias Ana Wegier Briuolo, son sólo uno de los tipos de organismos genéticamente modificados; por lo que, con esa legislación, se estaría abriendo la puerta a otras biotecnologías, que son igual de dañinas para la salud humana y medioambiental.

El cambio de palabras, indica la investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, “parece que es muy sutil, porque en nuestro lenguaje siempre hemos estado hablando del maíz transgénico y en los discursos es mucho más fácil decir: ‘no al maíz transgénico’, que decir ‘no al maíz genéticamente modificado’. […Pero] qué es lo tan grave: que la transgénesis o los transgénicos son sólo un tipo de biotecnología moderna; eso quiere decir que, si nosotros ponemos esto en el marco [legal] de un centro de origen y diversidad, como es México, entonces se permitiría meter organismos modificados por otras herramientas dentro de estos centros de orígenes, como si no tuvieran las mismas consecuencias”.

La experta en genética de la conservación, conservación y manejo de especies con centros de origen y diversidad mesoamericanos, y evolución, Ana Laura Wegier Briuolo, advierte que la evidencia científica apunta que los daños de las otras biotecnologías que no son transgénicos, pero sí son organismos genéticamente modificados, son los mismos. “Esto implica que hay que tener las mismas precauciones, que todos deben ser evaluados y conocer todos sus efectos, porque no es lo mismo uno que puede estar en Australia a que esté en México o uno que esté en Estados Unidos a otro que esté en México”.

Lo anterior, agrega la científica, porque México es el centro de origen del maíz, y “aquí están los amigos y los enemigos con los que la planta ha vivido desde hace millones de años. Y, además, estamos las personas con las que la planta ha vivido un proceso de domesticación continua”.

De ser aprobada en los términos en los que el gobierno federal presentó esta iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión, el nuevo marco legal podría facilitar, en un futuro, la siembra y consumo de maíces genéticamente modificados, lo que sólo beneficiaría a las agrotrasnacionales –en especial, a Bayer-Monsanto y Syngenta–, que por años han estado pugnando por entrar a México, reservorio mundial del grano.

Por ello, en juego estaría no sólo la soberanía alimentaria nacional, sino también la seguridad alimentaria global, alertan expertos y la campaña Sin Maíz No Hay País. Ello, porque entre las falencias de esta iniciativa de reforma, destaca que no ⁠prohíbe el consumo humano de maíz genéticamente modificado; no ⁠prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado (aunque sí prohíbe la siembra de maíces transgénicos que, como explica la doctora Wegier Briuolo, son sólo uno de los múltiples tipos de OGM); y tampoco establece ⁠la obligación de solicitar un análisis de riesgos, con las condiciones de cultivo y de consumo en México, o ⁠la obligación de quebrar el grano GM que se importa para forraje e inviabilizarlo como semilla, en caso de no realizar el análisis de riesgos.

Los riesgos

En una carta abierta –dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum–, la Campaña Sin Maíz No Hay País calificó como “grave retroceso” la iniciativa de reforma constitucional, “pues aparenta proteger al maíz como ‘elemento de identidad nacional’, pero en realidad pone en peligro la biodiversidad, la cultura y la soberanía alimentaria del país, al sólo prohibir una forma de maíz genéticamente modificado –como el maíz transgénico– y abre la puerta para otras técnicas”.

David Rivero Fragoso, especialista en derechos humanos y abogado de la Campaña Sin Maíz No Hay País, explica a Contralínea el riesgo de que se vote la iniciativa sin cambiar el término de transgénico por organismos genéticamente modificados: “esta reforma establece la prohibición de los maíces transgénicos y aquí es importante hacer esta distinción de maíces transgénicos y maíces genéticamente modificados, porque es una diferencia abismal. Si bien pareciera que es una gran reforma y que es una gran victoria para todas las personas que defendemos la biodiversidad de los maíces, en realidad no lo es. Y esto es sumamente preocupante porque la reforma constitucional sólo prohíbe la siembra de maíces transgénicos”.

El jurista –que acompaña la acción colectiva contra el maíz genéticamente modificado ante tribunales– expone que los avances tecnológicos han traído consigo otras técnicas, como la edición genética que, según la propia industria, no es una biotecnología transgénica, pero sí son organismos genéticamente modificados.

Por ello, el abogado Rivero Fregoso advierte la iniciativa de reforma constitucional que se discutirá en los próximos días en el Congreso prohíbe una tecnología que está quedando obsoleta. “Aunque en el mercado todavía existen sólo los transgénicos, eso es cierto, pero las nuevas tecnologías […] van a producir maíces por edición genética, que son otra forma de organismos genéticamente modificados”.

Ello, agrega, quiere decir que “las nuevas tecnologías quedan fuera de la reforma constitucional, y ése es el gran problema porque todas las que vienen por edición genética o estas nuevas técnicas, como CRISPR-Cas que se producen con esta tecnología, no se van a contemplar”.

Por su parte, la Campaña Sin Maíz No Hay País consideró que la reforma al artículo 4 de la Constitución es insuficiente, pues sólo limita “la protección a evitar siembra de maíz transgénico y deja la puerta abierta a la introducción de otras formas de maíz genéticamente modificado, que alteran la herencia de este grano fundamental”.

Por ello, en su misiva pidió que en dicha reforma se señale “clara y textualmente que prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado”. Asimismo, advirtió que el maíz genéticamente modificado (GM) “representa un peligro para la salud de la población mexicana, pues como se sabe es nuestro principal alimento y no existen evaluaciones que garanticen la inocuidad del maíz GM en la ingesta diaria de humanos. La posibilidad de establecer las características de la alimentación de la población es una decisión interna e incluso está señalada en la misma”.

Forma es fondo

La bióloga Ana Wegier Briuolo explica que en ningún instrumento jurídico de México y el mundo se ha limitado la definición al tipo de transgénesis. “Lo que realmente tendría que suceder es que diga maíz genéticamente modificado y que sigamos adelante; porque, además, la puerta que se abrió es una puerta innecesaria, totalmente innecesaria”.

Al respecto, la investigadora universitaria agrega que México no perdió un panel que tuviera que ver con siembra. Por ello, considera que este error es un problema de información interno. Y recuerda que la propuesta de reforma la realizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza el ingeniero agrónomo Julio Berdegué Sacristán.

Acerca de las implicaciones regresivas de este error, la doctora en ciencias advierte que reedita ideas de 1996, totalmente arcaicas y obsoletas. “De hecho, la agroindustria habla así de sus propios transgénicos y dice ‘no, eso es obsoleto, ahora ya tenemos una nueva tecnología, van a ver que esta sí va a ser segura’”.

Sobre esta última promesa de la industria, Wegier Briuolo refiere que la inocuidad de esas tecnologías no es confiable, porque es “lo mismo que nos dijeron de los transgénicos. Ahora nos hablan de las nuevas tecnologías como si fueran la panacea. Hay que tener muchísimo cuidado: nosotros podemos tener el principio precautorio para todo. No existe ninguna necesidad [de esta reforma en los términos en los que se planteó]. Yo pienso que hubo mucha desinformación y que ahora se deben dar cuenta de los alcances: no solamente la definición es el problema, sino que hayan dicho: ‘quítese todo lo que se oponga en las leyes secundarias’, porque eso desprotege de norte a sur al maíz’. No creo que esas sean las intenciones verdaderas de la Presidencia, no es lo que la doctora Claudia Sheinbaum –que además es científica y estoy segura de que va a entender todo esto– quiere. Sin embargo, es muy importante que lo digamos, que dejemos bien claro hasta la última consecuencia de este error”.

Añade que a la industria desarrolladora de organismos genéticamente modificados la acompaña la pseudociencia, que engaña y manipula términos de bioseguridad, como la llamada equivalencia sustancial. “En todo el mundo evidencias de que sí hay flujo transgénico, de que sí se escapan, de que sí llegan a otros lugares [contaminación de OGM]. Sin embargo, en las evaluaciones siguen poniendo que eso no es una preocupación, porque los sitios en donde se van a utilizar no deberían de ocurrir grandes escapes, dado que se respetan las distancias”.

La experta en genética de la conservación, conservación y manejo de especies con centros de origen y diversidad mesoamericanos, y evolución indica que la siembra intencional de maíz genéticamente modificado “no es el único problema que está teniendo la diversidad del maíz en México. La otra puerta, que no es el cultivo, son los maíces que se importan. Los maíces que se importan básicamente son semillas, aunque les llamemos granos: les cambiamos de nombre, pero no cambian biológicamente, siguen siendo una semilla que tiene la capacidad de generar una planta entera, esta planta entera produce polen y ese polen se puede ir a cruzar con otro maíz nativo”.

Y como ya no hay dudas de que hay contaminación de OGM, la doctora Wegier Briuolo detalla que la detección de plantas de maíz que nacen a partir de semillas genéticamente modificadas no se puede hacer a simple vista, sino que se necesitan análisis genéticos. Por ello, señala: “las lecciones aprendidas son que los organismos vivos no entienden de leyes: si uno cambia la Constitución o la ley, el organismo vivo, la semilla de maíz, no se va a comportar diferente. Por lo tanto, necesitamos prevenir, necesitamos hacer todos los sistemas de trazabilidad, necesitamos pensar en cuáles son las vías de dispersión, necesitamos información, necesitamos tranquilidad para seguir consumiendo de la misma manera y que los procesos puedan continuar, cuidar el ambiente, en fin, todo lo que necesita el maíz”.

¿Error o captura de intereses trasnacionales?

En su conferencia matutina del 28 de enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la iniciativa de reforma sobre maíz transgénico fue elaborada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que prendió los focos rojos de la Campaña Sin Maíz No hay País. Ello, porque advierten que el error que contiene podría ser intencional.

Lo anterior se deriva de que el secretario Julio Berdegué no sólo es ingeniero agrónomo, sino que cuenta con estudios de doctorado en genética por el Departamento de Agronomía y el Grupo de Genética en la Universidad de California. Contralínea solicitó entrevista con el funcionario federal o por lo menos una respuesta oficial respecto de esta iniciativa de reforma constitucional y el papel que jugó la Sader en su elaboración, a través de la directora de Información y Prensa de la Secretaría, Mariana Agüero. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Acerca del trasfondo de la propuesta, el abogado David Rivero opina que “la reforma viene con maña, y viene con maña desde las empresas y desde la propia Sader. No puedo decir que de la presidenta, sino más bien creo que quienes le aconsejan directamente saben de lo que están hablando y saben a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de maíces transgénicos. No creo que sea un error, no creo que haya sido un: ‘vamos a frasear de una forma distinta’; porque inclusive el transitorio de la reforma define lo que es un transgénico y es una definición correcta pero del transgénico, no del organismo genéticamente modificado como lo establece la Ley de Bioseguridad”.

El jurista indica que el objetivo final de las industrias es sembrar maíz genéticamente modificado en México. “Afortunadamente tenemos la demanda que busca la prohibición de todos estos maíces, y que también engloba los maíces genéticamente modificados, no sólo los transgénicos, pero ahí está el problema”.

Los intereses de las trasnacionales, advierte el abogado de la Campaña Sin Maíz No Hay País, también tienen que ver con la importación del maíz genéticamente modificado a México. Por ello, destaca que la iniciativa de reforma “no les exige ni una evaluación de riesgos, ni que venga quebrado y eso me parece que es sumamente grave y es un retroceso frente a la reforma que se planteaba el año pasado”.

Por lo anterior, David Rivero considera que quienes ganan con esta iniciativa de reforma son, claramente, las trasnacionales agroalimentarias. “La industria está impulsando bastante esta reforma, pero además incluso va contra el propio T-MEC, porque el que nosotros exigiéramos la evaluación de riesgo de acuerdo a los hábitos de consumo, es una exigencia que el T-MEC te permite, y también es un candado para una protección de México y un beneficio que tiene México; y, ahora, simplemente ahí están diciendo que no importa el T-MEC y vamos a dejar que entren todos los maíces genéticamente modificados, menos los transgénicos, porque, claro, políticamente los transgénicos son los que se han hecho muy famosos, pero no es la única técnica [para modificar el maíz], hay muchas más y de hecho hay un tema que también se relaciona con esto de por qué me preocupa tanto el fraseo que se está haciendo”.

El experto en derechos humanos también opina que, “el hecho de que la propuesta de reforma constitucional apruebe los maíces extranjeros cuando nunca han sido parte de la discusión dentro del T-MEC, me hace pensar que incluso la industria está cooptando parte del gobierno de una forma bastante fuerte, que ya ni siquiera tienen que utilizar los mecanismos como el T-MEC para poder obligar al gobierno mexicano a hacer estas modificaciones. La siembra no fue parte de la discusión y eso, tanto Estados Unidos como México, y el panel, lo tenían muy claro. La discusión de siembra no se mencionaba y también el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos tienen muy clara la diferencia entre un transgénico y un OGM porque ahí en el panel se discutió y se discutió cuáles eran los tipos de técnicas que estaban mencionando, así que no es un tema de inocencia que solo se haya limitado al tema de transgénicos”.

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